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Ley Org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad

(BOE 14-03-1986)

[ Atr=E1s=20 ]

Modificada por:

[subir]

PREAMBULO

Respondiendo fundamentalmente al mandato del art=EDculo 104 de la Constituci=F3n=20 seg=FAn el cual una Ley Org=E1nica determinar=E1 las funciones, = principios b=E1sicos de=20 actuaci=F3n y Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-, la = presente Ley=20 tiene, efectivamente, en su mayor parte car=E1cter de Ley Org=E1nica y = pretende ser=20 omnicomprensiva, acogiendo la problem=E1tica de las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad=20 del Estado, de las Comunidades Aut=F3nomas y de las Corporaciones = Locales:

a) El car=E1cter de Ley Org=E1nica viene exigido por el art=EDculo = 104 de la=20 Constituci=F3n para las funciones, principios b=E1sicos de actuaci=F3n y = estatutos=20 gen=E9ricamente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; por el art=EDculo = 149.1.29=AA=20 para determinar el marco en el que los Estatutos de Autonom=EDa pueden = establecer=20 la forma de concretar la posibilidad de creaci=F3n de polic=EDas de las = respectivas=20 Comunidades y por el art=EDculo 148.1.22=AA para fijar los t=E9rminos = dentro de los=20 cuales las Comunidades Aut=F3nomas pueden asumir competencias en cuanto = a =ABla=20 coordinaci=F3n y dem=E1s facultades en relaci=F3n con las polic=EDas = locales=BB.

Respecto a la Polic=EDa Judicial, el car=E1cter de Ley Org=E1nica se = deduce del=20 contenido del art=EDculo 126 de la Constituci=F3n, ya que, al regular = las relaciones=20 entre la Polic=EDa y el Poder Judicial, determina, indirecta y = parcialmente, los=20 estatutos de ambos y, al concretar las funciones de la Polic=EDa = Judicial, incide=20 en materias propias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concretamente = en lo=20 relativo a la =ABaveriguaci=F3n del delito y descubrimiento y = aseguramiento del=20 delincuente=BB, que constituyen zonas de delimitaci=F3n de derechos = fundamentales de=20 la persona.

Sin embargo, otros aspectos del Proyecto de Ley -especialmente los = relativos=20 al proceso de integraci=F3n de los Cuerpos Superior de Polic=EDa y de = Polic=EDa=20 Nacional en el Cuerpo Nacional de Polic=EDa- no tienen el car=E1cter de = Ley=20 Org=E1nica, lo que impone la determinaci=F3n, a trav=E9s de una = disposici=F3n final, de=20 los preceptos que tienen car=E1cter de Ley Org=E1nica.

b) El objetivo principal de la Ley se centra en el dise=F1o de las = l=EDneas=20 maestras del r=E9gimen jur=EDdico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad = en su=20 conjunto, tanto de las dependientes del Gobierno de la Naci=F3n como de = las=20 Polic=EDas Aut=F3nomas y Locales, estableciendo los principios b=E1sicos = de actuaci=F3n=20 comunes a todos ellos y fijando sus criterios estatutarios = fundamentales.

A ello parece apuntar la propia Constituci=F3n cuando en el = art=EDculo 104.2 se=20 remite a una Ley Org=E1nica para determinar las funciones, principios = b=E1sicos de=20 actuaci=F3n y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en = contraposici=F3n a=20 la matizaci=F3n efectuada en el n=FAmero 1 del mismo art=EDculo, que se = refiere=20 exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del = Gobierno de=20 la Naci=F3n.

La seguridad p=FAblica constituye una competencia dif=EDcil de = parcelar, toda vez=20 que no permite delimitaciones o definiciones, con el rigor y precisi=F3n = admisibles en otras materias. Ello es as=ED porque las normas = ordenadoras de la=20 seguridad p=FAblica no contemplan realidades f=EDsicas tangibles, sino = eventos=20 meramente previstos para el futuro, respecto a los cuales se ignora el = momento,=20 el lugar, la importancia y, en general, las circunstancias y condiciones = de=20 aparici=F3n.

Hay que tener en cuenta a este respecto la ocupaci=F3n por parte de = la=20 seguridad p=FAblica de un terreno de encuentro de las esferas de = competencia de=20 todas las Administraciones P=FAblicas -aunque el art=EDculo 149.1 de la = Constituci=F3n=20 la enumere, en su apartado 29, entre las materias sobre las cuales el = Estado=20 tiene competencia exclusiva- y las matizaciones y condicionamientos con = que la=20 configura el texto constitucional, lo que hace de ella una de las = materias=20 compartibles por todos los poderes p=FAblicos, si bien con estatutos y = papeles=20 bien diferenciados.

Es la naturaleza fundamental y el car=E1cter peculiarmente = compartible de la=20 materia lo que determina su tratamiento global en un texto conjunto, a = trav=E9s=20 del cual se obtenga una panor=E1mica general y clarificadora de todo su = =E1mbito, en=20 vez de parcelarla en textos m=FAltiples de dif=EDcil o imposible = coordinaci=F3n.

La existencia de varios colectivos policiales que act=FAan en un = mismo=20 territorio con funciones similares y, al menos parcialmente, comunes, = obliga=20 necesariamente a dotarlos de principios b=E1sicos de actuaci=F3n = id=E9nticos y de=20 criterios estatutarios tambi=E9n comunes, y el mecanismo m=E1s adecuado = para ello es=20 reunir sus regulaciones en un texto legal =FAnico que constituye la base = m=E1s=20 adecuada para sentar el principio fundamental de la materia: El de la=20 cooperaci=F3n rec=EDproca y de coordinaci=F3n de las Fuerzas y Cuerpos = de Seguridad=20 pertenecientes a todas las esferas administrativas.

II.

Con apoyo directo en el art=EDculo 149.1.29=AA, en relaci=F3n con el = 104.1 de la=20 Constituci=F3n, la Ley recoge el mantenimiento de la seguridad p=FAblica = que es=20 competencia exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al = Gobierno=20 de la Naci=F3n y al de las dem=E1s Administraciones P=FAblicas, = Comunidades Aut=F3nomas=20 y Corporaciones Locales, dedicando sendos cap=EDtulos a la = determinaci=F3n de los=20 principios b=E1sicos de actuaci=F3n de las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad y a la=20 exposici=F3n de las disposiciones estatutarias comunes:

a) Siguiendo las l=EDneas marcadas por el Consejo de Europa, en su=20 =ABDeclaraci=F3n=BB sobre la Polic=EDa, y por la Asamblea General de las = Naciones=20 Unidas, en el =ABC=F3digo de conducta para funcionarios encargados de = hacer cumplir=20 la Ley=BB, se establecen los principios b=E1sicos de actuaci=F3n como un = aut=E9ntico=20 =ABC=F3digo Deontol=F3gico=BB, que vincula a los miembros de todos los = colectivos=20 policiales, imponiendo el respeto de la Constituci=F3n, el servicio = permanente a=20 la comunidad, la adecuaci=F3n entre fines y medios, como criterio = orientativo de=20 su actuaci=F3n, el secreto profesional, el respeto al honor y dignidad = de la=20 persona, la subordinaci=F3n a la autoridad y la responsabilidad en el = ejercicio de=20 la funci=F3n.

Los principios b=E1sicos de actuaci=F3n de las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad son=20 los ejes fundamentales, en torno a los cuales gira el desarrollo de las=20 funciones policiales, derivando a su vez de principios constitucionales = m=E1s=20 generales, como el de legalidad o adecuaci=F3n al ordenamiento = jur=EDdico, o de=20 caracter=EDsticas estructurales, como la especial relevancia de los = principios de=20 jerarqu=EDa y subordinaci=F3n, que no eliminan, antes potencian, el = respeto al=20 principio de responsabilidad por los actos que lleven a cabo.

La activa e intensa compenetraci=F3n entre la colectividad y los = funcionarios=20 policiales -que constituye la raz=F3n de ser de =E9stos y es = determinante del =E9xito=20 o fracaso de su actuaci=F3n-, hace aflorar una serie de principios que, = de una=20 parte, manifiestan la relaci=F3n directa del servicio de la Polic=EDa = respecto a la=20 comunidad y, de otra parte, como emanaci=F3n del principio = constitucional de=20 igualdad ante la ley, le exigen la neutralidad pol=EDtica, la = imparcialidad y la=20 evitaci=F3n de cualquier actuaci=F3n arbitraria o discriminatoria.

Por encima de cualquier otra finalidad, la Ley pretende ser el inicio = de una=20 nueva etapa en la que destaque la consideraci=F3n de la Polic=EDa como = un servicio=20 p=FAblico dirigido a la protecci=F3n de la comunidad, mediante la = defensa del=20 ordenamiento democr=E1tico.

A trav=E9s de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el = monopolio, por=20 parte de las Administraciones P=FAblicas, del uso institucionalizado de = la=20 coacci=F3n jur=EDdica, lo que hace imprescindible la utilizaci=F3n de = armas por parte=20 de los funcionarios de Polic=EDa. Ello, por su indudable trascendencia = sobre la=20 vida y la integridad f=EDsica de las personas, exige el establecimiento = de l=EDmites=20 y la consagraci=F3n de principios, sobre moderaci=F3n y excepcionalidad = en dicha=20 utilizaci=F3n, se=F1alando los criterios y los supuestos claros que la = legitiman,=20 con car=E1cter excluyente.

Tambi=E9n en el terreno de la libertad personal entran en tensi=F3n = dial=E9ctica la=20 necesidad de su protecci=F3n por parte de la Polic=EDa y el peligro, no = por=20 meramente posible y excepcional menos real, de su invasi=F3n; por cuya = raz=F3n, en=20 torno al tratamiento de los detenidos, se articulan obligaciones = terminantes=20 sobre la protecci=F3n de su vida, integridad f=EDsica y dignidad moral y = sobre el=20 estricto cumplimiento de los tr=E1mites, plazos y requisitos exigidos = por el=20 ordenamiento jur=EDdico.

Novedad a destacar es el significado que se da al principio de = obediencia=20 debida, al disponer que la misma en ning=FAn caso podr=E1 amparar actos=20 manifiestamente ilegales ordenados por los superiores, siendo tambi=E9n = digna de=20 menci=F3n la obligaci=F3n que se impone a los miembros de las Fuerzas y = Cuerpos de=20 Seguridad de evitar cualquier pr=E1ctica abusiva, arbitraria o = discriminatoria que=20 entra=F1e violencia f=EDsica o moral.

Hay que se=F1alar, finalmente, en este apartado, la estrecha = interdependencia=20 que refleja la Ley, entre el r=E9gimen disciplinario del Cuerpo Nacional = de=20 Polic=EDa -que l=F3gicamente se habr=E1 de tener en cuenta al elaborar = los de otras=20 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- y los principios b=E1sicos de = actuaci=F3n, como=20 garant=EDa segura del cumplimiento de la finalidad de =E9stos.

b) En el aspecto estatutario, la Ley pretende configurar una = organizaci=F3n=20 policial, basada en criterios de profesionalidad y eficacia, atribuyendo = una=20 especial importancia a la formaci=F3n permanente de los funcionarios y a = la=20 promoci=F3n profesional de los mismos.

Los funcionarios de Polic=EDa materializan el eje de un dif=EDcil = equilibrio, de=20 pesos y contrapesos, de facultades y obligaciones, ya que deben proteger = la vida=20 y la integridad de las personas, pero vienen obligados a usar armas; = deben=20 tratar correcta y esmeradamente a los miembros de la comunidad, pero han = de=20 actuar con energ=EDa y decisi=F3n cuando las circunstancias lo = requieran. Y la=20 balanza capaz de lograr ese equilibrio, entre tales fuerzas = contrapuestas, no=20 puede ser otra que la exigencia de una actividad de formaci=F3n y=20 perfeccionamiento permanentes -respecto a la cual se pone un =E9nfasis = especial-,=20 sobre la base de una adecuada selecci=F3n que garantice el equilibrio = psicol=F3gico=20 de la persona.

La constitucionalizaci=F3n del tema de las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad es=20 una necesidad y una l=F3gica derivaci=F3n de su misi=F3n trascendental, = en cuanto a la=20 protecci=F3n del libre ejercicio de los derechos y libertades que, en el = contexto=20 de la Constituci=F3n, son objeto de su T=EDtulo I y principal, ya que = integran la=20 Carta Magna del ciudadano espa=F1ol. Esta es la raz=F3n que determina el = particular=20 relieve con que la Ley resalta la promesa o juramento de acatar y = cumplir la=20 Constituci=F3n, por parte de los miembros de todos los Cuerpos y Fuerzas = de=20 Seguridad, que no constituye un mero tr=E1mite o formalismo, sino un = requisito=20 esencial, constitutivo de la condici=F3n policial y al mismo tiempo = s=EDmbolo o=20 emblema de su alta misi=F3n.

Por lo dem=E1s, con car=E1cter general, se regula la pr=E1ctica = totalidad de los=20 aspectos esenciales, integrantes de su estatuto personal (promoci=F3n = profesional,=20 r=E9gimen de trabajo, sindicaci=F3n, incompatibilidades, = responsabilidad),=20 procurando mantener el necesario equilibrio, entre el reconocimiento y = respeto=20 de los derechos personales y profesionales y las obligadas limitaciones = a que ha=20 de someterse el ejercicio de algunos de dichos derechos, en raz=F3n de = las=20 especiales caracter=EDsticas de la funci=F3n policial.

Especial menci=F3n merece, a este respecto, la interdicci=F3n de la = huelga o de=20 las acciones sustitutivas de la misma, que se lleva a cabo, dentro del = marco=20 delimitado por el art=EDculo 28 de la Constituci=F3n, en aras de los = intereses=20 preeminentes que corresponde proteger a los Cuerpos de Seguridad, al = objeto de=20 asegurar la prestaci=F3n continuada de sus servicios, que no admite = interrupci=F3n.=20 L=F3gicamente, como lo exige la protecci=F3n de los derechos personales = y=20 profesionales de estos funcionarios, la Ley prev=E9 la determinaci=F3n = de los cauces=20 de expresi=F3n y soluci=F3n de los conflictos que puedan producirse por = razones=20 profesionales.

El sistema penal y procesal dise=F1ado, con car=E1cter general, es el = que ya se=20 ven=EDa aplicando para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,=20 suspendi=E9ndose el expediente disciplinario mientras se tramita el = proceso penal,=20 aunque permitiendo la adopci=F3n de medidas cautelares hasta tanto se = dicte=20 sentencia firme.

III.

Con fundamentaci=F3n directa en el art=EDculo 104 e indirecta en el = art=EDculo 8,=20 ambos de la Constituci=F3n, la Ley declara, a todos los efectos, la = naturaleza de=20 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que corresponde al Cuerpo Nacional de = Polic=EDa=20 -nacido de la integraci=F3n de los Cuerpos Superiores de Polic=EDa y de = Polic=EDa=20 Nacional- y al Cuerpo de la Guardia Civil:

a) El Cap=EDtulo II del T=EDtulo II se dedica a enumerar las = funciones que deben=20 realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siguiendo para = ello el=20 reparto de competencias al que se considera que apunta la = Constituci=F3n. Pero es=20 necesario efectuar algunas precisiones, que afectan al modelo policial = que=20 dise=F1a la Ley, para comprender mejor por qu=E9 se asignan ciertas = competencias al=20 Estado, mientras que otras se otorgan a los dem=E1s Entes p=FAblicos=20 territoriales.

En primer lugar hay que tener en cuenta que, en perfecta congruencia = con el=20 art=EDculo 149.1.29=AA, el art=EDculo 104.1 de la Constituci=F3n = atribuye a las Fuerzas=20 y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misi=F3n de = proteger=20 el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la = seguridad=20 ciudadana.

En segundo lugar, hay que aludir a todas las funciones de car=E1cter=20 =ABextracomunitario=BB o =ABsupracomunitario=BB, seg=FAn la expresi=F3n = usada en los=20 Estatutos de Autonom=EDa para el Pa=EDs Vasco y para Catalu=F1a. Entre = ellas, est=E1 la=20 competencia en materia de armas y explosivos, que tambi=E9n la propia = Constituci=F3n=20 ha reservado al Estado de modo expreso y, adem=E1s, se encuentra la = vigilancia de=20 puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y = salida=20 del territorio nacional, de espa=F1oles y extranjeros, r=E9gimen general = de=20 extranjer=EDa, extradici=F3n, emigraci=F3n e inmigraci=F3n, pasaportes y = documento=20 nacional de identidad, resguardo fiscal del Estado, contrabando, fraude = fiscal=20 al Estado y colaboraci=F3n y auxilio a polic=EDas extranjeras.

Por lo que se refiere a las funciones propias de informaci=F3n y de = polic=EDa=20 judicial, la atribuci=F3n es objeto de la adecuada matizaci=F3n. Porque = la=20 formulaci=F3n del art=EDculo 126 de la Constituci=F3n concibe la = Polic=EDa Judicial=20 estrechamente conectada con el Poder Judicial, que es =FAnico en toda = Espa=F1a -y la=20 Constituci=F3n insiste en ello, poniendo de relieve la idea de unidad=20 jurisdiccional (art=EDculo 117.5)- disponiendo su gobierno por un = =F3rgano =FAnico, el=20 Consejo General del Poder Judicial (art=EDculo 122.2), estableciendo que = los=20 Jueces y Magistrados se integren en un Cuerpo =FAnico (art=EDculo 122.1) = y=20 atribuyendo al Estado competencias plenas en materia de administraci=F3n = de=20 justicia (art=EDculo 149.1.5=AA). Pero no se pueden desconocer las = exigencias de la=20 realidad y los precedentes legislativos, constituidos, sobre todo, por = la Ley de=20 Enjuiciamiento Criminal, que obligan a admitir la colaboraci=F3n de los = Cuerpos de=20 Polic=EDa de las Comunidades Aut=F3nomas y de las Corporaciones Locales, = en el=20 ejercicio de la indicada funci=F3n de Polic=EDa Judicial.

En otro aspecto, en cuanto a la distribuci=F3n de las funciones = atribuidas a la=20 Administraci=F3n del Estado, la Ley sigue los precedentes existentes, = que=20 deslindaban expresamente las correspondientes a los diversos Cuerpos de=20 Seguridad del Estado, si bien, en casos excepcionales, al objeto de = conseguir la=20 =F3ptima utilizaci=F3n de los medios disponibles y la racional = distribuci=F3n de=20 efectivos, se adoptan las previsiones necesarias para que cualquiera de = dichos=20 Cuerpos pueda asumir en zonas o n=FAcleos determinados todas o algunas = de las=20 funciones asignadas al otro Cuerpo.

b) De la necesidad de dar cumplimiento al art=EDculo 104.2 de la = Constituci=F3n,=20 se deduce que el r=E9gimen estatutario de la Guardia Civil debe ser = regulado en la=20 Ley Org=E1nica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ello significa que la Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad, sin = perjuicio=20 de realizar en determinadas circunstancias misiones de car=E1cter = militar, centra=20 su actuaci=F3n en el ejercicio de funciones propiamente policiales, ya = sea en el=20 =E1mbito judicial o en el administrativo.

En consecuencia, sin perjuicio del estatuto personal atribuible a los = miembros del Cuerpo de la Guardia Civil -por razones de fuero, = disciplina,=20 formaci=F3n y mando-, debe considerarse normal su actuaci=F3n en el = mantenimiento=20 del orden y la seguridad p=FAblica, funci=F3n en la que deben = concentrarse en su=20 mayor parte, las misiones y servicios asumibles por la Guardia = Civil.

Con todo ello, se pretende centrar a la Guardia Civil en la que es su = aut=E9ntica misi=F3n en la sociedad actual: garant=EDa del libre = ejercicio de los=20 derechos y libertades reconocidos por la Constituci=F3n y la = protecci=F3n de la=20 seguridad ciudadana, dentro del colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de=20 Seguridad.

c) Por lo que se refiere a la Polic=EDa, la Ley persigue dotar a la = instituci=F3n=20 policial de una organizaci=F3n racional y coherente; a cuyo efecto, la = medida m=E1s=20 importante que se adopta es la integraci=F3n de los Cuerpos Superior de = Polic=EDa y=20 Polic=EDa Nacional en un solo colectivo, denominado Cuerpo Nacional de = Polic=EDa. De=20 este modo, adem=E1s de solucionar posibles problemas de coordinaci=F3n y = mando, se=20 homogeneizan, en un solo colectivo, Cuerpos que realizan funciones = similares o=20 complementarias, con lo que se puede lograr un incremento en la = efectividad del=20 servicio.

En el aspecto estatutario, se consagra la naturaleza civil del nuevo = Cuerpo,=20 si bien, dadas las especiales caracter=EDsticas que inciden en la = funci=F3n policial=20 y la repercusi=F3n que sobre los derechos y libertades tienen sus = actuaciones, se=20 establecen determinadas peculiaridades, en materia de r=E9gimen de = asociaci=F3n=20 sindical y en cuanto al r=E9gimen disciplinario.

El nuevo Cuerpo se estructura en cuatro Escalas -Superior, Ejecutiva, = de=20 Subinspecci=F3n y B=E1sica-, algunas de las cuales se subdividen en = categor=EDas, para=20 posibilitar la mejor prestaci=F3n de los servicios de un colectivo = jerarquizado e=20 incentivar a los funcionarios mediante la promoci=F3n interna, y en = ellas se ir=E1n=20 integrando, en un proceso gradual pero ininterrumpido, los actuales = miembros de=20 los dos Cuerpos que se extinguen, siendo estrictos criterios de superior = categor=EDa o empleo, antig=FCedad y orden escalafonal.

Se fija la edad de jubilaci=F3n forzosa del nuevo Cuerpo en sesenta y = cinco=20 a=F1os, unificando as=ED la edad de jubilaci=F3n de la Polic=EDa con el = resto de los=20 funcionarios p=FAblicos; complementariamente, se adopta la previsi=F3n = de=20 desarrollar por Ley el pase a la segunda actividad, a las edades que = exijan las=20 funciones a desarrollar, teniendo en cuenta que las condiciones = f=EDsicas son=20 especialmente determinantes de la eficacia en el ejercicio de la = profesi=F3n=20 policial.

Por lo que respecta al r=E9gimen disciplinario, sin perjuicio de = respetar las=20 garant=EDas procedimentales exigidas por la Constituci=F3n, se configura = una=20 regulaci=F3n espec=EDfica, r=E1pida y eficaz, inspirada en principios = acordes con la=20 estructura y organizaci=F3n jerarquizada del Cuerpo, con el prop=F3sito = de conseguir=20 la ejemplaridad, a trav=E9s de la inmediaci=F3n de las sanciones.

En cuanto al derecho de sindicaci=F3n, se reconoce plenamente su = ejercicio, si=20 bien se introducen determinadas limitaciones -amparadas en el art=EDculo = 28.1 de=20 la Constituci=F3n, y en correspondencia con el tratamiento de la = materia,=20 efectuado por el art=EDculo 1.5, de la Ley Org=E1nica 11/1985, de 2 de = agosto, de=20 Libertad Sindical-, que se justifican en el car=E1cter de Instituto = armado que la=20 Ley atribuye al Cuerpo.

d) Con antecedente b=E1sico en el art=EDculo 126 de la Constituci=F3n = en la Ley=20 Org=E1nica del Poder Judicial, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en = el=20 Estatuto del Ministerio Fiscal, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad = completa el r=E9gimen regulador de la Polic=EDa Judicial, sentando las = bases para la=20 organizaci=F3n de unidades de Polic=EDa, encargadas del ejercicio de = dicha=20 funci=F3n.

La organizaci=F3n se llevar=E1 a cabo con miembros de los dos Cuerpos = de=20 Seguridad del Estado, que habr=E1n de recibir una formaci=F3n = especializada,=20 configur=E1ndose la Polic=EDa Judicial, en el terreno doctrinal y = docente, como una=20 especialidad policial, y, consider=E1ndose el Diploma correspondiente = como=20 requisito necesario para desempe=F1ar puestos en las unidades que se=20 constituyan.

Los avances de la criminalidad moderna exigen que deba lucharse = contra la=20 misma con grandes medios y efectivos, utilizando las t=E9cnicas de la = polic=EDa=20 cient=EDfica y contando con la colaboraci=F3n de las Polic=EDas de otros = Estados, por=20 la facilidad con que los delincuentes traspasan las fronteras. S=F3lo = desde la=20 perspectiva del Estado puede hacerse frente con =E9xito al reto de dicha = criminalidad, disponiendo del concurso de unidades de contrastada = experiencia y=20 alto =EDndice de eficacia.

Como las Unidades de Polic=EDa Judicial son el puente de uni=F3n = entre las=20 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Poder Judicial, es punto central de=20 regulaci=F3n de aqu=E9llas, el tratamiento de las correspondientes = relaciones de=20 dependencia, respecto a Jueces y Fiscales, as=ED como el procedimiento = de=20 adscripci=F3n de funcionarios o equipo de Polic=EDa de dichas = Unidades.

La Ley concreta el contenido de esta relaci=F3n de dependencia = singular,=20 especificando las facultades que comporta para los Jueces y Tribunales, = y saca=20 la consecuencia de la formaci=F3n especializada de los funcionarios de = las=20 Unidades de Polic=EDa Judicial en cuanto a su actuaci=F3n, estrechamente = controlada=20 por aqu=E9llos.

En definitiva, siguiendo el mandato constitucional, se ha procedido a = regular=20 la adscripci=F3n funcional, como la califica la Constituci=F3n, respecto = a Jueces,=20 Tribunales y Ministerio Fiscal, con la seguridad de que se cubrir=E1n = mejor las=20 necesidades en la medida en que la Polic=EDa mantenga su estructura = unitaria y su=20 organizaci=F3n vinculadas a mandos =FAnicos. Por ello, y salvo las = especialidades=20 concretadas en el cap=EDtulo correspondiente de la Ley, ser=E1 aplicable = al personal=20 de las Unidades de Polic=EDa Judicial el r=E9gimen general de los = Cuerpos y Fuerzas=20 de Seguridad del Estado.

IV.

El T=EDtulo III, con r=FAbrica =ABDe las Comunidades Aut=F3nomas=BB, = pretende=20 desarrollar la previsi=F3n contenida en el art=EDculo 148.1.22=AA de la=20 Constituci=F3n.

a) Siguiendo a la Constituci=F3n, se distingue entre Comunidades = Aut=F3nomas con=20 Cuerpos de Polic=EDa propios, ya creados, Comunidades cuyos Estatutos = prev=E9n la=20 posibilidad de creaci=F3n de Polic=EDas y Comunidades cuyos Estatutos no = contienen=20 tal previsi=F3n; ofreci=E9ndose a las segundas la posibilidad de ejercer = sus=20 competencias policiales, acudiendo a la adscripci=F3n de Unidades del = Cuerpo=20 Nacional de Polic=EDa.

Para comprender el reparto de competencias, entre el Estado y las = Comunidades=20 Aut=F3nomas, en materia de seguridad, es preciso se=F1alar que tal = delimitaci=F3n=20 tiene dos soportes fundamentales: la presente Ley Org=E1nica y los = Estatutos. En=20 el esquema de ordenaci=F3n normativa que la Constituci=F3n estableci=F3, = se encomienda=20 a una Ley Org=E1nica del Estado la fijaci=F3n del marco de regulaci=F3n = de las=20 Polic=EDas Aut=F3nomas, mientras que a los Estatutos les corresponde = determinar la=20 forma de creaci=F3n de las mismas.

El Tribunal Constitucional ha usado ya, en diversas ocasiones, la = noci=F3n de=20 =ABbloque de constitucionalidad=BB, para referirse a los instrumentos = normativos=20 que, junto con la Constituci=F3n misma y como complemento de ella, es = preciso=20 tener en cuenta para fijar con exactitud el r=E9gimen de una determinada = competencia (Sentencias de 23 de marzo [RTC 1982, 10] y 24 de mayo de = 1982 [RTC=20 1982, 26]).

La pieza normativa en la que se relacionan de modo principal las = competencias=20 auton=F3micas es, sin duda, el Estatuto. Pero no es la =FAnica, ni es = tampoco la=20 norma de aplicaci=F3n exclusiva para resolver los problemas = interpretativos que=20 pueden suscitarse. Son, por el contrario, los preceptos de la = Constituci=F3n el=20 marco de referencia m=E1s general y permanente; =ABno agotando su = virtualidad en el=20 momento de la aprobaci=F3n del Estatuto de Autonom=EDa, sino que = continuar=E1n siendo=20 preceptos operativos en el momento de realizar la interpretaci=F3n de = los=20 preceptos de =E9ste, a trav=E9s de los cuales se realiza la asunci=F3n = de competencias=20 por la Comunidad Aut=F3noma=BB (Sentencia del Tribunal Constitucional de = 4 de mayo=20 de 1982 (RTC 1982, 18)).

b) Una vez sentadas las precedentes consideraciones y como = complemento de las=20 efectuadas al abordar la competencia del Estado, conviene poner de = manifiesto=20 que, en la asignaci=F3n de funciones generales a las Comunidades = Aut=F3nomas, se=20 distingue entre aquellas competencias necesarias, que ineludiblemente = deben=20 respetarse -vigilancia y protecci=F3n de sus edificios e instalaciones y = coordinaci=F3n de las Polic=EDas Locales- y las de libre disposici=F3n = del legislador=20 estatal.

Por conexi=F3n con las primeras, se ha estimado procedente = extenderlas a la=20 protecci=F3n de las personalidades auton=F3micas y a la vigilancia y = protecci=F3n de=20 los dem=E1s bienes de la Comunidad. Y, de la atribuci=F3n espec=EDfica = de otras=20 competencias, surge tambi=E9n la relativa al uso de la coacci=F3n = administrativa,=20 para obtener la objetividad de los actos o decisiones de las Comunidades = Aut=F3nomas.

Entre las funciones, calificadas de concurrentes o de colaboraci=F3n, = debe=20 mencionarse especialmente las relativas a la vigilancia de espacios = p=FAblicos,=20 protecci=F3n de manifestaciones y mantenimiento del orden en grandes=20 concentraciones humanas, si bien permitiendo la intervenci=F3n de las = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad del Estado, a requerimiento de las autoridades de = la=20 Comunidad o cuando lo estimen necesario las autoridades estatales=20 competentes.

Este sistema de competencias tiene una =FAnica excepci=F3n en el caso = de aquellas=20 Comunidades Aut=F3nomas que dispongan de Cuerpos de Polic=EDa propios, a = la entrada=20 en vigor de la presente Ley, a las cuales, por razones de respeto a las=20 situaciones creadas, as=ED como de funcionalidad y eficacia, se les = permite=20 mantener su actual r=E9gimen de competencias, sin perjuicio de la = aplicaci=F3n=20 directa de las normas estatutarias y org=E1nicas comunes previstas en la = presente=20 Ley.

Por =FAltimo, en materia de competencias auton=F3micas, tiene entidad = propia la=20 coordinaci=F3n de las Polic=EDas Locales. Seg=FAn la Sentencia del = Tribunal=20 Constitucional de 28 de abril de 1983 (RTC 1983, 32), la coordinaci=F3n = es un=20 concepto que usa la Constituci=F3n como instrumento para la fijaci=F3n = de medios y=20 sistemas de relaci=F3n, con objeto de lograr una cierta homogeneidad y = hacer=20 posible, en su caso, actuaciones conjuntas y la colaboraci=F3n mutua. = Atendiendo a=20 esta consideraci=F3n general y a los preceptos normativos de las = Comunidades, el=20 desarrollo del art=EDculo 148.1.22=AA, en cuanto a la coordinaci=F3n y = dem=E1s=20 facultades en relaci=F3n con las Polic=EDas Locales, se desarrollan = ampliamente, con=20 gran riqueza de posibilidades de coordinaci=F3n y con car=E1cter com=FAn = respecto a=20 todas las Comunidades que hayan asumido competencias sobre la materia, = ya que=20 estas facultades se han de ejecutar por los =F3rganos de Gobierno de las = Comunidades Aut=F3nomas y no por las Polic=EDas de =E9stas, lo que hace = indiferente, a=20 este respecto, el hecho de que las hayan creado o no.

c) El r=E9gimen estatutario ser=E1 el que determine la Comunidad = respectiva, con=20 sujeci=F3n a las bases que en la Ley se establecen, como principios = m=EDnimos que=20 persiguen una cierta armonizaci=F3n entre todos los colectivos que se = ocupan de la=20 seguridad. Tales principios m=EDnimos son los establecidos en los = Cap=EDtulos I y=20 III del t=EDtulo I de la propia Ley, y por ello, =FAnicamente debe = resaltarse: El=20 reconocimiento de la potestad reglamentaria de las Comunidades = Aut=F3nomas; la=20 intervenci=F3n en el proceso de creaci=F3n de los Cuerpos, del Consejo = de Polic=EDa de=20 Seguridad, obedeciendo a consideraciones de planificaci=F3n, de = coordinaci=F3n y de=20 inter=E9s general, y la atribuci=F3n, tambi=E9n de car=E1cter general, = con numerosos=20 precedentes hist=F3ricos y estatutarios, a los Jefes y Oficiales de las = Fuerzas=20 Armadas y Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la = aptitud=20 para su designaci=F3n como Mandos de los Cuerpos de las Polic=EDas = Aut=F3nomas, previa=20 realizaci=F3n de un curso de especializaci=F3n para tal misi=F3n en la = Escuela General=20 de Polic=EDa.

d) El art=EDculo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de = las Bases de=20 R=E9gimen Local, reconoce competencias a los municipios en materias de = seguridad=20 en lugares p=FAblicos y de ordenaci=F3n del tr=E1fico de personas y = veh=EDculos en las=20 v=EDas urbanas.

A partir del reconocimiento de dichas competencias, la Ley de Fuerzas = y=20 Cuerpos de Seguridad admite distintas modalidades de ejecuci=F3n de las = mismas,=20 desde la creaci=F3n de Cuerpos de Polic=EDa propios, por parte de las = Corporaciones=20 Locales, hasta la utilizaci=F3n de personal auxiliar de custodia y = vigilancia.

Por lo que respecta a las funciones, dado que no existe ning=FAn=20 condicionamiento constitucional, se ha procurado dar a las Corporaciones = Locales=20 una participaci=F3n en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, = coherente con=20 el modelo dise=F1ado, presidido por la evitaci=F3n de duplicidades y = concurrencias=20 innecesarias y en funci=F3n de las caracter=EDsticas propias de los = Cuerpos de=20 Polic=EDa Local y de la actividad que tradicionalmente vienen = realizando.

Sin la distinci=F3n formal, que aqu=ED no tiene sentido, entre = competencias=20 exclusivas y concurrentes, se atribuyen a las Polic=EDas Locales las = funciones=20 naturales y constitutivas de toda polic=EDa; recogi=E9ndose como = espec=EDfica la ya=20 citada de ordenaci=F3n, se=F1alizaci=F3n y direcci=F3n del tr=E1fico = urbano; a=F1adiendo la=20 de vigilancia y protecci=F3n de personalidades y bienes de car=E1cter = local, en=20 concordancia con los cometidos similares de los dem=E1s Cuerpos = policiales, y=20 atribuy=E9ndoles tambi=E9n las funciones de colaboraci=F3n con las = Fuerzas y Cuerpos=20 de Seguridad, en materia de polic=EDa judicial y de seguridad = ciudadana.

Y como, obviamente, se reconoce la potestad normativa de las = Comunidades=20 Aut=F3nomas en la materia y se parte de la autonom=EDa municipal para la = ordenaci=F3n=20 complementaria de este tipo de polic=EDa, la Ley Org=E1nica, en cuanto a = r=E9gimen=20 estatutario, se limita a reiterar la aplicaci=F3n a las Polic=EDas = Locales de los=20 criterios generales establecidos en los Cap=EDtulos II y III del = T=EDtulo I.

Sobre la base de la pr=E1ctica indivisibilidad de la seguridad = p=FAblica y del=20 consiguiente car=E1cter concurrente del ejercicio de la competencia = sobre la=20 misma, dentro del respeto a la autonom=EDa de las distintas esferas de = la=20 Administraci=F3n P=FAblica, la Ley ha querido resaltar la necesidad de=20 intercomunicaci=F3n entre los Cuerpos de Seguridad de dichas esferas=20 administrativas y, por ello, inmediatamente despu=E9s de enumerar en el = art=EDculo 2=20 cu=E1les son esos Cuerpos, proclama en su art=EDculo 3, como un elemento = constitutivo de todos ellos, el principio de cooperaci=F3n rec=EDproca y = de=20 coordinaci=F3n org=E1nica.

El principio de cooperaci=F3n rec=EDproca reaparece en el art=EDculo = 12 para=20 cualificar las relaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado;=20 se vuelve a reflejar al efectuar la clasificaci=F3n de las funciones de = las=20 Polic=EDas Aut=F3nomas, en el art=EDculo 38, uno de cuyos grupos es el = de las=20 funciones de colaboraci=F3n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado, y=20 se pone de relieve tambi=E9n en el art=EDculo 53, respecto a las = funciones de los=20 Cuerpos de Polic=EDa Local.

Pero, precisamente, como garant=EDa de eficacia de la colaboraci=F3n = entre los=20 miembros de los Cuerpos de Polic=EDa de las distintas esferas = administrativas=20 territoriales, la Ley ha considerado necesario establecer tambi=E9n unos = cauces=20 institucionalizados de auxilio y cooperaci=F3n y unos mecanismos = org=E1nicos de=20 coordinaci=F3n.

Los cauces de auxilio y cooperaci=F3n responden a los supuestos de=20 insuficiencia de medios, que pueden concurrir en algunas Comunidades = Aut=F3nomas,=20 en cuyos casos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado = coadyuvar=E1n a la=20 realizaci=F3n de sus funciones policiales, o se llevar=E1 a cabo la = adscripci=F3n=20 funcional de Unidades del Cuerpo Nacional de Polic=EDa a las Comunidades = Aut=F3nomas=20 que no dispongan de Polic=EDa propia, y s=ED de la posibilidad de = crearla, recogida=20 en sus Estatutos.

En cuanto a los mecanismos org=E1nicos de coordinaci=F3n, el Derecho = comparado=20 ofrece modelos acabados de articulaci=F3n de las diferentes piezas = org=E1nicas en=20 materia de seguridad, con base en los cuales se ha optado por la = creaci=F3n de un=20 =F3rgano pol=EDtico -el Consejo de Pol=EDtica de Seguridad-, de = composici=F3n paritaria,=20 presidido por el Ministro del Interior e integrado por los Consejeros de = Interior o Gobernaci=F3n de las Comunidades Aut=F3nomas, asistido por un = =F3rgano de=20 car=E1cter t=E9cnico, denominado Comit=E9 de Expertos.

Dichos =F3rganos elaborar=E1n f=F3rmulas de coordinaci=F3n, acuerdos, = programas de=20 formaci=F3n, de informaci=F3n y de actuaciones conjuntas; = correspondi=E9ndoles tambi=E9n=20 la elaboraci=F3n de directrices generales y el dictamen de las = disposiciones=20 legales que afecten a los Cuerpos de Polic=EDa.

En cualquier caso, m=E1s que de coordinaci=F3n coercitiva o = jer=E1rquica, se trata=20 de una coordinaci=F3n de car=E1cter informativo, teniendo en cuenta el = car=E1cter=20 paritario de los =F3rganos previstos, de acuerdo con el precedente = establecido en=20 el art=EDculo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, Reguladora del = Proceso=20 Auton=F3mico, con apoyo en los pronunciamientos del Tribunal = Constitucional.

En los niveles auton=F3mico y local se recoge la posibilidad de = constituir=20 Juntas de Seguridad en las Comunidades Aut=F3nomas y en los municipios = que=20 dispongan de Cuerpos de Polic=EDa propios, para armonizar su actuaci=F3n = y la de los=20 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como mecanismo complementario = de=20 coordinaci=F3n operativa, puesto que la coordinaci=F3n general se = atribuye a los=20 =F3rganos antes citados.

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TITULO I
De los Cuerpos y = Fuerzas de=20 Seguridad

CAPITULO I
Disposiciones = generales

Art=EDculo 1.

1. La seguridad p=FAblica es competencia exclusiva del Estado. Su = mantenimiento=20 corresponde al Gobierno de la Naci=F3n.

2. Las Comunidades Aut=F3nomas participar=E1n en el mantenimiento de = la seguridad=20 p=FAblica en los t=E9rminos que establezcan los respectivos Estatutos y = en el marco=20 de esta Ley.

3. Las Corporaciones Locales participar=E1n en el mantenimiento de la = seguridad=20 p=FAblica en los t=E9rminos establecidos en la Ley reguladora de las = Bases de=20 R=E9gimen Local y en el marco de esta Ley.

4. El mantenimiento de la seguridad p=FAblica se ejercer=E1 por las = distintas=20 Administraciones P=FAblicas a trav=E9s de las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad.

Art=EDculo 2.

Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del = Gobierno=20 de la Naci=F3n.

b) Los Cuerpos de Polic=EDa dependientes de las Comunidades = Aut=F3nomas.

c) Los Cuerpos de Polic=EDa dependientes de las Corporaciones=20 Locales.

Art=EDculo 3.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustar=E1n su = actuaci=F3n al=20 principio de cooperaci=F3n rec=EDproca y su coordinaci=F3n se = efectuar=E1 a trav=E9s de=20 los =F3rganos que a tal efecto establece esta Ley.

Art=EDculo 4.

1. Todos tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad el=20 auxilio necesario en la investigaci=F3n y persecuci=F3n de los delitos = en los=20 t=E9rminos previstos legalmente.

2. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, = seguridad o=20 custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad = p=FAblica o=20 privada tienen especial obligaci=F3n de auxiliar o colaborar en todo = momento con=20 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

[subir]

CAPITULO II
Principios = b=E1sicos de=20 actuaci=F3n

Art=EDculo 5.

Son principios b=E1sicos de actuaci=F3n de los miembros de las = Fuerzas y Cuerpos=20 de Seguridad los siguientes:

1. Adecuaci=F3n al ordenamiento jur=EDdico, especialmente:

a) Ejercer su funci=F3n con absoluto respeto a la Constituci=F3n y = al resto del=20 ordenamiento jur=EDdico.

b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta = neutralidad=20 pol=EDtica e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminaci=F3n = alguna por=20 raz=F3n de raza, religi=F3n u opini=F3n.

c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deber=E1n = abstenerse de=20 todo acto de corrupci=F3n y oponerse a =E9l resueltamente.

d) Sujetarse en su actuaci=F3n profesional, a los principios de = jerarqu=EDa y=20 subordinaci=F3n. En ning=FAn caso, la obediencia debida podr=E1 = amparar =F3rdenes que=20 entra=F1en la ejecuci=F3n de actos que manifiestamente constituyan = delito o sean=20 contrarios a la Constituci=F3n o a las Leyes.

e) Colaborar con la Administraci=F3n de Justicia y auxiliarla en = los t=E9rminos=20 establecidos en la Ley.

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente:

a) Impedir, en el ejercicio de su actuaci=F3n profesional, = cualquier pr=E1ctica=20 abusiva, arbitraria o discriminatoria que entra=F1e violencia f=EDsica = o=20 moral.

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus = relaciones=20 con los ciudadanos, a quienes procurar=E1n auxiliar y proteger, = siempre que las=20 circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas = sus=20 intervenciones, proporcionar=E1n informaci=F3n cumplida, y tan amplia = como sea=20 posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.

c) En el ejercicio de sus funciones deber=E1n actuar con la = decisi=F3n=20 necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un da=F1o grave, = inmediato=20 e irreparable; rigi=E9ndose al hacerlo por los principios de = congruencia,=20 oportunidad y proporcionalidad en la utilizaci=F3n de los medios a su=20 alcance.

d) Solamente deber=E1n utilizar las armas en las situaciones en que = exista un=20 riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad f=EDsica o las = de=20 terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un = grave=20 riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios = a que=20 se refiere el apartado anterior.

3. Tratamiento de detenidos, especialmente:

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deber=E1n = identificarse=20 debidamente como tales en el momento de efectuar una detenci=F3n.

b) Velar=E1n por la vida e integridad f=EDsica de las personas a = quienes=20 detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetar=E1n el = honor y la=20 dignidad de las personas.

c) Dar=E1n cumplimiento y observar=E1n con la debida diligencia los = tr=E1mites,=20 plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jur=EDdico, cuando se = proceda a=20 la detenci=F3n de una persona.

4. Dedicaci=F3n profesional.

Deber=E1n llevar a cabo sus funciones con total dedicaci=F3n, = debiendo intervenir=20 siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en = defensa=20 de la Ley y de la seguridad ciudadana.

5. Secreto profesional.

Deber=E1n guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones = que=20 conozcan por raz=F3n o con ocasi=F3n del desempe=F1o de sus funciones. = No estar=E1n=20 obligados a revelar las fuentes de informaci=F3n salvo que el ejercicio = de sus=20 funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra = manera.

6. Responsabilidad.

Son responsables personal y directamente por los actos que en su = actuaci=F3n=20 profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas = legales, as=ED=20 como las reglamentarias que rijan su profesi=F3n y los principios = enunciados=20 anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda = corresponder a las Administraciones P=FAblicas por las mismas.

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CAPITULO III
Disposiciones estatutarias = comunes

Art=EDculo 6.

1. Los Poderes P=FAblicos promover=E1n las condiciones m=E1s = favorables para una=20 adecuada promoci=F3n profesional, social y humana de los miembros de las = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de objetividad, = igualdad de=20 oportunidades, m=E9rito y capacidad.

2. La formaci=F3n y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas = y Cuerpos=20 de Seguridad se adecuar=E1 a los principios se=F1alados en el art=EDculo = 5 y se=20 ajustar=E1 a los siguientes criterios:

a) Tendr=E1 car=E1cter profesional y permanente.

b) Los estudios que se cursen en los centros de ense=F1anza = dependientes de=20 las diferentes Administraciones P=FAblicas podr=E1n ser objeto de = convalidaci=F3n=20 por el Ministerio de Educaci=F3n y Ciencia, que a tal fin tendr=E1 en = cuenta las=20 titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos y la = naturaleza y=20 duraci=F3n de dichos estudios.

c) Para impartir las ense=F1anzas y cursos referidos se promover=E1 = la=20 colaboraci=F3n institucional de la Universidad, el Poder Judicial, el = Ministerio=20 Fiscal, las Fuerzas Armadas y de otras Instituciones, Centros o=20 establecimientos que espec=EDficamente interesen a los referidos fines = docentes.

3. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deber=E1n jurar = o=20 prometer acatamiento a la Constituci=F3n como norma fundamental del = Estado.

4. Tendr=E1n derecho a una remuneraci=F3n justa, que contemple su = nivel de=20 formaci=F3n, r=E9gimen de incompatibilidades, movilidad por razones de = servicio,=20 dedicaci=F3n y el riesgo que comporta su misi=F3n, as=ED como la = especificidad de los=20 horarios de trabajo y su peculiar estructura.

5. Reglamentariamente se determinar=E1 su r=E9gimen de horario de = servicio que se=20 adaptar=E1 a las peculiares caracter=EDsticas de la funci=F3n = policial.

6. Los puestos de servicio en las respectivas categor=EDas se = proveer=E1n=20 conforme a los principios de m=E9rito, capacidad y antig=FCedad, a tenor = de lo=20 dispuesto en la correspondiente reglamentaci=F3n.

7. La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de=20 incompatibilidad para el desempe=F1o de cualquier otra actividad = p=FAblica o=20 privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislaci=F3n = sobre=20 incompatibilidades.

8. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podr=E1n = ejercer en=20 ning=FAn caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o = concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los = servicios.

9. El r=E9gimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las = debidas=20 garant=EDas, estar=E1 inspirado en unos principios acordes con la = misi=F3n fundamental=20 que la Constituci=F3n les atribuye y con la estructura y organizaci=F3n = jerarquizada=20 y disciplinada propias de los mismos.

Art=EDculo 7.

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas o = Cuerpos de=20 Seguridad tendr=E1n a todos los efectos legales el car=E1cter de Agentes = de la=20 Autoridad.

2. Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecuci=F3n = armas de=20 fuego, explosivos u otros medios de agresi=F3n de an=E1loga = peligrosidad, que puedan=20 poner en peligro grave la integridad f=EDsica de los miembros de las = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad, tendr=E1n al efecto de su protecci=F3n penal la = consideraci=F3n=20 de Autoridad.

3. La Guardia Civil s=F3lo tendr=E1 consideraci=F3n de fuerza armada = en el=20 cumplimiento de las misiones de car=E1cter militar que se le = encomienden, de=20 acuerdo con el ordenamiento jur=EDdico.

Art=EDculo 8. (Ver=20 Sentencia 55/1990, de 28 de marzo, del pleno del tribunal = constitucional, en las=20 cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas 487/1986, 158/1987, = 495/1987 y=20 510/1987, en relaci=F3n con el articulo 8.1, p=E1rrafos segundo y = tercero de la ley=20 org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de = seguridad).

1. La jurisdicci=F3n ordinaria ser=E1 la competente para conocer de = los delitos=20 que se cometan contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, = as=ED como=20 de los cometidos por =E9stos en el ejercicio de sus funciones.

Iniciadas unas actuaciones por los Jueces de Instrucci=F3n, cuando = =E9stos=20 entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la = conducta de=20 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, suspender=E1n sus = actuaciones y=20 las remitir=E1n a la Audiencia Provincial correspondiente, que ser=E1 la = competente=20 para seguir la instrucci=F3n, ordenar, en su caso, el procesamiento y = dictar el=20 fallo que corresponda.

Cuando el hecho fuese constitutivo de falta, los Jueces de = Instrucci=F3n ser=E1n=20 competentes para la instrucci=F3n y el fallo, de conformidad con las = normas de la=20 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se except=FAa de lo dispuesto en los p=E1rrafos anteriores los = supuestos en que=20 sea competente la jurisdicci=F3n militar.

2. El cumplimiento de la prisi=F3n preventiva y de las penas = privativas de=20 libertad por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se = realizar=E1n=20 en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separaci=F3n del = resto de=20 detenidos o presos.

3. La iniciaci=F3n de procedimiento penal contra miembros de las = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad, no impedir=E1 la incoaci=F3n y tramitaci=F3n de = expedientes=20 gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la = resoluci=F3n=20 definitiva del expediente s=F3lo podr=E1 producirse cuando la sentencia = reca=EDda en=20 el =E1mbito penal sea firme, y la declaraci=F3n de hechos probados = vincular=E1 a la=20 Administraci=F3n. Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos = supuestos=20 podr=E1n prolongarse hasta que recaiga resoluci=F3n definitiva en el = procedimiento=20 judicial, salvo en cuanto a la suspensi=F3n del sueldo en que se = estar=E1 a lo=20 dispuesto en la legislaci=F3n general de funcionarios.

[subir]

TITULO II
De las Fuerzas y = Cuerpos de=20 Seguridad del Estado

CAPITULO I
Disposiciones = generales

Art=EDculo 9.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones = en todo=20 el territorio nacional y est=E1n integradas por:

a) El Cuerpo Nacional de Polic=EDa, que es un Instituto Armado de = naturaleza=20 civil, dependiente del Ministro del Interior.

b) La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza = militar,=20 dependiente del Ministro del Interior, en el desempe=F1o de las = funciones que=20 esta Ley le atribuye, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de = las=20 misiones de car=E1cter militar que =E9ste o el Gobierno le = encomienden. En tiempo=20 de guerra y durante el estado de sitio, depender=E1 exclusivamente del = Ministro=20 de Defensa.

Art=EDculo 10.

1. Corresponde al Ministro del Interior la administraci=F3n general = de la=20 seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad=20 del Estado, as=ED como la responsabilidad de las relaciones de = colaboraci=F3n y=20 auxilio con las Autoridades policiales de otros pa=EDses, conforme a lo=20 establecido en Tratados y Acuerdos Internacionales.

2. Bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior, dicho mando = ser=E1=20 ejercido en los t=E9rminos establecidos en esta Ley por el Director de = la=20 Seguridad del Estado, del que dependen directamente las Direcciones = Generales de=20 la Guardia Civil y de la Polic=EDa, a trav=E9s de las cuales = coordinar=E1 la actuaci=F3n=20 de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

3. En cada provincia, el Gobernador Civil ejercer=E1 el mando directo = de las=20 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con sujeci=F3n a las = directrices de los=20 =F3rganos mencionados en los apartados anteriores, sin perjuicio de la = dependencia=20 funcional de las Unidades de Polic=EDa Judicial, respecto de los Jueces, = de los=20 Tribunales y del Ministerio Fiscal, en sus funciones de averiguaci=F3n = del delito=20 y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.

[subir]

CAPITULO II
De las funciones

Art=EDculo 11.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misi=F3n = proteger=20 el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la = seguridad=20 ciudadana mediante el desempe=F1o de las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones = generales,=20 ejecutando las =F3rdenes que reciban de las Autoridades, en el = =E1mbito de sus=20 respectivas competencias.

b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservaci=F3n = y custodia=20 de los bienes que se encuentren en situaci=F3n de peligro por = cualquier=20 causa.

c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones p=FAblicos que = lo=20 requieran.

d) Velar por la protecci=F3n y seguridad de altas = personalidades.

e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad=20 ciudadana.

f) Prevenir la comisi=F3n de actos delictivos.

g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos=20 culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito,=20 poni=E9ndolos a disposici=F3n del Juez o Tribunal competente y = elaborar los=20 informes t=E9cnicos y periciales procedentes.

h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan inter=E9s para = el orden y=20 la seguridad p=FAblica, y estudiar, planificar y ejecutar los = m=E9todos y t=E9cnicas=20 de prevenci=F3n de la delincuencia.

i) Colaborar con los Servicios de Protecci=F3n Civil en los casos = de grave=20 riesgo, cat=E1strofe o calamidad p=FAblica, en los t=E9rminos que se = establezcan en=20 la legislaci=F3n de Protecci=F3n Civil.

2. Las funciones se=F1aladas en el p=E1rrafo anterior ser=E1n = ejercidas con arreglo=20 a la siguiente distribuci=F3n territorial de competencias:

a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Polic=EDa ejercitar dichas = funciones en=20 las capitales de provincia y en los t=E9rminos municipales y n=FAcleos = urbanos que=20 el Gobierno determine.

b) La Guardia Civil las ejercer=E1 en el resto del territorio = nacional y su=20 mar territorial.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los miembros del = Cuerpo=20 Nacional de Polic=EDa podr=E1n ejercer las funciones de investigaci=F3n = y las de=20 coordinaci=F3n de los datos a que se refieren los apartados g) y h) del = n=FAmero 1=20 de este art=EDculo, en todo el territorio nacional.

La Guardia Civil, para el desempe=F1o de sus competencias propias, = podr=E1=20 asimismo realizar las investigaciones procedentes en todo el territorio=20 nacional, cuando ello fuere preciso.

En todo caso de actuaci=F3n fuera de su =E1mbito territorial, los = miembros de=20 cada Cuerpo deber=E1n dar cuenta al otro de las mismas.

4. Sin perjuicio de la distribuci=F3n de competencias del apartado 2 = de este=20 art=EDculo, ambos Cuerpos deber=E1n actuar fuera de su =E1mbito = competencial por=20 mandato judicial o del Ministerio Fiscal o, en casos excepcionales, = cuando lo=20 requiera la debida eficacia en su actuaci=F3n; en ambos supuestos = deber=E1n=20 comunicarlo de inmediato al Gobernador civil y a los mandos con = competencia=20 territorial o material; el Gobernador civil podr=E1 ordenar la = continuaci=F3n de las=20 actuaciones o, por el contrario, el pase de las mismas al Cuerpo = competente,=20 salvo cuando estuvieren actuando por mandato judicial o del Ministerio=20 Fiscal.

5. En caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, = se har=E1=20 cargo del servicio el Cuerpo que haya realizado las primeras = actuaciones, hasta=20 que se resuelva lo procedente por el Gobernador civil o las instancias=20 superiores del Ministerio del Interior, sin perjuicio de lo dispuesto = para la=20 Polic=EDa Judicial.

6. Al objeto de conseguir la =F3ptima utilizaci=F3n de los medios = disponibles y=20 la racional distribuci=F3n de efectivos, el Ministerio del Interior = podr=E1 ordenar=20 que cualesquiera de los Cuerpos asuma, en zonas o n=FAcleos = determinados, todas o=20 algunas de las funciones exclusivas asignadas al otro Cuerpo.

Art=EDculo 12.

1. Adem=E1s de las funciones comunes establecidas en el art=EDculo = anterior, se=20 establece la siguiente distribuci=F3n material de competencias:

A) Ser=E1n ejercidas por el Cuerpo Nacional de Polic=EDa:

a) La expedici=F3n del documento nacional de identidad y de los=20 pasaportes.

b) El control de entrada y salida del territorio nacional de = espa=F1oles y=20 extranjeros.

c) Las previstas en la legislaci=F3n sobre extranjer=EDa, refugio = y asilo,=20 extradici=F3n, expulsi=F3n, emigraci=F3n e inmigraci=F3n.

d) La vigilancia e inspecci=F3n del cumplimiento de la normativa = en materia=20 de juego.

e) La investigaci=F3n y persecuci=F3n de los delitos relacionados = con la=20 droga.

f) Colaborar y prestar auxilio a las Polic=EDas de otros = pa=EDses, conforme a=20 lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las = Leyes,=20 bajo la superior direcci=F3n del Ministro del Interior.

g) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, = vigilancia e investigaci=F3n, de su personal, medios y = actuaciones.

h) Aquellas otras que le atribuya la legislaci=F3n = vigente.

B) Ser=E1n ejercidas por la Guardia Civil:

a) Las derivadas de la legislaci=F3n vigente sobre armas y = explosivos.

b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a = evitar=20 y perseguir el contrabando.

c) La vigilancia del tr=E1fico, tr=E1nsito y transporte en las = v=EDas p=FAblicas=20 interurbanas.

d) La custodia de v=EDas de comunicaci=F3n terrestre, costas, = fronteras,=20 puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su inter=E9s = lo=20 requieran.

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a = la=20 conservaci=F3n de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos = hidr=E1ulicos,=20 as=ED como de la riqueza cineg=E9tica, pisc=EDcola, forestal y de = cualquier otra=20 =EDndole relacionada con la naturaleza.

f) La conducci=F3n interurbana de presos y detenidos.

g) Aquellas otras que le atribuye la legislaci=F3n=20 vigente.

2. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado est=E1n obligadas a = la=20 cooperaci=F3n rec=EDproca en el desempe=F1o de sus competencias = respectivas.

3. Las dependencias del Cuerpo Nacional de Polic=EDa y de la Guardia = Civil=20 actuar=E1n rec=EDprocamente como oficinas para la recepci=F3n y = tramitaci=F3n de los=20 documentos dirigidos a las Autoridades de cualquiera de los dos = Institutos.

[subir]

CAPITULO III
De la Guardia Civil

Art=EDculo 13.

1. El Cuerpo de la Guardia Civil se estructura jer=E1rquicamente = seg=FAn los=20 diferentes empleos, de conformidad con su naturaleza militar.

2. El r=E9gimen estatutario de la Guardia Civil ser=E1 el establecido = en la=20 presente Ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento = militar.

Art=EDculo 14. (Ver=20 Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el = Reglamento=20 de provisi=F3n de destinos del personal del Cuerpo de la Guardia=20 Civil)

1. El Ministerio del Interior dispondr=E1 todo lo concerniente a = servicios de=20 la Guardia Civil relacionados con la seguridad ciudadana y dem=E1s = competencias=20 atribuidas por esta Ley, as=ED como a sus retribuciones, destinos,=20 acuartelamientos y material.

2. Conjuntamente, los Ministros de Defensa y de Interior dispondr=E1n = todo lo=20 referente a la selecci=F3n, formaci=F3n, perfeccionamiento, armamento y = despliegue=20 territorial, y propondr=E1n al Gobierno el nombramiento del titular de = la=20 Direcci=F3n General de la Guardia Civil, as=ED como la normativa = reguladora del=20 voluntariado especial para la prestaci=F3n del servicio militar en la = misma.

3. El Ministro de Defensa dispondr=E1 lo concerniente al r=E9gimen de = ascensos y=20 situaciones del personal, as=ED como a las misiones de car=E1cter = militar que se=20 encomienden a la Guardia Civil, ejerciendo, respecto al voluntariado = especial=20 para la prestaci=F3n del servicio militar en la misma las competencias = que=20 normativamente le correspondan.

Art=EDculo 15.

1. La Guardia Civil, por su condici=F3n de Instituto armado de = naturaleza=20 militar, a efectos disciplinarios, se regir=E1 por su normativa = espec=EDfica.

En todo caso, ser=E1 competente para la imposici=F3n de la sanci=F3n = de separaci=F3n=20 del servicio el Ministro de Defensa, previo informe del Ministro del=20 Interior.

2. Los miembros de la Guardia Civil no podr=E1n pertenecer a partidos = pol=EDticos=20 o sindicatos ni hacer peticiones colectivas; individualmente podr=E1n = ejercer el=20 derecho de petici=F3n en los t=E9rminos establecidos en su legislaci=F3n = espec=EDfica.

[subir]

CAPITULO IV
De la = Polic=EDa

SECCION 1=AA. Normas generales, = Escalas y=20 sistemas de acceso

Art=EDculo 16.

1. La estructura y competencia de los =F3rganos de direcci=F3n del = Cuerpo=20 Nacional de Polic=EDa ser=E1n las que se establezcan en las normas = org=E1nicas del=20 Ministerio del Interior.

2. El r=E9gimen estatutario del Cuerpo Nacional de Polic=EDa se = ajustar=E1 a las=20 previsiones de la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen, = teniendo=20 como derecho supletorio la legislaci=F3n vigente referida a los = funcionarios de la=20 Administraci=F3n Civil del Estado. Sus miembros, hombres y mujeres, = actuar=E1n de=20 uniforme o sin =E9l, en funci=F3n del destino que ocupen y del servicio = que=20 desempe=F1en.

3. La jubilaci=F3n forzosa se producir=E1 al cumplir el funcionario = sesenta y=20 cinco a=F1os.

4. Por Ley se determinar=E1n las edades y causas del pase de los = funcionarios=20 del Cuerpo Nacional de Polic=EDa a la situaci=F3n de segunda actividad, = atendiendo a=20 las aptitudes f=EDsicas que demande su funci=F3n. Asimismo, se = establecer=E1n las=20 remuneraciones a percibir y las obligaciones correspondientes a esta=20 situaci=F3n.

Art=EDculo 17.

El Cuerpo Nacional de Polic=EDa constar=E1 de las siguientes Escalas = y=20 categor=EDas:

-La Escala superior, con dos categor=EDas. Su sistema de acceso = ser=E1 a la=20 inferior desde la Escala ejecutiva y a la categor=EDa superior desde = la=20 inferior; por promoci=F3n interna en ambos casos.

-La Escala ejecutiva, con dos categor=EDas. Su sistema de acceso = ser=E1 el de=20 oposici=F3n libre y el de promoci=F3n interna, en el porcentaje que=20 reglamentariamente se determine, para la categor=EDa inferior, y de = promoci=F3n=20 interna para la categor=EDa superior.

-La Escala de subinspecci=F3n, con una sola categor=EDa, a la que = se acceder=E1=20 =FAnicamente por promoci=F3n interna desde la Escala b=E1sica.

-La Escala b=E1sica, con dos categor=EDas, a las que se acceder=E1 = por oposici=F3n=20 libre a la categor=EDa inferior, y por promoci=F3n interna a la=20 superior.

Para el acceso a las Escalas anteriores, se exigir=E1 estar en = posesi=F3n de los=20 t=EDtulos de los Grupos A, B, C y D, respectivamente, y la superaci=F3n = de los=20 cursos correspondientes en el Centro de Formaci=F3n.

En el Cuerpo Nacional de Polic=EDa existir=E1n las plazas de = Facultativos y de=20 T=E9cnicos, con t=EDtulos de los Grupos A y B, que sean necesarias para = la cobertura=20 y apoyo de la funci=F3n policial, que se cubrir=E1n entre funcionarios = de acuerdo=20 con el sistema que reglamentariamente se determine. Excepcionalmente, si = las=20 circunstancias lo exigen, podr=E1n contratarse, temporalmente, = especialistas para=20 el desempe=F1o de tales funciones.

Los Grupos a los que se refieren los apartados anteriores de este = art=EDculo,=20 son los correspondientes a los Grupos de clasificaci=F3n establecidos en = el=20 art=EDculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la = Reforma de la=20 Funci=F3n P=FAblica.

[subir]

SECCION 2=AA. De los derechos de = representaci=F3n=20 colectiva

Art=EDculo 18.

1. Los miembros del Cuerpo Nacional de Polic=EDa tienen derecho a = constituir=20 organizaciones sindicales de =E1mbito nacional para la defensa de sus = intereses=20 profesionales, as=ED como el de afiliarse a las mismas y a participar = activamente=20 en ellas en los t=E9rminos previstos en esta Ley.

2. Los miembros del Cuerpo Nacional de Polic=EDa s=F3lo podr=E1n = afiliarse a=20 organizaciones sindicales formadas exclusivamente por miembros del = propio=20 Cuerpo. Dichas organizaciones no podr=E1n federarse o confederarse con = otras que,=20 a su vez, no est=E9n integradas exclusivamente por miembros del referido = Cuerpo.=20 No obstante, podr=E1n formar parte de organizaciones internacionales de = su mismo=20 car=E1cter.

Art=EDculo 19.

El ejercicio del derecho de sindicaci=F3n y de la acci=F3n sindical = por parte de=20 los miembros del Cuerpo Nacional de Polic=EDa tendr=E1 como l=EDmites el = respeto de=20 los derechos fundamentales y libertades p=FAblicas reconocidos en la = Constituci=F3n=20 y, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia = imagen, as=ED=20 como el cr=E9dito y prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado, la=20 seguridad ciudadana y de los propios funcionarios y la garant=EDa del = secreto=20 profesional. Constituir=E1n asimismo l=EDmite, en la medida que puedan = ser=20 vulnerados por dicho ejercicio, los principios b=E1sicos de actuaci=F3n = del art=EDculo=20 5 de esta Ley.

Art=EDculo 20.

1. Para constituir una organizaci=F3n sindical ser=E1 preciso = depositar los=20 estatutos de la misma, acompa=F1ados del acta fundacional, en el = Registro Especial=20 de la Direcci=F3n General de Polic=EDa.

2. Los Estatutos deber=E1n contener, al menos, las siguientes = menciones:

a) Denominaci=F3n de la asociaci=F3n.

b) Fines espec=EDficos de la misma.

c) Domicilio.

d) Organos de representaci=F3n, gobierno y administraci=F3n y = normas para su=20 funcionamiento, as=ED como el r=E9gimen de provisi=F3n electiva de = cargos, que=20 habr=E1n de ajustarse a principios democr=E1ticos.

e) Requisitos y procedimientos para la adquisici=F3n y p=E9rdida de = la=20 condici=F3n de afiliados, as=ED como el r=E9gimen de modificaci=F3n de = sus Estatutos y=20 disoluci=F3n de la asociaci=F3n sindical.

f) R=E9gimen econ=F3mico de la organizaci=F3n, que establezca el = car=E1cter,=20 procedencia y destino de sus recursos, as=ED como los medios que = permitan a los=20 afiliados conocer la situaci=F3n econ=F3mica.

3. S=F3lo se podr=E1n rechazar, mediante resoluci=F3n motivada, = aquellos Estatutos=20 que carezcan de los requisitos m=EDnimos a que se refiere el n=FAmero = anterior, y=20 cuyos defectos no hubieran sido subsanados en el plazo de diez d=EDas a = partir de=20 que se les requiriese al efecto.

Art=EDculo 21.

1. Las organizaciones sindicales legalmente constituidas tendr=E1n = derecho a=20 formular propuestas y elevar informes o dirigir peticiones a las = Autoridades=20 competentes, as=ED como a ostentar la representaci=F3n de sus afiliados = ante los=20 Organos competentes de la Administraci=F3n P=FAblica.

2. Tendr=E1n la condici=F3n de representantes de las organizaciones = sindicales=20 del Cuerpo Nacional de Polic=EDa aquellos funcionarios que, = perteneciendo a las=20 mismas, hayan sido formalmente designados como tales por el =F3rgano de = gobierno=20 de aqu=E9llas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos.

Art=EDculo 22.

1. Aquellas organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de = Polic=EDa que en=20 las =FAltimas elecciones al Consejo de Polic=EDa hubieran obtenido, al = menos, un=20 representante en dicho Consejo, o en dos de las Escalas el 10 por 100 de = los=20 votos emitidos en cada una de ellas, ser=E1n consideradas organizaciones = sindicales representativas, y en tal condici=F3n tendr=E1n, adem=E1s, = capacidad=20 para:

a) Participar como interlocutores en la determinaci=F3n de las = condiciones de=20 prestaci=F3n del servicio de los funcionarios, a trav=E9s de los = procedimientos=20 establecidos al efecto.

b) Integrarse en el grupo de trabajo o Comisiones de estudio que a = tal=20 efecto se establezcan.

2. Los representantes de dichas organizaciones sindicales = representativas=20 tendr=E1n derecho:

a) A la asistencia y al acceso a los centros de trabajo para = participar en=20 actividades propias de su asociaci=F3n sindical, previa comunicaci=F3n = al Jefe de=20 la Dependencia y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir = el=20 desarrollo normal del servicio policial.

b) Al n=FAmero de horas mensuales que reglamentariamente se = establezcan para=20 el desarrollo de las funciones sindicales propias de su = representaci=F3n.

c) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el = desarrollo=20 de las funciones sindicales propias de su cargo, dentro de los = l=EDmites que=20 reglamentariamente se establezcan.

d) Al pase a la situaci=F3n de servicios especiales, en los = t=E9rminos que=20 reglamentariamente se establezcan, con derecho a reserva del puesto de = trabajo=20 y al c=F3mputo de antig=FCedad, mientras dure el ejercicio de su cargo = representativo, debiendo incorporarse a su puesto de trabajo dentro = del mes=20 siguiente a la fecha del cese.

3. El n=FAmero de representantes que la Administraci=F3n tendr=E1 que = reconocer, a=20 los efectos determinados en el n=FAmero 2 de este art=EDculo, se = corresponder=E1 con=20 el n=FAmero de representantes que cada organizaci=F3n sindical hubiere = obtenido en=20 las elecciones al Consejo de Polic=EDa.

4. En todo caso, se reconocer=E1 a aquella organizaci=F3n sindical = que no hubiera=20 obtenido representantes elegidos en el Consejo de Polic=EDa, pero s=ED, = al menos, el=20 10 por 100 de votos en una Escala, el derecho a un representante, a los = solos=20 efectos de lo previsto en el n=FAmero 2 de este art=EDculo.

Art=EDculo 23.

1. En las dependencias con m=E1s de 250 funcionarios, las = organizaciones=20 sindicales tendr=E1n derecho a que se les facilite un local adecuado = para el=20 ejercicio de sus actividades. En todo caso tendr=E1n derecho a la = instalaci=F3n en=20 cada dependencia policial de un tabl=F3n de anuncios, en lugar donde se = garantice=20 un f=E1cil acceso al mismo de los funcionarios.

2. Estos podr=E1n celebrar reuniones sindicales en locales oficiales, = fuera de=20 las horas de trabajo y sin perturbar la marcha del servicio, previa = autorizaci=F3n=20 del Jefe de la Dependencia, que s=F3lo podr=E1 denegarla cuando = considere que el=20 servicio puede verse afectado.

3. La autorizaci=F3n deber=E1 solicitarse con una antelaci=F3n = m=EDnima de setenta y=20 dos horas, y en la misma se har=E1 constar la fecha, hora y lugar de la = reuni=F3n,=20 as=ED como el orden del d=EDa previsto.

4. La resoluci=F3n correspondiente deber=E1 notificarse, al menos, = veinticuatro=20 horas antes de la prevista para la reuni=F3n, sin perjuicio de lo = dispuesto en el=20 n=FAmero 2.

Art=EDculo 24.

1. Las organizaciones sindicales responder=E1n por los actos o = acuerdos=20 adoptados por sus =F3rganos estatutarios en la esfera de sus respectivas = competencias.

2. Dichas organizaciones responder=E1n por los actos de sus = afiliados, cuando=20 aqu=E9llos se produzcan en el ejercicio regular de las funciones = representativas o=20 se pruebe que dichos afiliados actuaban por cuenta de las organizaciones = sindicales.

[subir]

SECCION 3=AA. Del Consejo de = Polic=EDa

Art=EDculo 25.

1. Bajo la presidencia del Ministro del Interior o persona en quien = delegue,=20 se crea el Consejo de Polic=EDa, con representaci=F3n paritaria de la = Administraci=F3n=20 y de los miembros del Cuerpo Nacional de Polic=EDa.

2. Son funciones del Consejo de Polic=EDa:

a) La mediaci=F3n y conciliaci=F3n en caso de conflictos = colectivos.

b) La participaci=F3n en el establecimiento y las condiciones de = prestaci=F3n=20 del servicio de los funcionarios.

c) La formulaci=F3n de mociones y la evaluaci=F3n de consultas en = materias=20 relativas al Estatuto profesional.

d) La emisi=F3n de informes en los expedientes disciplinarios que = se=20 instruyan por faltas muy graves contra miembros del Cuerpo Nacional de = Polic=EDa=20 y en todos aquellos que se instruyan a los representantes de los = Sindicatos, a=20 que se refiere el art=EDculo 22 de esta Ley.

e) El informe previo de las disposiciones de car=E1cter general que = se=20 pretenda dictar sobre las materias a que se refieren los apartados=20 anteriores.

f) Las dem=E1s que le atribuyan las Leyes y disposiciones=20 generales.

3. Los representantes de la Administraci=F3n en el Consejo de = Polic=EDa ser=E1n=20 designados por el Ministro del Interior.

La representaci=F3n de los miembros del Cuerpo Nacional de Polic=EDa = en el=20 Consejo se estructurar=E1 por Escalas, sobre la base de un representante = por cada=20 6.000 funcionarios o fracci=F3n, de cada una de las cuatro Escalas que = constituyen=20 el Cuerpo.

Art=EDculo 26.

1. Se celebrar=E1n elecciones en el seno del Cuerpo Nacional de = Polic=EDa, a=20 efectos de designar los representantes de sus miembros en el Consejo de = Polic=EDa=20 y determinar la condici=F3n de representativos de los Sindicatos = constituidos con=20 arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.

Las elecciones se celebrar=E1n por Escalas, votando sus miembros una = lista que=20 contenga el nombre o nombres de los candidatos a representantes de la = misma,=20 mediante sufragio personal, directo y secreto.

2. Los candidatos a la elecci=F3n podr=E1n ser presentados, mediante = listas=20 nacionales, para cada una de las Escalas, por los Sindicatos de = funcionarios o=20 por las agrupaciones de electores de las distintas Escalas legalmente=20 constituidas.

Las listas contendr=E1n tantos nombres como puestos a cubrir, m=E1s = igual n=FAmero=20 de suplentes.

3. Mediante el sistema de representaci=F3n proporcional se = atribuir=E1 a cada=20 lista el n=FAmero de puestos que le correspondan, de conformidad con el = cociente=20 que resulte de dividir el n=FAmero de votantes por el de puestos a = cubrir. Si=20 hubiere puesto o puestos sobrantes, se atribuir=E1n a la lista o listas = que tengan=20 un mayor resto de votos.

4. La duraci=F3n del mandato de los Delegados en el Consejo de = Polic=EDa ser=E1 de=20 cuatro a=F1os, pudiendo ser reelegidos en sucesivos procesos = electorales.

Caso de producirse vacante, por cualquier causa, en la = representaci=F3n de los=20 funcionarios en el Consejo de Polic=EDa, se cubrir=E1 autom=E1ticamente = por el=20 candidato que ocupe el puesto siguiente en la lista respectiva.

5. Reglamentariamente, se establecer=E1n las normas complementarias = que sean=20 precisas para la convocatoria de las elecciones, el procedimiento = electoral y,=20 en general, para el funcionamiento del Consejo de Polic=EDa.

[subir]

SECCION 4=AA. R=E9gimen = disciplinario

Art=EDculo 27.

1. El r=E9gimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo Nacional = de=20 Polic=EDa se ajustar=E1 a los principios establecidos en el Cap=EDtulo = II del T=EDtulo I=20 de esta Ley y a las normas del presente Cap=EDtulo.

2. Las faltas podr=E1n ser leves, graves y muy graves. Las faltas = leves=20 prescribir=E1n al mes; las graves, a los dos a=F1os, y las muy graves, a = los seis=20 a=F1os. La prescripci=F3n se interrumpir=E1 en el momento que se inicia = el=20 procedimiento disciplinario.

3. Se considerar=E1n faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constituci=F3n en = el=20 ejercicio de las funciones.

b) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso.

c) El abuso de sus atribuciones y la pr=E1ctica de tratos = inhumanos,=20 degradantes, discriminatorios y vejatorios a las personas que se = encuentren=20 bajo su custodia.

d) La insubordinaci=F3n individual o colectiva, respecto a las = Autoridades o=20 Mandos de que dependan, as=ED como la desobediencia a las leg=EDtimas=20 instrucciones dadas por aqu=E9llos.

e) La no prestaci=F3n de auxilio con urgencia, en aquellos hechos o = circunstancias graves en que sea obligada su actuaci=F3n.

f) El abandono de servicio.

g) La violaci=F3n del secreto profesional y la falta del debido = sigilo=20 respecto a los asuntos que conozcan por raz=F3n de su cargo, que = perjudique el=20 desarrollo de la labor policial o a cualquier persona.

h) El ejercicio de actividades p=FAblicas o privadas incompatibles = con el=20 desempe=F1o de sus funciones.

i) La participaci=F3n en huelgas, en acciones sustitutivas de las = mismas, o=20 en actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal = funcionamiento de=20 los servicios.

j) Haber sido sancionado por la comisi=F3n de tres o m=E1s faltas = graves en el=20 per=EDodo de un a=F1o.

k) La falta de colaboraci=F3n manifiesta con los dem=E1s miembros = de las=20 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

l) Embriagarse o consumir drogas t=F3xicas, estupefacientes o = sustancias=20 psicotr=F3picas durante el servicio o con habitualidad.

m) Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores,=20 tipificada como falta muy grave en la legislaci=F3n general de=20 funcionarios.

4. Las faltas graves y leves se determinar=E1n reglamentariamente, de = conformidad con los siguientes criterios:

a) Intencionalidad.

b) La perturbaci=F3n que puedan producir en el normal = funcionamiento de la=20 Administraci=F3n y de los servicios policiales.

c) Los da=F1os y perjuicios o la falta de consideraci=F3n que = puedan implicar=20 para los ciudadanos y los subordinados.

d) El quebrantamiento que pueda suponer de los principios de = disciplina y=20 jerarqu=EDa propios de este Cuerpo.

e) Reincidencia.

f) En general, su trascendencia para la seguridad = ciudadana.

5. Incurrir=E1n en la misma responsabilidad que los autores de una = falta, los=20 que induzcan a su comisi=F3n y los Jefes que la toleren. Asimismo, = incurrir=E1n en=20 falta de inferior grado los que encubrieran la comisi=F3n de una = falta.

Art=EDculo 28.

Ver=20 Sentencia de 19 de septiembre de 2000, de la Sala Tercera del Tribunal = Supremo,=20 por la que se fija doctrina legal en relaci=F3n con los art=EDculos 28 = de la Ley=20 Org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y = 12 del=20 Reglamento del R=E9gimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Polic=EDa, = aprobado=20 por Real Decreto 884/1989, de 14 de julio, concretamente, respecto a la = no=20 percepci=F3n de retribuciones durante el tiempo de cumplimiento de la = sanci=F3n=20 disciplinaria de suspensi=F3n de funciones.

1. Por raz=F3n de las faltas, a que se refiere el art=EDculo = precedente, podr=E1n=20 imponerse a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polic=EDa las = siguientes=20 sanciones:

1.1. Por faltas muy graves:

a) Separaci=F3n del servicio.

b) Suspensi=F3n de funciones de tres a seis = a=F1os.

1.2. Por faltas graves:

a) Suspensi=F3n de funciones por menos de tres a=F1os.

b) Traslado con cambio de residencia.

c) Inmovilizaci=F3n en el escalaf=F3n por un per=EDodo no = superior a cinco=20 a=F1os.

d) P=E9rdida de cinco a veinte d=EDas de remuneraci=F3n y = suspensi=F3n de=20 funciones por igual per=EDodo.

1.3. Por faltas leves:

a) P=E9rdida de uno a cuatro d=EDas de remuneraci=F3n y = suspensi=F3n de funciones=20 por igual per=EDodo, que no supondr=E1 la p=E9rdida de antig=FCedad = ni implicar=E1 la=20 inmovilizaci=F3n en el escalaf=F3n.

b) Apercibimiento.

Las sanciones por faltas muy graves prescribir=E1n a los seis a=F1os, = las=20 impuestas por faltas graves a los dos a=F1os, y las impuestas por faltas = leves al=20 mes.

El plazo de prescripci=F3n comenzar=E1 a contarse desde el d=EDa = siguiente a aquel=20 en que adquiera firmeza la resoluci=F3n por la que se impone la = sanci=F3n o desde=20 que se quebrantase su cumplimiento, si hubiera comenzado.

2. Las sanciones disciplinarias se anotar=E1n en los respectivos = expedientes=20 personales con indicaci=F3n de las faltas que las motivaron.

Transcurridos dos o seis a=F1os desde el cumplimiento de la = sanci=F3n, seg=FAn se=20 trate de faltas graves o muy graves no sancionadas con la separaci=F3n = del=20 servicio, podr=E1 acordarse la cancelaci=F3n de aquellas anotaciones a = instancia del=20 interesado que acredite buena conducta desde que se le impuso la = sanci=F3n. La=20 cancelaci=F3n de anotaciones por faltas leves se realizar=E1 a = petici=F3n del=20 interesado, a los seis meses de la fecha de su cumplimiento. La = cancelaci=F3n=20 producir=E1 el efecto de anular la anotaci=F3n sin que pueda = certificarse de ella,=20 salvo cuando lo soliciten las Autoridades competentes para ello y a los=20 exclusivos efectos de su expediente personal.

3. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polic=EDa tendr=E1n = obligaci=F3n de=20 comunicar por escrito al superior jer=E1rquico competente los hechos que = consideren constitutivos de faltas graves y muy graves, de los que = tengan=20 conocimiento.

4. No se podr=E1n imponer sanciones, por faltas graves o muy graves, = sino en=20 virtud de expediente instruido al efecto, cuya tramitaci=F3n se regir=E1 = por los=20 principios de sumariedad y celeridad. La sanci=F3n por faltas leves = podr=E1=20 imponerse sin m=E1s tr=E1mites que la audiencia al interesado.

Las sanciones disciplinarias impuestas a los funcionarios del Cuerpo = Nacional=20 de Polic=EDa ser=E1n inmediatamente ejecutivas, no suspendiendo su = cumplimiento la=20 interposici=F3n de ning=FAn tipo de recurso, administrativo o judicial, = si bien la=20 autoridad a quien competa resolverlo podr=E1 suspender, de oficio o a = instancia de=20 parte, la ejecuci=F3n de la sanci=F3n impuesta, en el caso de que dicha = ejecuci=F3n=20 pudiera causar perjuicios de imposible o de dif=EDcil reparaci=F3n.

5. Para la imposici=F3n de la sanci=F3n de separaci=F3n del servicio = ser=E1=20 competente el Ministro del Interior.

Para la imposici=F3n de las sanciones por faltas muy graves y graves, = adem=E1s=20 del Ministro del Interior, ser=E1 competente el Director de la Seguridad = del=20 Estado.

Para la imposici=F3n de sanciones por faltas graves tambi=E9n ser=E1 = competente el=20 Director general de la Polic=EDa.

Adem=E1s de los =F3rganos anteriores, los Gobernadores civiles y los = Jefes de las=20 dependencias, centrales o perif=E9ricas, en que presten servicio los = infractores,=20 ser=E1n competentes para la imposici=F3n de las sanciones por faltas = leves.

6. Iniciado un procedimiento penal o disciplinario, se podr=E1 = acordar la=20 suspensi=F3n provisional por la autoridad competente para ordenar la = incoaci=F3n del=20 expediente administrativo. La situaci=F3n de suspensi=F3n provisional se = regular=E1=20 por lo dispuesto en la legislaci=F3n general de funcionarios, sin = perjuicio de lo=20 establecido en el art=EDculo 8.3.

[subir]

CAPITULO V
De la organizaci=F3n = de Unidades=20 de Polic=EDa Judicial

Art=EDculo 29.

1. Las funciones de Polic=EDa Judicial que se mencionan en el = art=EDculo 126 de=20 la Constituci=F3n ser=E1n ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad del=20 Estado, a trav=E9s de las Unidades que se regulan en el presente = Cap=EDtulo.

2. Para el cumplimiento de dicha funci=F3n tendr=E1n car=E1cter = colaborador de las=20 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el personal de Polic=EDa de = las=20 Comunidades Aut=F3nomas y de las Corporaciones Locales.

Art=EDculo 30.

1. El Ministerio del Interior organizar=E1 con funcionarios de las = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad del Estado que cuenten con la adecuada formaci=F3n=20 especializada, Unidades de Polic=EDa Judicial, atendiendo a criterios=20 territoriales y de especializaci=F3n delictual, a las que = corresponder=E1 esta=20 funci=F3n con car=E1cter permanente y especial.

2. Las referidas Unidades org=E1nicas de Polic=EDa Judicial podr=E1n = adscribirse,=20 en todo o en parte, por el Ministerio del Interior, o=EDdo el Consejo = General del=20 Poder Judicial, a determinados Juzgados y Tribunales. De igual manera = podr=E1n=20 adscribirse al Ministerio Fiscal, o=EDdo el Fiscal General del = Estado.

Art=EDculo 31.

1. En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a = Unidades=20 de Polic=EDa Judicial dependen org=E1nicamente del Ministerio del = Interior y=20 funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que est=E9n = conociendo del asunto objeto de su investigaci=F3n.

2. Los Jueces o Presidentes de los respectivos =F3rganos del orden=20 jurisdiccional penal, as=ED como los Fiscales Jefes podr=E1n solicitar = la=20 intervenci=F3n en una investigaci=F3n de funcionarios a medios adscritos = a Unidades=20 org=E1nicas de Polic=EDa Judicial por conducto del Presidente del = Tribunal Supremo o=20 de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal = General=20 del Estado respectivamente.

Art=EDculo 32.

La Polic=EDa Judicial constituye una funci=F3n cuya especializaci=F3n = se cursar=E1 en=20 los Centros de Formaci=F3n y Perfeccionamiento de los miembros de las = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad del Estado, con participaci=F3n de miembros de la = Judicatura=20 y del Ministerio Fiscal, o, complementariamente, en el Centro de = Estudios=20 Judiciales.

La posesi=F3n del diploma correspondiente ser=E1 requisito necesario = para ocupar=20 puestos en las Unidades de Polic=EDa Judicial que se constituyan.

Art=EDculo 33.

Los funcionarios adscritos a las Unidades de Polic=EDa Judicial = desempe=F1ar=E1n=20 esa funci=F3n con car=E1cter exclusivo, sin perjuicio de que puedan = desarrollar=20 tambi=E9n las misiones de prevenci=F3n de la delincuencia y dem=E1s que = se les=20 encomienden, cuando las circunstancias lo requieran, de entre las=20 correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Art=EDculo 34.

1. Los funcionarios de las Unidades de Polic=EDa Judicial no podr=E1n = ser=20 removidos o apartados de la investigaci=F3n concreta que se les hubiera=20 encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento = judicial=20 que la originara, si no es por decisi=F3n o con la autorizaci=F3n del = Juez o Fiscal=20 competente.

2. En las diligencias o actuaciones que lleven a cabo, por encargo y = bajo la=20 supervisi=F3n de los Jueces, Tribunales o Fiscales competentes de lo = Penal, los=20 funcionarios integrantes de las Unidades de Polic=EDa Judicial tendr=E1n = el car=E1cter=20 de comisionados de dichos Jueces, Tribunales y Fiscales, y podr=E1n = requerir el=20 auxilio necesario de las Autoridades y, en su caso, de los = particulares.

Art=EDculo 35.

Los Jueces y Tribunales de lo Penal y el Ministerio Fiscal tendr=E1n, = respecto=20 de los funcionarios integrantes de Unidades de Polic=EDa Judicial que le = sean=20 adscritas y de aquellos a que se refiere el n=FAmero 2 del art=EDculo 31 = de esta=20 Ley, las siguientes facultades:

a) Les dar=E1n las =F3rdenes e instrucciones que sean necesarias, = en ejecuci=F3n=20 de lo dispuesto en las normas de Enjuiciamiento Criminal y Estatuto = del=20 Ministerio Fiscal.

b) Determinar=E1n, en dichas =F3rdenes o instrucciones, el = contenido y=20 circunstancias de las actuaciones que interesen dichas Unidades.

c) Controlar=E1n la ejecuci=F3n de tales actuaciones, en cuanto a = la forma y=20 los resultados.

d) Podr=E1n instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, en = cuyo caso=20 emitir=E1n los informes que pueda exigir la tramitaci=F3n de los = correspondientes=20 expedientes, as=ED como aquellos otros que consideren oportunos. En = estos casos=20 recibir=E1n los testimonios de las resoluciones = reca=EDdas.

Art=EDculo 36.

Salvo lo dispuesto en este cap=EDtulo, el r=E9gimen funcionarial del = personal=20 integrado en las Unidades de Polic=EDa Judicial ser=E1 el de las Fuerzas = y Cuerpos=20 de Seguridad del Estado.

[subir]

TITULO III
De las Polic=EDas de = las=20 Comunidades Aut=F3nomas

CAPITULO I
Principios = generales

Art=EDculo 37.

1. Las Comunidades Aut=F3nomas en cuyos Estatutos est=E9 previsto = podr=E1n crear=20 Cuerpos de Polic=EDa para el ejercicio de las funciones de vigilancia y = protecci=F3n=20 a que se refiere el art=EDculo 148.1.22=AA de la Constituci=F3n y las = dem=E1s que le=20 atribuye la presente Ley.

2. Las Comunidades Aut=F3nomas que no hicieran uso de la posibilidad = prevista=20 en el apartado anterior podr=E1n ejercer las funciones enunciadas en el = art=EDculo=20 148.1.22=AA de la Constituci=F3n, de conformidad con los art=EDculos 39 = y 47 de esta=20 Ley.

3. Las Comunidades Aut=F3nomas cuyos Estatutos no prevean la = creaci=F3n de=20 Cuerpos de Polic=EDa tambi=E9n podr=E1n ejercer las funciones de = vigilancia y=20 protecci=F3n a que se refiere el art=EDculo 148.1.22=AA de la = Constituci=F3n mediante la=20 firma de acuerdos de cooperaci=F3n espec=EDfica con el Estado.

[subir]

CAPITULO II
De las competencias = de las=20 Comunidades Aut=F3nomas

Art=EDculo 38.

Las Comunidades Aut=F3nomas, a que se refiere el n=FAmero 1 del = art=EDculo=20 anterior, podr=E1n ejercer, a trav=E9s de sus Cuerpos de Polic=EDa, las = siguientes=20 funciones:

1. Con car=E1cter de propias:

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y =F3rdenes = singulares=20 dictadas por los =F3rganos de la Comunidad Aut=F3noma.

b) La vigilancia y protecci=F3n de personas, =F3rganos, edificios,=20 establecimientos y dependencias de la Comunidad Aut=F3noma y de sus = entes=20 instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las = instalaciones y=20 la seguridad de los usuarios de sus servicios.

c) La inspecci=F3n de las actividades sometidas a la ordenaci=F3n o = disciplina=20 de la Comunidad Aut=F3noma, denunciando toda actividad il=EDcita.

d) El uso de la coacci=F3n en orden a la ejecuci=F3n forzosa de los = actos o=20 disposiciones de la propia Comunidad Aut=F3noma.

2. En colaboraci=F3n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado:

a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y dem=E1s disposiciones = del Estado=20 y garantizar el funcionamiento de los servicios p=FAblicos = esenciales.

b) Participar en las funciones de Polic=EDa Judicial, en la forma = establecida=20 en el art=EDculo 29.2 de esta Ley.

c) Vigilar los espacios p=FAblicos, proteger las manifestaciones y = mantener=20 el orden en grandes concentraciones humanas.

El ejercicio de esta funci=F3n corresponder=E1, con car=E1cter = prioritario, a los=20 Cuerpos de Polic=EDa de las Comunidades Aut=F3nomas, sin perjuicio de la = intervenci=F3n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, = bien a=20 requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Aut=F3noma, o bien por = decisi=F3n=20 propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes.

3. De prestaci=F3n simult=E1nea e indiferenciada con las Fuerzas y = Cuerpos de=20 Seguridad del Estado:

a) La cooperaci=F3n a la resoluci=F3n amistosa de los conflictos = privados=20 cuando sean requeridos para ello.

b) La prestaci=F3n de auxilio en los casos de accidente, = cat=E1strofe o=20 calamidad p=FAblica, participando en la forma prevista en las Leyes, = en la=20 ejecuci=F3n de los planes de Protecci=F3n Civil.

c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la=20 conservaci=F3n de la naturaleza y medio ambiente, recursos = hidr=E1ulicos, as=ED como=20 la riqueza cineg=E9tica, pisc=EDcola, forestal y de cualquier otra = =EDndole=20 relacionada con la naturaleza.

Art=EDculo 39.

Corresponde a las Comunidades Aut=F3nomas, de conformidad con la = presente Ley y=20 con la de Bases de R=E9gimen Local, coordinar la actuaci=F3n de las = Polic=EDas Locales=20 en el =E1mbito territorial de la Comunidad, mediante el ejercicio de las = siguientes funciones:

a) Establecimiento de las normas-marco a las que habr=E1n de = ajustarse los=20 Reglamentos de Polic=EDas Locales, de conformidad con lo dispuesto en = la=20 presente Ley y en la de Bases de R=E9gimen Local.

b) Establecer o propiciar, seg=FAn los casos, la homogeneizaci=F3n = de los=20 distintos Cuerpos de Polic=EDas Locales, en materia de medios = t=E9cnicos para=20 aumentar la eficacia y colaboraci=F3n de =E9stos, de uniformes y de=20 retribuciones.

c) Fijar los criterios de selecci=F3n, formaci=F3n, promoci=F3n y = movilidad de=20 las Polic=EDas Locales, determinando los distintos niveles educativos = exigibles=20 para cada categor=EDa, sin que, en ning=FAn caso, el nivel pueda ser = inferior a=20 Graduado Escolar.

d) Coordinar la formaci=F3n profesional de las Polic=EDas Locales, = mediante la=20 creaci=F3n de Escuelas de Formaci=F3n de Mandos y de Formaci=F3n=20 B=E1sica.

[subir]

CAPITULO III
Del r=E9gimen = estatutario de las=20 Polic=EDas de las Comunidades Aut=F3nomas

Art=EDculo 40.

El r=E9gimen estatutario de los Cuerpos de Polic=EDa de las = Comunidades Aut=F3nomas=20 vendr=E1 determinado, de conformidad con lo establecido en el art=EDculo = 149.1.18=AA=20 de la Constituci=F3n, por los principios generales del T=EDtulo I de = esta Ley, por=20 lo establecido en este cap=EDtulo y por lo que dispongan al efecto los = Estatutos=20 de Autonom=EDa y la legislaci=F3n de las Comunidades Aut=F3nomas, as=ED = como por los=20 Reglamentos espec=EDficos de cada Cuerpo.

Art=EDculo 41.

1. Corresponde a los =F3rganos competentes de cada Comunidad = Aut=F3noma, previo=20 informe del Consejo, a que se refiere el art=EDculo 48 de esta Ley, la = creaci=F3n de=20 sus Cuerpos de Polic=EDa, as=ED como su modificaci=F3n y supresi=F3n en = los casos en que=20 as=ED se prevea en los respectivos Estatutos de Autonom=EDa.

2. Los Cuerpos de Polic=EDa de las Comunidades Aut=F3nomas son = Institutos armados=20 de naturaleza civil, con estructura y organizaci=F3n jerarquizada.

3. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los citados = Cuerpos=20 deber=E1n vestir el uniforme reglamentario, salvo los casos = excepcionales que=20 autoricen las Juntas de Seguridad.

4. Los miembros de los Cuerpos de Polic=EDa de las Comunidades = Aut=F3nomas=20 estar=E1n dotados de los medios t=E9cnicos y operativos necesarios para = el=20 cumplimiento de sus funciones, pudiendo portar armas de fuego. El = otorgamiento=20 de la licencia de armas competer=E1, en todo caso, al Gobierno de la = Naci=F3n.

Art=EDculo 42. (modificado=20 por Ley org=E1nica 1/2003)

Los cuerpos de polic=EDa de las Comunidades Aut=F3nomas s=F3lo = podr=E1n actuar en el=20 =E1mbito territorial de la Comunidad Aut=F3noma respectiva, salvo en = situaciones de=20 emergencia, previo requerimiento de las autoridades estatales.

No obstante, cuando ejerzan funciones de protecci=F3n de autoridades = p=FAblicas=20 de la Comunidad Aut=F3noma, podr=E1n actuar fuera del =E1mbito = territorial respectivo,=20 previa autorizaci=F3n del Ministerio del Interior y, cuando proceda, = comunicaci=F3n=20 al =F3rgano de gobierno de la Comunidad Aut=F3noma correspondiente, con = las=20 condiciones y requisitos que se determinen reglamentariamente.

Art=EDculo 43.

1. Los Mandos de los Cuerpos de Polic=EDa de las Comunidades = Aut=F3nomas se=20 designar=E1n por las Autoridades competentes de la Comunidad Aut=F3noma, = entre=20 Jefes, Oficiales y Mandos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y = Cuerpos de=20 Seguridad del Estado.

2. Durante su permanencia en la Polic=EDa de la Comunidad Aut=F3noma, = dichos=20 Jefes, Oficiales y Mandos pasar=E1n a la situaci=F3n que = reglamentariamente=20 corresponda en su Arma o Cuerpo de procedencia, al cual podr=E1n = reintegrarse en=20 cualquier momento que lo soliciten.

3. Un porcentaje de las vacantes de los citados puestos de Mando = podr=E1 ser=20 cubierto, mediante promoci=F3n interna, entre los miembros del propio = Cuerpo de=20 Polic=EDa de la Comunidad Aut=F3noma, en el n=FAmero, con las = condiciones y requisitos=20 que determinen el Consejo a que se refiere el art=EDculo 48 de esta = Ley.

4. Los mandos de los Cuerpos de Polic=EDa de las Comunidades = Aut=F3nomas habr=E1n=20 de realizar, una vez designados y antes de su adscripci=F3n, un curso de = especializaci=F3n homologado por el Ministerio del Interior para el = mando peculiar=20 de estos Cuerpos.

Art=EDculo 44.

La selecci=F3n, el ingreso, la promoci=F3n y formaci=F3n de los = miembros de los=20 Cuerpos de Polic=EDa de las Comunidades Aut=F3nomas se regular=E1 y = organizar=E1 por las=20 respectivas Comunidades Aut=F3nomas, sin perjuicio de lo establecido en = los=20 respectivos Estatutos.

[subir]

TITULO IV
De la colaboraci=F3n y = coordinaci=F3n=20 entre el Estado y las Comunidades Aut=F3nomas

CAPITULO I
De la colaboraci=F3n = entre las=20 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Polic=EDa de = las=20 Comunidades Aut=F3nomas

Art=EDculo 45.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de = los=20 Cuerpos de Polic=EDa de las Comunidades Aut=F3nomas deber=E1n prestarse = mutuo auxilio=20 e informaci=F3n rec=EDproca en el ejercicio de sus funciones = respectivas.

Art=EDculo 46.

1. Cuando las Comunidades Aut=F3nomas que, seg=FAn su Estatuto, = puedan crear=20 Cuerpos de Polic=EDa no dispongan de los medios suficientes para el = ejercicio de=20 las funciones previstas en el art=EDculo 38.1 y 2 c) de la presente Ley, = podr=E1n=20 recabar, a trav=E9s de las Autoridades del Estado el auxilio de las = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad del Estado, correspondiendo en este caso a las = Autoridades=20 gubernativas estatales la determinaci=F3n del modo y forma de prestar el = auxilio=20 solicitado.

En caso de considerarse procedente su intervenci=F3n, las Fuerzas y = Cuerpos de=20 Seguridad del Estado actuar=E1n bajo el mando de sus Jefes = naturales.

2. En el resto de los casos, cuando en la prestaci=F3n de un = determinado=20 servicio o en la realizaci=F3n de una actuaci=F3n concreta concurran,=20 simult=E1neamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad del=20 Estado y de la Polic=EDa de la Comunidad Aut=F3noma, ser=E1n los Mandos = de los=20 primeros los que asuman la direcci=F3n de la operaci=F3n.

[subir]

CAPITULO II
De la adscripci=F3n = de Unidades=20 del Cuerpo Nacional de Polic=EDa a las Comunidades Aut=F3nomas

Art=EDculo 47.

Las Comunidades Aut=F3nomas incluidas en el apartado 2 del art=EDculo = 37 de la=20 presente Ley, podr=E1n solicitar del Gobierno de la Naci=F3n, a trav=E9s = del=20 Ministerio del Interior, para el ejercicio de las funciones previstas en = el=20 art=EDculo 38.1 de aqu=E9lla, la adscripci=F3n de Unidades del Cuerpo = Nacional de=20 Polic=EDa.

Las condiciones de dicha adscripci=F3n se determinar=E1n en acuerdos=20 administrativos de colaboraci=F3n de car=E1cter espec=EDfico, que = deber=E1n respetar, en=20 todo caso, los siguientes principios:

-La adscripci=F3n deber=E1 afectar a Unidades operativas completas = y no a=20 miembros individuales del citado Cuerpo.

-Las Unidades adscritas depender=E1n, funcionalmente, de las = Autoridades de=20 la Comunidad Aut=F3noma, y org=E1nicamente del Ministerio del = Interior.

-Dichas Unidades actuar=E1n siempre bajo el Mando de sus Jefes = naturales.

-En cualquier momento podr=E1n ser reemplazadas por otras, a = iniciativa de=20 las Autoridades estatales, o=EDdas las Autoridades de la Comunidad=20 Aut=F3noma.

[subir]

CAPITULO III
De los =F3rganos = de=20 coordinaci=F3n

Art=EDculo 48.

1. Para garantizar la coordinaci=F3n entre las pol=EDticas de = seguridad p=FAblica=20 del Estado y de las Comunidades Aut=F3nomas se crea el Consejo de = Pol=EDtica de=20 Seguridad, que estar=E1 presidido por el Ministro del Interior e = integrado por los=20 Consejeros de Interior o Gobernaci=F3n de las Comunidades Aut=F3nomas y = por un=20 n=FAmero igual de representantes del Estado designados por el Gobierno = de la=20 Naci=F3n.

2. El Consejo de Pol=EDtica de Seguridad ejercer=E1 las siguientes=20 competencias:

-Aprobar los planes de coordinaci=F3n en materia de seguridad y de=20 infraestructura policial.

-Informar las plantillas de los Cuerpos de Polic=EDa de las = Comunidades=20 Aut=F3nomas y sus modificaciones. El Consejo podr=E1 establecer el = n=FAmero m=E1ximo=20 de los efectivos de las plantillas.

-Aprobar directivas y recomendaciones de car=E1cter general.

-Informar las disposiciones que dicten las Comunidades Aut=F3nomas, = en=20 relaci=F3n con sus propios Cuerpos de Polic=EDa, as=ED como la = creaci=F3n de=20 =E9stos.

-Informar los convenios de cooperaci=F3n, en materia de seguridad = entre el=20 Estado y las Comunidades Aut=F3nomas.

-Las dem=E1s que le atribuya la legislaci=F3n = vigente.

3. Para su adecuado funcionamiento el Consejo de Pol=EDtica de = Seguridad=20 elaborar=E1 un Reglamento de r=E9gimen interior que ser=E1 aprobado por = el mismo.

Art=EDculo 49.

1. Dentro del Consejo de Pol=EDtica de Seguridad funcionar=E1 un = Comit=E9 de=20 Expertos integrado por ocho representantes, cuatro del Estado y cuatro = de las=20 Comunidades Aut=F3nomas, designados estos =FAltimos anualmente por los = miembros del=20 Consejo de Pol=EDtica de Seguridad que representen a las Comunidades = Aut=F3nomas.=20 Dicho Comit=E9 tendr=E1 la misi=F3n de asesorar t=E9cnicamente a aqu=E9l = y preparar los=20 asuntos que posteriormente vayan a ser debatidos en el Pleno del mismo y = con=20 car=E1cter espec=EDfico:

-Elaborar y proponer f=F3rmulas de coordinaci=F3n.

-Preparar acuerdos de cooperaci=F3n.

-Proponer programas de formaci=F3n y perfeccionamiento de las = Polic=EDas.

-Elaborar planes de actuaci=F3n conjunta.

2. El Reglamento de r=E9gimen interior del Consejo de Pol=EDtica de = Seguridad=20 determinar=E1 las normas de composici=F3n y funcionamiento del Comit=E9 = de=20 Expertos.

Art=EDculo 50.

1. En las Comunidades Aut=F3nomas que dispongan de Cuerpos de = Polic=EDa propios=20 podr=E1 constituirse una Junta de Seguridad, integrada por igual = n=FAmero de=20 representantes del Estado y de las Comunidades Aut=F3nomas, con la = misi=F3n de=20 coordinar la actuaci=F3n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado y de los=20 Cuerpos de Polic=EDa de la Comunidad Aut=F3noma, en los t=E9rminos que=20 reglamentariamente se determinen.

2. La Junta de Seguridad ser=E1 el =F3rgano competente para resolver = las=20 incidencias que pudieran surgir en la colaboraci=F3n entre los miembros = de las=20 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Polic=EDa = de la=20 Comunidad Aut=F3noma.

A tal efecto, las Autoridades competentes de las Comunidades = Aut=F3nomas y los=20 Gobernadores civiles deber=E1n informar peri=F3dicamente a dicha Junta = acerca de las=20 deficiencias que se observen en la coordinaci=F3n, mutuo auxilio e = informaci=F3n=20 rec=EDproca entre aqu=E9llos, indicando las medidas oportunas para = corregir los=20 problemas suscitados.

[subir]

TITULO V
De las Polic=EDas = Locales

Art=EDculo 51. (modificada=20 por Ley org=E1nica 1/2003)

1. Los municipios podr=E1n crear cuerpos de polic=EDa propios, de = acuerdo con lo=20 previsto en la presente Ley, en la Ley=20 de Bases de R=E9gimen Local y en la legislaci=F3n = auton=F3mica.

2. En los municipios donde no exista polic=EDa municipal, los = cometidos de =E9sta=20 ser=E1n ejercidos por el personal que desempe=F1e funciones de custodia = y vigilancia=20 de bienes, servicios e instalaciones, con la denominaci=F3n de guardas,=20 vigilantes, agentes, alguaciles o an=E1logos.

3. Dichos cuerpos s=F3lo podr=E1n actuar en el =E1mbito territorial = del municipio=20 respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de = las=20 autoridades competentes.

No obstante, cuando ejerzan funciones de protecci=F3n de autoridades = de las=20 corporaciones locales, podr=E1n actuar fuera del t=E9rmino municipal = respectivo, con=20 autorizaci=F3n del Ministerio del Interior o de la correspondiente = autoridad de la=20 Comunidad Aut=F3noma que cuente con cuerpo de polic=EDa auton=F3mica, = cuando=20 desarrollen =EDntegramente esas actuaciones en el =E1mbito territorial = de dicha=20 Comunidad Aut=F3noma.

Art=EDculo 52.

1. Los Cuerpos de Polic=EDa Local son Institutos armados, de = naturaleza civil,=20 con estructura y organizaci=F3n jerarquizada, rigi=E9ndose, en cuanto a = su r=E9gimen=20 estatutario, por los principios generales de los Cap=EDtulos II y III = del T=EDtulo I=20 y por la Secci=F3n 4=AA del Cap=EDtulo IV del T=EDtulo II de la presente = Ley, con la=20 adecuaci=F3n que exija la dependencia de la Administraci=F3n = correspondiente, las=20 disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Aut=F3nomas y los = Reglamentos espec=EDficos para cada Cuerpo y dem=E1s normas dictadas por = los=20 correspondientes Ayuntamientos.

2. Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en = atenci=F3n=20 a la especificidad de las funciones de dichos Cuerpos, les ser=E1 de = aplicaci=F3n la=20 Ley que se dicte en cumplimiento de lo establecido en la disposici=F3n = adicional=20 segunda, apartado 2, de la Ley Org=E1nica 11/1985, de 2 de agosto, de = Libertad=20 Sindical.

3. Ser=E1 tambi=E9n de aplicaci=F3n a los miembros de dichos Cuerpos = lo dispuesto,=20 respecto a los Cuerpos de Polic=EDa de las Comunidades Aut=F3nomas, en = el art=EDculo=20 41.3 de la presente Ley; si bien la facultad que en el mismo se atribuye = a las=20 Juntas de Seguridad corresponder=E1 al Gobernador civil respectivo.

Art=EDculo 53.

1. Los Cuerpos de Polic=EDa Local deber=E1n ejercer las siguientes = funciones:

a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y = vigilancia o=20 custodia de sus edificios e instalaciones.

b) Ordenar, se=F1alizar y dirigir el tr=E1fico en el casco urbano, = de acuerdo=20 con lo establecido en las normas de circulaci=F3n.

c) Instruir atestados por accidentes de circulaci=F3n dentro del = casco=20 urbano.

d) Polic=EDa Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, = Bandos y dem=E1s=20 disposiciones municipales dentro del =E1mbito de su competencia.

e) Participar en las funciones de Polic=EDa Judicial, en la forma = establecida=20 en el art=EDculo 29.2 de esta Ley.

f) La prestaci=F3n de auxilio, en los casos de accidente, = cat=E1strofe o=20 calamidad p=FAblica, participando, en la forma prevista en las Leyes, = en la=20 ejecuci=F3n de los planes de Protecci=F3n Civil.

g) Efectuar diligencias de prevenci=F3n y cuantas actuaciones = tiendan a=20 evitar la comisi=F3n de actos delictivos en el marco de colaboraci=F3n = establecido=20 en las Juntas de Seguridad.

h) Vigilar los espacios p=FAblicos y colaborar con las Fuerzas y = Cuerpos de=20 Seguridad del Estado y con la Polic=EDa de las Comunidades Aut=F3nomas = en la=20 protecci=F3n de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en = grandes=20 concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

i) Cooperar en la resoluci=F3n de los conflictos privados cuando = sean=20 requeridos para ello.

2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Polic=EDa Local en = el=20 ejercicio de las funciones previstas en los apartados c) y g) = precedentes=20 deber=E1n ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado=20 competentes.

3. En los municipios de gran poblaci=F3n podr=E1n crearse, por = el Pleno de=20 la Corporaci=F3n, Cuerpos de funcionarios para el ejercicio exclusivo de = las=20 funciones previstas en el p=E1rrafo b) del apartado 1. Dichos = funcionarios no se=20 integrar=E1n en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el ejercicio de = esas=20 funciones tendr=E1n la consideraci=F3n de agentes de la autoridad, = subordinados a=20 los miembros de los respectivos Cuerpos de Polic=EDa Local.
Los = funcionarios=20 integrantes de los Cuerpos referidos en el p=E1rrafo anterior se = regir=E1n por las=20 normas contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas = para la=20 Reforma de la Funci=F3n P=FAblica, y las dem=E1s normas que se dicten en = desarrollo y=20 aplicaci=F3n de la misma. (P=E1rrafo a=F1adido por Ley Org=E1nica = 19/2003)

Art=EDculo 54.

1. En los municipios que tengan Cuerpo de Polic=EDa propio, podr=E1 = constituirse=20 una Junta Local de Seguridad, que ser=E1 el =F3rgano competente para = establecer las=20 formas y procedimientos de colaboraci=F3n entre los miembros de las = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad en su =E1mbito territorial.

2. La constituci=F3n de dichas Juntas y su composici=F3n se = determinar=E1=20 reglamentariamente. La presidencia corresponder=E1 al Alcalde, salvo que = concurriera a sus sesiones el Gobernador civil de la provincia, en cuyo = caso, la=20 presidencia ser=E1 compartida con =E9ste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

-1. En el Cuerpo Nacional de Polic=EDa se integrar=E1n los = funcionarios de los=20 Cuerpos Superior de Polic=EDa y de Polic=EDa Nacional, que quedan = extinguidos.

La integraci=F3n en las Escalas previstas en el art=EDculo 17 de esta = Ley se=20 realizar=E1 en la forma siguiente:

En la Escala Superior:

Primera categor=EDa: Comisarios Principales, Coroneles y el = n=FAmero de=20 Comisarios y Tenientes Coroneles que reglamentariamente se determine = de=20 acuerdo con la disposici=F3n adicional tercera 1.

Segunda categor=EDa: Comisarios, Tenientes Coroneles y = Comandantes.

En la Escala Ejecutiva:

Primera categor=EDa: Subcomisarios, Capitanes e Inspectores de = primera.

Segunda categor=EDa: Tenientes e Inspectores de segunda y=20 tercera.

En la Escala de Subinspecci=F3n:

Suboficiales. En la Escala B=E1sica:

Primera categor=EDa: Cabos.

Segunda categor=EDa: Polic=EDas = Nacionales.

2. Dentro de cada Escala, la integraci=F3n se har=E1 por riguroso = orden de empleo=20 o categor=EDa y antig=FCedad en los mismos, sobre la base de otorgar la = misma=20 puntuaci=F3n al empleo de Coronel y a la categor=EDa de Comisario = principal; al=20 empleo de Teniente Coronel y a la categor=EDa de Comisario; al empleo de = Capit=E1n y=20 a la categor=EDa de Inspector de primera, y al empleo de Teniente y a la = categor=EDa=20 de Inspector de segunda.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas que hasta la entrada en vigor = de la=20 presente Ley Org=E1nica ven=EDan prestando servicio en el Cuerpo de = Polic=EDa=20 Nacional, podr=E1n optar, en el plazo de seis meses desde dicha entrada = en vigor,=20 por integrarse definitivamente en las Escalas correspondientes del = Cuerpo=20 Nacional de Polic=EDa, en cuyo caso pasar=E1n a la situaci=F3n militar = de retirado, o=20 por reintegrarse a su Arma o Cuerpo de procedencia. (Ver=20 Real Decreto 1795/1986, de 29 de agosto, por el que se regula el = ejercicio,=20 alcance y efectos de la opci=F3n prevista en la disposici=F3n = transitoria primera de=20 la Ley Org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad, en=20 favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, que ven=EDan prestando = servicio en=20 el Cuerpo de Poloc=EDa Nacional en el momento de entrada en vigor de = dicha Ley).=20

4. El personal del Cuerpo de la Polic=EDa Nacional escalafonado como=20 especialista en la M=FAsica y Ayudantes T=E9cnicos de Sanidad, se = incorporar=E1 a las=20 respectivas Escalas y categor=EDas del nuevo Cuerpo Nacional de = Polic=EDa, en el=20 lugar que les pueda corresponder con arreglo a su empleo y antig=FCedad, = sin=20 perjuicio de que contin=FAen rigi=E9ndose, en cuanto no se oponga a lo = dispuesto en=20 esta Ley, y hasta tanto se desarrollen sus especiales caracter=EDsticas, = por las=20 normas que los regulan.

5. Los miembros del extinguido Servicio de Tr=E1fico, que figuran en = escalaf=F3n=20 aparte, se incorporar=E1n al nuevo Cuerpo Nacional de Polic=EDa, en el = lugar que les=20 pueda corresponder con arreglo a su empleo y antig=FCedad.

6. Los miembros del Cuerpo de Polic=EDa Nacional que ingresaron por=20 convocatorias especiales para el Batall=F3n de Conductores prestar=E1n = los servicios=20 propios de su empleo en cualquier destino que pudiera = corresponderles.

7. Los Subcomisarios, Capitanes e Inspectores de primera, integrados = en la=20 Escala Ejecutiva, que en la fecha de promulgaci=F3n de esta Ley hubieran = alcanzado=20 una antig=FCedad en el Cuerpo o Carrera de procedencia, igual o superior = a quince=20 a=F1os, podr=E1n quedar integrados en la Escala Superior, previa = superaci=F3n de las=20 pruebas y cursos que al efecto se determinen.

En todo caso, para concurrir a dichas pruebas, ser=E1 preciso en el = caso de los=20 Oficiales procedentes del Ej=E9rcito, llevar un m=EDnimo de tres a=F1os = con destino en=20 la Polic=EDa Nacional en la fecha de la convocatoria de estas = pruebas.

8. (Apartado derogado por Ley 26/1994)

Podr=E1 reservarse, para la promoci=F3n interna, con dispensa de = un grado del=20 requisito de titulaci=F3n y siempre que se hayan realizado los cursos y = obtenido=20 los diplomas en la Escuela de Polic=EDa que reglamentariamente se = determinen,=20 hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas para los funcionarios = integrados=20 en la Escala inmediata inferior. Los funcionarios citados s=F3lo = podr=E1n ejercitar=20 este derecho en tres convocatorias, si=E9ndoles de aplicaci=F3n las = dem=E1s=20 previsiones contenidas en la disposici=F3n adicional segunda de la = presente=20 Ley.

9. A los efectos previstos en esta disposici=F3n, ser=E1n computables = como de=20 carrera militar los cuatro a=F1os de estudios en la Academia Militar de = los=20 Oficiales procedentes de las Fuerzas Armadas.

Segunda.

1. La integraci=F3n a que se refiere la disposici=F3n anterior no = supondr=E1=20 variaci=F3n econ=F3mica alguna para los funcionarios de los Cuerpos = mencionados=20 durante el presente ejercicio, que seguir=E1n percibiendo las = retribuciones=20 correspondientes a su anterior empleo o categor=EDa, de acuerdo con la = normativa=20 vigente.

2. Los Oficiales integrados en la Escala Ejecutiva, con arreglo a lo=20 establecido en la disposici=F3n anterior, que hubieren alcanzado = t=EDtulos del grupo=20 A, mantendr=E1n las retribuciones b=E1sicas correspondientes a dichos = t=EDtulos. No=20 obstante, todos los funcionarios integrados en la misma categor=EDa = percibir=E1n=20 id=E9nticas remuneraciones globales, en cuanto por su pertenencia a la = misma.

Tercera.

Si, como consecuencia de la integraci=F3n en el Cuerpo Nacional de = Polic=EDa, de=20 los miembros de los Cuerpos Superior de Polic=EDa y Polic=EDa Nacional y = de la=20 subsiguiente aprobaci=F3n de las plantillas correspondientes, resultase = una=20 inadecuada distribuci=F3n de efectivos, en las Escalas, categor=EDas o = en las=20 Unidades, el personal sobrante podr=E1 optar entre:

a) El traslado o destino a los servicios en que haya vacantes de la = Escala=20 o categor=EDa a que pertenezca, con la correspondiente compensaci=F3n = econ=F3mica,=20 de conformidad con lo legalmente establecido.

b) La ocupaci=F3n de plazas vacantes, en el destino en que se = encuentre,=20 cuyas funciones, sin ser exactamente las correspondientes a su Escala, = sean=20 las m=E1s afines dentro de lo posible, manteniendo las percepciones = econ=F3micas=20 de la Escala a que pertenezca.

c) El pase a la situaci=F3n de segunda actividad, previa = concesi=F3n del=20 Ministerio del Interior, en el n=FAmero y condiciones que se = determinen, siempre=20 que les resten menos de quince a=F1os para alcanzar la edad de = jubilaci=F3n.

d) El pase a la situaci=F3n de excedencia forzosa, con los derechos = y=20 obligaciones previstos reglamentariamente.

Cuarta.

1.(Apartado derogado por Ley 26/1994)

Mientras no se proceda al desarrollo de la situaci=F3n de segunda = actividad=20 de los miembros del Cuerpo Nacional de Polic=EDa creada por esta Ley, = los=20 funcionarios procedentes del Cuerpo de la Polic=EDa Nacional seguir=E1n=20 provisionalmente el r=E9gimen vigente de dicha situaci=F3n, y los = procedentes del=20 Cuerpo Superior pasar=E1n igualmente a la misma al cumplir la edad de = sesenta y=20 dos a=F1os, en la que permanecer=E1n hasta la edad de jubilaci=F3n, y en = la que=20 continuar=E1n perfeccionando trienios y percibiendo id=E9nticas = retribuciones que en=20 activo, excepto las que se deriven de la clase de destino o del lugar de = residencia.

2. Mientras no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario del = r=E9gimen=20 disciplinario del Cuerpo Nacional de Polic=EDa, y en aquellos aspectos = que no=20 est=E9n directamente regulados en esta Ley, se aplicar=E1 a los miembros = de los dos=20 colectivos que se integran en dicho Cuerpo las previsiones del Real = Decreto=20 1346/1984, de 11 de julio.

[subir]

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

Si excepcionalmente y en atenci=F3n a las necesidades del servicio, = el=20 Ministerio del Interior, a trav=E9s de la selecci=F3n correspondiente, = adscribe=20 personal con la debida formaci=F3n para ejercer funciones de mando en = unidades=20 uniformadas del Cuerpo Nacional de Polic=EDa, si fuera militar, pasar=E1 = a la=20 situaci=F3n militar que corresponda.

Segunda.

Los requisitos de ingreso en el Cuerpo Nacional de Polic=EDa, = duraci=F3n de los=20 cursos, plazos de m=EDnima permanencia en las diversas Escalas y = categor=EDas,=20 r=E9gimen de ascensos, y de promoci=F3n, cursos, programas, = constituci=F3n de los=20 Tribunales, baremos y dem=E1s requisitos que en cada caso sean exigidos, = se=20 determinar=E1n reglamentariamente.

Tercera.

1. El Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, aprobar=E1 = el=20 Reglamento org=E1nico y de servicio del Cuerpo Nacional de Polic=EDa, = as=ED como las=20 plantillas de las Escalas y categor=EDas de dicho Cuerpo, por una sola = vez.

2. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa e = Interior,=20 aprobar=E1 el Reglamento org=E1nico y de servicio de la Guardia Civil, = as=ED como las=20 plantillas y empleos de dicho Cuerpo, por una sola vez.

3. Las plantillas org=E1nicas de las distintas Unidades dependientes = de la=20 Direcci=F3n de la Seguridad del Estado se fijar=E1n por el Ministro del=20 Interior.

4. Los Ministerios de Econom=EDa y Hacienda y de Interior dar=E1n = conjuntamente=20 las instrucciones relativas a las misiones de resguardo fiscal, = encomendadas al=20 Cuerpo de la Guardia Civil.

5. El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y = de=20 Interior, determinar=E1 la extensi=F3n del mar territorial sobre el que = se ejercer=E1n=20 las competencias atribuidas por esta Ley al Cuerpo de la Guardia = Civil.

Cuarta.

Las referencias a la Polic=EDa y a los Cuerpos Superior de Polic=EDa = y de Polic=EDa=20 Nacional, contenidas en la legislaci=F3n vigente, se considerar=E1n = hechas al Cuerpo=20 Nacional de Polic=EDa.

[subir]

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

1. Lo dispuesto en la presente Ley no ser=E1 de aplicaci=F3n a la = competencia que=20 el art=EDculo 17 del Estatuto de Autonom=EDa atribuye a las = instituciones del Pa=EDs=20 Vasco en materia de r=E9gimen de la Polic=EDa Aut=F3noma, para la = protecci=F3n de las=20 personas y bienes y el mantenimiento del orden p=FAblico dentro del = territorio=20 aut=F3nomo, que seguir=E1 regul=E1ndose por dicho Estatuto en la forma = en que se=20 determina por el mismo.

2. No obstante lo establecido en el n=FAmero anterior, los = art=EDculos 5, 6, 7 y=20 8, que contienen los principios b=E1sicos de actuaci=F3n, y las = disposiciones=20 estatutarias comunes, por su car=E1cter general, se aplicar=E1n al = r=E9gimen de la=20 Polic=EDa Aut=F3noma del Pa=EDs Vasco.

3. La coordinaci=F3n entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado y la=20 Polic=EDa Aut=F3noma en el territorio de la Comunidad Aut=F3noma del = Pa=EDs Vasco, se=20 realizar=E1 por la Junta de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el = art=EDculo=20 17 y la disposici=F3n transitoria cuarta del Estatuto de Autonom=EDa del = Pa=EDs=20 Vasco.

Segunda.

1. La Polic=EDa Aut=F3noma de Catalu=F1a se rige por su Estatuto de = Autonom=EDa y=20 normas que lo desarrollen, respecto a las que la presente Ley tendr=E1 = car=E1cter=20 supletorio, de conformidad con el art=EDculo 13.1 de aqu=E9l.

2. No obstante lo establecido en el n=FAmero anterior, por su = car=E1cter general,=20 ser=E1n de aplicaci=F3n directa al r=E9gimen de la Polic=EDa Aut=F3noma = de Catalu=F1a, los=20 art=EDculos 5, 6, 7, y 8 de esta Ley, y, en virtud de lo dispuesto = respectivamente=20 en los apartados 2 c), 7 y 4, del art=EDculo 13 del Estatuto de = Catalu=F1a, los=20 art=EDculos 38, 43 y 46 de la misma.

3. La coordinaci=F3n entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado y la=20 Polic=EDa Aut=F3noma en el territorio de la Comunidad Aut=F3noma de = Catalu=F1a, se=20 realizar=E1 por la Junta de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en = los=20 apartados 6 y 7 del art=EDculo 13 del Estatuto de Autonom=EDa de = Catalu=F1a.

Tercera.

1. La Polic=EDa Foral de Navarra se regir=E1 por la Ley Org=E1nica = 13/1982, de 10=20 de agosto, de Reintegraci=F3n y Amejoramiento del R=E9gimen Foral de = Navarra, y=20 normas que la desarrollan, respecto de las que la presente Ley tendr=E1 = car=E1cter=20 supletorio.

2. No obstante, lo establecido en el n=FAmero anterior, por su = car=E1cter=20 general, ser=E1n de aplicaci=F3n directa al r=E9gimen de la Polic=EDa = Foral, los=20 art=EDculos 5, 6, 7, 8, 43 y 46 de esta Ley, sin perjuicio de las = competencias que=20 corresponden a Navarra en materia de regulaci=F3n del r=E9gimen de = Polic=EDa, en=20 virtud de la Ley Org=E1nica 13/1982, de 10 de agosto; asimismo, y de = conformidad=20 con el art=EDculo 51.2 de la citada Ley Org=E1nica, podr=E1n aplicarse = los art=EDculos=20 38 y 39 de esta Ley, si as=ED se establece en la normativa propia de la = Comunidad=20 Foral de Navarra.

3. La coordinaci=F3n entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del = Estado y la=20 Polic=EDa Foral de Navarra se realizar=E1 por la Junta de Seguridad, de = acuerdo con=20 lo previsto por el art=EDculo 51.2 de la Ley Org=E1nica de = Reintegraci=F3n y=20 Amejoramiento del R=E9gimen Foral.

Cuarta.

Cuando las Comunidades Aut=F3nomas, a que hace referencia el apartado = 2 del=20 art=EDculo 37 de esta Ley, ejerzan sus funciones en la forma prevista en = el=20 art=EDculo 47, la financiaci=F3n de las mismas se har=E1 al 50 por 100 = con cargo a los=20 Presupuestos Generales del Estado.

Si las referidas Comunidades Aut=F3nomas optasen por crear Cuerpos de = Polic=EDa=20 propios, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del referido = art=EDculo, no les=20 ser=E1 de aplicaci=F3n lo establecido en la disposici=F3n transitoria = primera de la=20 Ley Org=E1nica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci=F3n de las = Comunidades=20 Aut=F3nomas.

Quinta.

Tienen el car=E1cter de Ley Org=E1nica los preceptos que se contienen = en los=20 T=EDtulos I, III, IV, V y el T=EDtulo II, salvo los art=EDculos 10, 11.2 = a 6, 12.1 y=20 17 del mismo, las disposiciones adicionales segunda, tercera y las = disposiciones=20 finales.

[subir]

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de la presente Ley Org=E1nica, quedan = derogadas, en su=20 totalidad, las Leyes de 15 de marzo de 1940, de 23 de noviembre de 1940, = de 2 de=20 septiembre de 1941, 24/1970, de 2 de diciembre y 55/1978, de 4 de = diciembre .=20 Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior = rango, se=20 opongan a lo preceptuado en la presente Ley.

Sentencia 55/1990, de 28 de marzo, = del pleno del=20 tribunal constitucional, en las cuestiones de inconstitucionalidad = acumuladas=20 487/1986, 158/1987, 495/1987 y 510/1987, en relaci=F3n con el articulo = 8.1,=20 p=E1rrafos segundo y tercero de la ley org=E1nica 2/1986, de 13 de = marzo, de fuerzas=20 y cuerpos de seguridad

(BOE17-04-1990)

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por Francisco Tom=E1s = y=20 Valiente, Presidente; Don Francisco Rubio Llorente, Don Antonio Truyol = Serra,=20 Don Fernando Garc=EDa-Mon y Gonz=E1lez-Regueral, Don Carlos de la Vega = Benayas, Don=20 Eugenio D=EDaz Eimil, Don Miguel Rodr=EDguez-Pi=F1ero y Bravo-Ferrer, = Don Jes=FAs=20 Leguina Villa, Don Luis L=F3pez Guerra, Don Jos=E9 Luis de los Mozos y = de los Mozos,=20 Don Alvaro Rodr=EDguez Bereijo y Don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, = ha=20 pronunciado en nombre del Rey la siguiente sentencia en las cuestiones = de=20 inconstitucionalidad acumuladas n=FAm.. 487/1986, 158/1987, 495/1987 y = 510/1987,=20 planteadas, respectivamente, las dos primeras por el Juez de = Instrucci=F3n num. 12=20 de Madrid, el Juez de Instrucci=F3n de Alcal=E1 la Real (Ja=E9n) y el = Juez de=20 Instrucci=F3n num.. 9 de Madrid, sobre, la primera de ellas, el = p=E1rrafo segundo=20 del art. 8.1 de la Ley Org=E1nica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de = Seguridad, y las=20 tres restantes sobre el p=E1rrafo tercero del mismo, por posible = oposici=F3n a los=20 arts. 14 y 24.1 y 2 C.E. ha comparecido el Senado a trav=E9s de su = Presidente, el=20 Abogado del Estado en representaci=F3n del Gobierno y el Fiscal General = del=20 Estado. Ha sido ponente el Magistrado Don Miguel Rodr=EDguez-Pi=F1ero y=20 Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer del tribunal.

I. Antecedentes

1. El d=EDa 9 de mayo de 1986 tiene entrada en este tribunal = auto de 8=20 de mayo anterior del juzgado de instrucci=F3n num.. 12 de Madrid, en el = que=20 plantea cuesti=F3n de inconstitucionalidad sobre el art. 8, segundo = p=E1rrafo, de la=20 ley org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad = por=20 posible violaci=F3n de los arts. 14, 24.1 y 2 C.E. dicho asunto fue = registrado con=20 el num.. 487/1986.

En el auto se firma, que, a la vista de unas actuaciones de miembros = de un=20 cuerpo de seguridad, en las que pod=EDa apreciarse la existencia de = indicios=20 racionales de criminalidad, la =FAnica resoluci=F3n judicial procedente, = de=20 aceptarse la legitimidad constitucional del precepto, seria la de = remitir la=20 causa a la audiencia provincial, sin poder dictar auto de procesamiento. = Por=20 tanto, la validez de la disposici=F3n legal cuestionada es condicionante = de la=20 decisi=F3n judicial, lo que demuestra la relevancia de la cuesti=F3n=20 planteada.

El auto comienza analizando el precepto cuestionado, sus = antecedentes, su=20 justificaci=F3n y la significaci=F3n procesal del auto de procesamiento = que fija=20 formalmente la sospecha, y es condici=F3n indispensable para que el juez = puede=20 actuar realmente como juez, es decir, en situaci=F3n de alteridad, lo = que exige=20 que la actividad investigadora base de la acusaci=F3n haya sido = desempe=F1ada por un=20 =F3rgano diferente.

El art. 8.1, p=E1rrafo segundo, de la ley org=E1nica 2/1986, seria = contrario al=20 principio de igualdad por contener una desigualdad de trato = injustificada y no=20 razonable, ya que ni los intereses generales ni los intereses del = =F3rgano=20 judicial, ni los intereses de los miembros de las fuerzas de seguridad,=20 justifican esta diferenciaci=F3n de trato.

Tampoco en la funci=F3n de esas fuerzas y cuerpos de seguridad = concurren=20 circunstancias o elementos aptos para determinar un r=E9gimen especial = en cuanto a=20 la sujeci=F3n al procedimiento criminal. La =FAnica raz=F3n pod=EDa ser = la desconfianza=20 o suspicacia respecto del juez normal y natural, lo que seria=20 constitucionalmente inadmisible, puesto que el precepto encuentra su = verdadera=20 raz=F3n en el terreno de la oportunidad pol=EDtica, lo que en modo = alguno puede=20 prevalecer sobre el criterio de legitimidad constitucional, ya que ni = las=20 peculiaridades de la funci=F3n de los miembros de cuerpos y fuerzas de = seguridad=20 ni las condiciones de idoneidad de los jueces de instrucci=F3n = justifican=20 racionalmente la creaci=F3n de un fuero especial para los primeros y la = privaci=F3n=20 de conocimiento para los segundos.

El precepto cuestionado seria adem=E1s contrario al principio del = "juez=20 natural" del art. 24.2 de la Constituci=F3n espa=F1ola. Tal principio, = concreci=F3n=20 del principio de igualdad ante la ley en el plano de la jurisdicci=F3n, = exige que=20 la atribuci=F3n de las causas y litigios al juez que en el supuesto = concreto ha de=20 conocer se haga conforme al criterio objetivado por la ley y con = car=E1cter de=20 generalidad, y se encuentra hist=F3ricamente ligado a la prohibici=F3n = de instituir=20 magistraturas especiales. Este fundamental mecanismo de garant=EDas = impide la=20 utilizaci=F3n arbitraria de la magistratura como inmediato instrumento = del poder=20 apol=EDtico y permite la distribuci=F3n del trabajo judicial con = criterios de=20 racionalidad y certeza. La ley org=E1nica 6/1985, de 1 de julio, = desarrolla este=20 derecho postulando un n=FAmero cerrado de =F3rganos y determinando el = =E1mbito preciso=20 de actividad para el que cada uno de ellos se encuentra a su vez = legitimado.=20 Dicha ley en su art. 87.1 establece que los juzgados de instrucci=F3n = conocer=E1n en=20 el orden penal de la instrucci=F3n de las causas cuyo conocimiento = corresponde a=20 las audiencias. R=E9gimen previsto con car=E1cter de generalidad en una = ley que=20 "codifica" de manera unicomprensiva la forma en que la potestad = jurisdiccional=20 debe ejercerse en nuestra realidad postconstitucional, con evidente = vocaci=F3n de=20 exclusividad en el tratamiento del =E1mbito de la organizaci=F3n y la = actividad=20 estatal. Supone la superaci=F3n de la fase hist=F3rica en que la = dimensi=F3n judicial=20 de las cuestiones aparece como simple ap=E9ndice del tratamiento legal=20 particularizado de cada una de ellas. Por ello resulta an=F3malo que la = ley=20 org=E1nica 2/1986 introduzca una grave quiebra de la racionalidad = interna y en la=20 econom=EDa de los principios de orden instalados por la LOPJ, haciendo = regresar=20 llamativamente a nuestro sistema de legalidad a un momento anterior y ya = ampliamente superado de la t=E9cnica y la pol=EDtica = legislativa.

El precepto cuestionado deroga el principio del juez natural, ya que=20 corresponde a la ley org=E1nica del poder judicial decir con la = necesaria=20 generalidad que juez es el ordinario en cada supuesto, mientras que el=20 establecimiento de un fuero especial para los miembros de los cuerpos y = fuerzas=20 de seguridad por una parte desnaturaliza a determinados efectos a todo = un orden=20 jurisdiccional y al mismo tiempo convierte a otro orden de la = jurisdicci=F3n en=20 una an=F3mala jurisdicci=F3n especial de car=E1cter ocasional con una = ruptura de la=20 normalidad. De esta forma la ley establece una excepci=F3n a la regla = general en=20 atenci=F3n a determinadas personas o cosas, disponiendo a la audiencia = provincial=20 la realizaci=F3n de actos propios de instrucci=F3n para los que no se = encuentra=20 funcionalmente predispuesta e introduciendo una serie de distorsiones a = la=20 l=F3gica interna del proceso penal con negativas derivaciones para la = calidad del=20 enjuiciamiento.

El precepto cuestionado comporta adem=E1s una quiebra de la = efectividad del=20 contradictorio y constituye un obst=E1culo a la tutela judicial efectiva = del art.=20 24.1. El proceso ordinario por delito responde en nuestra ley de = enjuiciamiento=20 criminal al sistema acusatorio formal o mixto, cuya caracter=EDstica = m=E1s saliente=20 es la diferenciaci=F3n dentro de el de dos fases, la de instrucci=F3n y = la de=20 enjuiciamiento propiamente dicho, inspiradas en principios de muy = diversa=20 naturaleza y que asimismo presuponen modos judiciales de actuar = francamente=20 diferenciados. La validez del modelo requiere la intervenci=F3n sucesiva = de dos=20 =F3rganos judiciales diferentes, de los que solo el que act=FAa en la = segunda fase=20 lo hace con car=E1cter propiamente jurisdiccional. La efectividad de la=20 contradicci=F3n en el proceso puede verse negada por la atribuci=F3n, = operada por el=20 precepto que se examina, de facultades instructoras y de la competencia = para la=20 inculpaci=F3n formal a las audiencias provinciales, comprometi=E9ndolas = en=20 actividades propias de la investigaci=F3n sumarial. Con ello se olvida = que carecen=20 del necesario contacto y de la inmediaci=F3n respecto a los hechos, = adem=E1s de que=20 la estructura colegiada no permite actuar eficazmente en esta fase. Al = mismo=20 tiempo se produce una evidente contaminaci=F3n inquisitiva, la p=E9rdida = de=20 capacidad para situarse a la necesaria distancia critica respecto del = objeto del=20 procedimiento, perdiendo la imparcialidad del =F3rgano judicial que = exige el art.=20 6.1 del convenio europeo para la protecci=F3n de los derechos humanos,=20 interpretado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de = Derechos=20 Humanos. Por otro lado, la atribuci=F3n del procesamiento a esos = tribunales=20 determina para los interesados la p=E9rdida de la posibilidad del = recurso contra=20 la medida.

2. Por providencia de 20 de mayo de 1986, la secci=F3n = acord=F3 o=EDr al=20 Fiscal General del Estado, a tenor de lo dispuesto en el art. 37.1 LOTC, = para=20 que en el plazo de diez d=EDas expusiera lo que estimase procedente = acerca de la=20 inadmisibilidad de la cuesti=F3n.

El Fiscal General del Estado presenta escrito en el que se opone a la = admisi=F3n a tr=E1mite de la cuesti=F3n, en primer lugar, y desde el = plano formal o=20 procesal, por estimar que faltan las condiciones procesales, tanto a la = luz del=20 art. 163 C.E. como del art. 35 de la propia LOTC, no corresponde al = =F3rgano=20 judicial proponente emitir un "fallo", a=FAn entendido este = extensivamente con=20 pronunciamiento decisivo e imperativo de una resoluci=F3n judicial. = Desde el plano=20 sustantivo la cuesti=F3n es notoriamente infundada, pues el Tribunal=20 Constitucional ya ha resuelto en diversas decisiones que no es contrario = al art.=20 14 C.E. la existencia de normas que establecen un fuero especial en = favor de=20 determinados cargos o funcionarios, y ha reconocido la viabilidad = constitucional=20 de atribuci=F3n de competencia en bloque para conocer de un determinado = proceso a=20 =F3rganos de instancias judiciales superiores. Ello supone admitir = impl=EDcitamente=20 tambi=E9n la posibilidad de que la actividad investigadora y de = resoluci=F3n se=20 identifiquen en un mismo =F3rgano judicial, y ello no implica una = p=E9rdida de la=20 imparcialidad de ese =F3rgano Se analiza seguidamente la jurisprudencia=20 constitucional sobre el principio de "juez ordinario predeterminado por = la ley"=20 del art. 24.2 C.E., concepto que no puede identificarse con el de "juez=20 natural".

3. Por providencia de 19 de junio de 1986, la secci=F3n = acord=F3 admitir a=20 tr=E1mite la cuesti=F3n promovida por el juzgado de instrucci=F3n num. = 12 de Madrid,=20 publicar su incoaci=F3n en el "Bolet=EDn Oficial del Estado" y dar = traslado de la=20 misma al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal = General=20 del Estado, para la formulaci=F3n de alegaciones.

Se ha personado el Senado a trav=E9s de su presidente, ofreciendo su=20 colaboraci=F3n a los efectos del art. 88.1 LOTC

4. El Fiscal General del Estado inicia su escrito de = alegaciones=20 reiterando las razones formales por las que la cuesti=F3n deber=EDa ser = inadmitida=20 sin entrar en el fondo del asunto.

Sobre el fondo de la cuesti=F3n se=F1ala, en primer lugar, que la ley = org=E1nica=20 2/1986, de 13 de marzo, se ha dictado en cumplimiento de un mandato=20 constitucional y con la mayor=EDa cualificada propia de una ley = org=E1nica, a la que=20 corresponde determinar los "estatutos de las fuerzas y cuerpos de = seguridad".=20 Dentro de ese estatuto se incluye el art. 8, que establece que el = conocimiento=20 de las causas criminales no sale del =E1mbito de la jurisdicci=F3n = ordinaria, por=20 otro lado, no se requiere acuerdo o resoluci=F3n judicial de = inhibici=F3n en favor=20 de la audiencia provincial, ni tampoco trata de configurar dos tiempos=20 procesales, uno a cargo del juez de instrucci=F3n y otro de la = audiencia, sino que=20 declarar competente a la audiencia provincial significa que la = instrucci=F3n hasta=20 ese momento practicada por el juez se asume o rechaza en todo o en parte = por la=20 audiencia que va a conocer en su integridad del proceso penal.

El juez al decidir el procesamiento no esta ejerciendo una funci=F3n = inquirente=20 y no se sit=FAa en una posici=F3n "parcial", por ello es posible = formular=20 apelaciones contra procesamientos ante el tribunal que mas adelante = conocer=E1 el=20 proceso. Tambi=E9n se rechaza que el art. 54.12 de la ley de = enjuiciamiento=20 criminal este regulando el supuesto de que un mismo =F3rgano judicial = tenga=20 atribuidas por la ley competencias de instrucci=F3n y de conocimiento = del proceso,=20 sino solo el ejercicio a titulo personal de dos funciones distintas y en = momentos procesales tambi=E9n diferentes.

En cuanto al contraste del precepto legal dubitado y el art. 14 C.E., = el=20 Fiscal General del Estado recuerda los autos del Tribunal Constitucional = que han=20 contemplado el r=E9gimen procesal estatuido en favor de los miembros de = la polic=EDa=20 sin considerarlos contrarios al art. 14 C.E. entiende adem=E1s que la = igualdad se=20 lesionar=EDa si su efecto fuera negativo, o sea, si se redujeran las = garant=EDas=20 procesales, pero no cuando es amplificador de garant=EDas, en = consideraci=F3n a la=20 funci=F3n que ejercen estos funcionarios y que concierne al inter=E9s = publico. De=20 acuerdo a la STC 61/1982 puede existir una justificaci=F3n objetiva y = razonable=20 que permita, sin lesi=F3n del principio de igualdad ante la ley, = establecer=20 mecanismos procesales distintos de aquellos que sirven al proceso penal=20 ordinario sin que necesariamente tengan que estar previstos ya en la=20 Constituci=F3n. Aun no estando el fen=F3meno expresamente determinado en = la=20 Constituci=F3n, la jerarqu=EDa org=E1nica de las personas a las que se = concede el=20 fuero, unida al inter=E9s general insito en la protecci=F3n de las = funciones por=20 ellas ejercidas, constituyen fundamento bastante para otorgar un trato = procesal=20 distinto, con lo que se advierte diferenciaci=F3n razonablemente = justificadora de=20 la quiebra procesal general tanto con respecto a dichas personas como en = orden a=20 la competencia normal de los =F3rganos judiciales. Y no es dato = relevante el que=20 esa regulaci=F3n no se contenga en la ley org=E1nica del poder judicial, = sino en=20 otra norma distinta, pues el art. 117.3 C.E. se remite, en plural, a las = "leyes".

En relaci=F3n con el posible contraste del art. 8.1, p=E1rrafo = segundo, de la ley=20 org=E1nica 2/1986, y el art. 24.2 C.E. en orden al juez ordinario = predeterminado=20 por la ley, se se=F1ala que en el debate constitucional se quiso evitar=20 conscientemente el uso de la expresi=F3n "juez natural", para incluir el = t=E9rmino,=20 de alcance distinto, juez ordinario predeterminado por la ley, que lo = que trata=20 de excluir es una jurisdicci=F3n especial de car=E1cter ocasional, = mientras que la=20 ley impugnada deja claro la sujeci=F3n a la jurisdicci=F3n = ordinaria.

La atribuci=F3n de competencias a las audiencias provinciales no = supone=20 obst=E1culo alguno al principio de contradicci=F3n ni p=E9rdida de las = condiciones de=20 imparcialidad y neutralidad. La doctrina sentada en el caso de cubber = por el=20 Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede generalizarse, dado que en = aquel=20 caso se dio la insistente presencia de un mismo juez en diversas = instancias y=20 procesos contra la misma persona, lo que pudo entenderse bastante para = que=20 surgiera la duda acerca de la imparcialidad de aquel. El convenio = europeo de=20 derechos humanos no prohibe, con car=E1cter general y para todos los = supuestos=20 procesales, que un mismo =F3rgano judicial no pueda realizar la = instrucci=F3n o la=20 continuidad de la instrucci=F3n y el enjuiciamiento de ciertas causas, = por raz=F3n=20 de los sujetos en ellas implicados.

Por tanto la atribuci=F3n de tales competencias dichas a las = audiencias=20 provinciales por la ley org=E1nica 2/1986 no comporta oposici=F3n = radical al derecho=20 a la tutela judicial consagrado por el art. 24.1 C.E.

Sin perjuicio de la reserva hecha en torno al momento procesal en que = se=20 plantea la cuesti=F3n, se interesa se dicte sentencia declarando no ser=20 inconstitucional el art. 8.1, p=E1rrafo segundo, de la ley org=E1nica = 2/1986, de=20 fuerzas y cuerpos de seguridad, por no ser opuesto a los art=EDculos. = 14, 24.1 y 2=20 de la Constituci=F3n

5. El abogado del estado comienza sus alegaciones poniendo en = duda que=20 en el presente caso se den los requisitos procesales que permiten = plantear la=20 cuesti=F3n de inconstitucionalidad, y la competencia del juez proponente = de la=20 cuesti=F3n para dictar el fallo y resoluci=F3n en el que haya de tenerse = en cuenta=20 la norma de cuya constitucionalidad se duda. La legitimaci=F3n de los = =F3rganos=20 jurisdiccionales para plantear cuestiones de inconstitucionalidad viene = dada no=20 por una cualidad subjetiva, ser juez, sino a trav=E9s del presupuesto = objetivo de=20 la competencia para resolver sobre la aplicaci=F3n de la norma legal, y = de la=20 misma manera que la competencia judicial es una cualidad exclusiva y = excluyente,=20 ha de serlo tambi=E9n la legitimaci=F3n para el proceso de = inconstitucionalidad que=20 es pura consecuencia o derivaci=F3n de la competencia . Al juez = proponente le=20 correspond=EDa solo un tr=E1mite material de traslado sin emitir un = pronunciamiento=20 decisivo e imperativo de una resoluci=F3n judicial, sea cual sea la = forma en que=20 adopta su decisi=F3n

El art. 52 de la ley org=E1nica del poder judicial regula los = tr=E1mites y el=20 =F3rgano competente para resolver las cuestiones de competencia, lo que = incluye no=20 solo una discrepancia de criterios, sino tambi=E9n las dudas sobre = competencia.=20 Sin que puedan extremarse las diferencias entre cuestiones de = competencia y=20 cuestiones de constitucionalidad, cuando lo que se cuestiona es la=20 constitucionalidad de la norma de competencia ha de exigirse que el=20 planteamiento de la misma provenga precisamente del =F3rgano llamado por = la ley=20 ordinaria para aplicar la norma que se cuestiona, de acuerdo al art. 52 = de la=20 LOPJ, la propia audiencia provincial.

En relaci=F3n a la vulneraci=F3n del principio de igualdad, es = innecesario entrar=20 a contraargumentar las razones del auto, defendiendo las que tuvieron o = pudieran=20 tener los =F3rganos legislativos que adoptaron la ley.

Discutir la racionalidad de la ley, mediante la reproducci=F3n de un = debate=20 parlamentario, es una labor est=E9ril, pues la racionalidad de la ley, a = efectos=20 de justicia constitucional, tiene un significado jur=EDdico estricto que = se=20 concreta en el respeto a la Constituci=F3n al no ser posible un juez = =FAnico para=20 todos los asuntos, y existir una pluralidad de jueces, la distribuci=F3n = de=20 competencias entre los juzgados y tribunales no puede decirse que altere = el=20 principio de igualdad. La atribuci=F3n de una competencia a un =F3rgano = judicial con=20 preferencia a otros es en definitiva una cuesti=F3n en la que = intervienen siempre=20 razones de oportunidad (mayor o menor complejidad t=E9cnica de los = asuntos, mayor=20 o menor volumen de trabajo, conveniencia de distribuci=F3n territorial, = etc.),=20 Siendo esa delimitaci=F3n de competencia cometido propio de la ley y "no = es de por=20 si materia constitucional" (stc 43/1985). No es correcto que = determinadas reglas=20 de competencia representen una excepci=F3n a determinadas reglas = generales, puesto=20 que cada regla de competencia tiene un sentido y car=E1cter general = respecto de=20 los supuestos hacia los que esta proyectada. El principio de igualdad no = se ve=20 afectado por el hecho de que determinados delitos sean conocidos por las = audiencias provinciales, hip=F3tesis com=FAn en nuestro ordenamiento y = que encuentra=20 incluso sanci=F3n expl=EDcita en algunos preceptos constitucionales (atc = 80/1983).

El derecho al juez predeterminado por la ley significa positivamente = la=20 rigurosa predeterminaci=F3n legal de las reglas de competencia y = negativamente la=20 prohibici=F3n de instituir magistraturas especiales. No puede = identificarse la ley=20 org=E1nica del poder judicial como la norma general, ni el precepto = cuestionado=20 como creando una jurisdicci=F3n especial de car=E1cter ocasional, pues = es un=20 precepto tan general como la LOPJ, aunque la extensi=F3n o alcance = material de sus=20 preceptos sea distinto. La jurisdicci=F3n de las audiencias provinciales = es tan=20 com=FAn como la de los juzgados de instrucci=F3n. Los argumentos = funcionales o de=20 eficacia de la medida son un juicio de valor ajeno por completo a una = cuesti=F3n=20 de inconstitucionalidad.

Las circunstancias singulares del caso de cubber y las funciones que=20 corresponden al juez de instrucci=F3n belga hacen que no pueda = generalizarse esa=20 doctrina ni aplicarse al procedimiento que dise=F1a el art. 8 de la ley=20 cuestionada, que atribuye funciones de instrucci=F3n a las audiencias en = un=20 momento ya avanzado de las diligencias de investigaci=F3n, es decir, = cuando el=20 propio juez de instrucci=F3n entiende que existen indicios racionales de = criminalidad tras las instrucciones por el realizadas y habr=EDa de = dictar auto de=20 procesamiento. Con ello se demuestra que la regulaci=F3n cuestionada no = difiere=20 grandemente de la com=FAn, con la =FAnica singularidad de que la = audiencia=20 provincial pueda ordenar la practica de nuevas diligencias. La = atribuci=F3n de=20 competencias instructoras a un =F3rgano judicial colegiado, llamado a = dictar el=20 fallo, es una exigencia consustancial a todos aquellos casos en los que = incluso=20 con regulaci=F3n de rango constitucional la competencia de enjuiciar se = atribuye=20 en bloque y en todas sus fases a un mismo =F3rgano Lo cual no es = obst=E1culo para=20 que las leyes procesales prevean la delegaci=F3n o nombramiento de = instructores=20 (art. 303 L.E.Crim..), Con lo que, la delaci=F3n de una competencia in = abstracto a=20 las audiencias provinciales para el ejercicio de facultades de = instrucci=F3n, no=20 presupondr=EDa aunque se llevara a sus =FAltimos extremos la = separaci=F3n entre=20 instrucci=F3n y fallo la inconstitucionalidad de la norma, sino que = habr=EDa de=20 entenderse al desarrollo particular del caso para concretar las = circunstancias=20 en que se hab=EDa asegurado la imparcialidad de los juzgadores y con = ello el=20 derecho a la tutela.

Se solicita la desestimaci=F3n de la cuesti=F3n de = inconstitucionalidad=20 propuesta.

6. El 10 de febrero de 1987 tuvo entrada en este tribunal auto = del=20 juzgado de instrucci=F3n num. 12 de Madrid, en que plantea cuesti=F3n de = inconstitucionalidad a prop=F3sito del art. 8, ep=EDgrafe 1, p=E1rrafo = 3, de la ley=20 org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, por estimarlo en contradicci=F3n con = los=20 principios consagrados en los arts. 14 y 24.2 C.E. dicho asunto fue = registrado=20 con el num.. 158/1987.

En el auto se hace referencia al precepto que motiva el planteamiento = de la=20 cuesti=F3n de inconstitucionalidad, el p=E1rrafo tercero del ep=EDgrafe = 1 del art. 8=20 de la ley org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, que establece que cuando el = hecho=20 fuese constitutivo de falta, los jueces de instrucci=F3n ser=E1n = competentes para la=20 instrucci=F3n y el fallo de conformidad con las normas de la ley de = enjuiciamiento=20 criminal. De aceptarse la legitimidad constitucional del precepto, el = juez=20 proponente tendr=EDa que celebrar el correspondiente juicio de faltas en = vez de=20 remitir las actuaciones al juzgado de distrito. Por tanto se trata de = una norma=20 aplicable para el pronunciamiento de una resoluci=F3n judicial de = materia=20 procesal.

Seguidamente se analiza el precepto, sus antecedentes y = justificaci=F3n para,=20 seguidamente, sostener que el mismo es contrario al principio de = igualdad,=20 reproduciendo, aunque sint=E9ticamente, los argumentos expresados por el = mismo=20 juez en la cuesti=F3n 487/1986, para llegar a la conclusi=F3n de que ni = las=20 peculiaridades de la funci=F3n de los cuerpos y fuerzas de seguridad ni = las=20 condiciones de idoneidad t=E9cnica de los jueces de distrito justifican = la=20 creaci=F3n de un fuero especial en materia de faltas para los primeros y = de la=20 privaci=F3n de un =E1rea de su natural competencia a los = segundos.

Se afirma, adem=E1s, que el precepto cuestionado contradice el = principio del=20 juez natural del art. 24.2 C.E. la alteraci=F3n del r=E9gimen general, = de encomendar=20 los juicios de faltas al juzgado de distrito, y la consiguiente = previsi=F3n de un=20 tratamiento de car=E1cter especial para determinada categor=EDa de = sujetos comporta=20 una indudable derogaci=F3n del principio del juez natural, desnaturaliza = determinados efectos a todo un =F3rgano jurisdiccional que resulta al = mismo tiempo=20 impl=EDcita y gravemente descalificado y reconvierte a otro orden de la=20 jurisdicci=F3n (los jueces de instrucci=F3n) en an=F3mala jurisdicci=F3n = especial de=20 car=E1cter ocasional, tantas veces como alguno de ellos tengan que = asumir=20 funciones que no le vienen encomendadas por las propias leyes = institutivas y las=20 que determinan su r=E9gimen de competencia con car=E1cter general, lo = que supone una=20 ruptura de su configuraci=F3n y cometido institucional, "de la = normalidad". El=20 juez que resulta instituido para un grupo determinado de supuestos es un = juez=20 especial, y no puede bastar la preconstituci=F3n formal para conseguir = garant=EDa de=20 naturalidad, tal como la entiende el art. 24 C.E., que no ser=E1 cuando = la ley=20 establece al mismo, sin fundamento constitucional, una excepci=F3n a la = regla=20 general, en atenci=F3n a determinadas personas.

7. Por providencia de 18 de febrero de 1987 la secci=F3n = acord=F3 admitir=20 a tr=E1mite la cuesti=F3n, publicar su incoaci=F3n en el "Bolet=EDn = Oficial del Estado"=20 y dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al = Senado, al=20 Gobierno y al Fiscal General del Estado para la formulaci=F3n de=20 alegaciones.

El Congreso de los Diputados, a trav=E9s de su presidente, comunica = que no har=E1=20 uso de las facultades de personaci=F3n ni de la formulaci=F3n de = alegaciones y que=20 pone a disposici=F3n del tribunal las actuaciones de la c=E1mara que = pueda=20 precisar.

8. El Fiscal General del Estado se=F1ala, en primer lugar, que = la=20 cuesti=F3n de inconstitucionalidad 158/87 se basa en fundamentos = sustancialmente=20 id=E9nticos a los que, el mismo juzgado de instrucci=F3n utiliz=F3 para = plantear la=20 cuesti=F3n de inconstitucionalidad 487/86, relativa a la misma ley, = aunque a un=20 p=E1rrafo distinto, el p=E1rrafo tercero del articulo 8. 1, que es = consecuencia=20 l=F3gica del contenido del mismo ep=EDgrafe, lo que har=EDa aconsejable = la=20 acumulaci=F3n. La identidad de planteamiento obliga a reproducir las = afirmaciones=20 del ministerio fiscal en la primera de las cuestiones promovidas, para = llegar a=20 id=E9ntica posici=F3n. Se recuerda el car=E1cter de ley org=E1nica, se = se=F1ala que el=20 conocimiento del proceso penal no sale del =E1mbito de la jurisdicci=F3n = ordinaria,=20 ni se configuran procesos distintos, y que tan solo se eleva un grado la = sede=20 del tribunal ante el que se va a desarrollar el proceso.

El precepto no es contrario a la igualdad, pues no contiene una = distinci=F3n=20 perjudicial, sino una ampliaci=F3n de garant=EDas, y hay una = justificaci=F3n de=20 inter=E9s publico para la medida, lo que constituye fundamento bastante = para=20 otorgar un trato procesal distinto, una diferenciaci=F3n razonablemente=20 justificadora de la quiebra procesal general tanto respecto a dichas = personas=20 como en orden a la competencia normal de los =F3rganos judiciales, por = lo que no=20 existir=EDa lesi=F3n de la exigencia constitucional de igualdad.

En relaci=F3n con el art. 24.2 C.E., el juzgado de instrucci=F3n no = se transforma=20 en una jurisdicci=F3n especial de car=E1cter ocasional, pues forma parte = del cuerpo=20 estructural de la jurisdicci=F3n ordinaria, sin que pueda confundirse=20 "jurisdicci=F3n especial", con atribuci=F3n especifica de una = determinada=20 competencia, aun cuando tal competencia no aparezca reflejada en la = LOPJ

Se interesa la desestimaci=F3n de la cuesti=F3n, y se solicita la = acumulaci=F3n del=20 presente proceso al que se tramita con el num. 487/86.

9. El abogado del estado comienza su escrito de alegaciones=20 sosteniendo que la cuesti=F3n es inadmisible, pues el acto procesal que = depende de=20 la validez del precepto cuestionado es un mero acto de tr=E1mite o de = ordenaci=F3n=20 material del proceso que debe dictarse mediante providencia, sin que sea = aplicable al caso la stc 76/1982 que trataba de la resoluci=F3n de un = recurso de=20 queja. De la validez del tercer p=E1rrafo del art. 8. 1 depende un mero = acto de=20 tr=E1mite sin ning=FAn car=E1cter decisorio, la convocatoria a juicio de = faltas, que=20 debe efectuarse por providencia, no estando concluso el procedimiento. = No es=20 aceptable tampoco el argumento de econom=EDa procesal contenido en la = stc 8/1982,=20 ya que en aquel caso la duda afectaba a una norma legal de la que = depend=EDa la=20 futura sentencia y no una simple providencia para citar a juicio. = Adem=E1s en el=20 presente caso la tramitaci=F3n del procedimiento hasta su conclusi=F3n = hubiera=20 podido introducir elementos nuevos determinantes de la relevancia de la = cuesti=F3n=20 propuesta, pues en el correspondiente juicio podr=EDa haberse llegado a = la=20 conclusi=F3n por ejemplo de que los hechos fueran delito, y entonces = hubiera=20 tenido que inhibirse el juez.

La duda del juez a quo versa sobre la constitucionalidad de una norma = de=20 aforamiento, de una norma sobre competencia jer=E1rquica. Si los hechos = no=20 constituyen falta, la cuesti=F3n propuesta es irrelevante, lo que = demuestra que es=20 prematuro plantear la cuesti=F3n, pues la exigencia del art. 35.2 LOTC = tiene como=20 funci=F3n preservar el car=E1cter concreto de este procedimiento de = control. En el=20 presente caso el juez proponente ni siquiera ha iniciado el = procedimiento del=20 juicio de faltas, planteando la cuesti=F3n a la vista del escrito de = acusaci=F3n del=20 fiscal en un procedimiento distinto, el de la ley org=E1nica de 11 de = noviembre de=20 1980, y por tanto totalmente desconexionada del procedimiento en que = debi=F3 ser=20 planteada (juicio de faltas). Se trata por tanto mas bien de una = consulta de=20 car=E1cter abstracto, como queda corroborado por los preceptos = constitucionales=20 que se invocan, que reconocen derechos fundamentales. Aunque tales = derechos no=20 sean solo derechos individuales sino tambi=E9n m=E1ximas de = organizaci=F3n, es=20 llamativo que se plantee una cuesti=F3n de inconstitucionalidad mediante = un=20 razonamiento fundado en dos derechos fundamentales para perjudicar o, al = menos,=20 no beneficiar al acusado que, con el fiscal, son las =FAnicas partes = personadas en=20 el procedimiento.

Para el caso de que el tribunal no juzgara inadmisible la cuesti=F3n = se entra=20 en el an=E1lisis de fondo, sosteniendo, en primer lugar, que el precepto = legal=20 cuestionado no viola el art. 14 C.E. tras recordar autos del tribunal = que han=20 declarado que el m=EDnimo fuero procesal concedido a los miembros de = fuerzas y=20 cuerpos de seguridad no infringe el principio de igualdad, se sostiene = que el=20 tema es el de si al dictar la norma de aforamiento cuestionada, el = legislador=20 org=E1nico ha violado el limite constitucional que resulta del art. 14 = C.E.,=20 habiendo de demostrarse que la decisi=F3n administrativa es irrazonable = o=20 arbitraria, siendo equivoca la expresi=F3n "igualdad ante la = jurisdicci=F3n".
lo=20 que duda el juez proponente es que las caracter=EDsticas de la misi=F3n = de las=20 fuerzas y cuerpos de seguridad justifiquen una regla de competencia = especial=20 para la instrucci=F3n y fallo de las faltas cometidas por sus miembros = cuando=20 desempe=F1en las funciones que les competen, pues la exigencia de = investigaci=F3n y=20 decisi=F3n de estas faltas no tendr=EDa particularidad relevante alguna = para quedar=20 fuera del alcance de la capacidad t=E9cnica o profesional de los jueces = de=20 distrito, siendo un contrasentido que los mas altos cargos del = ministerio del=20 interior (a excepci=F3n del ministro), o los alcaldes carezcan de fuero = mientras=20 disfrutan de el sus subordinados. Esta argumentaci=F3n no es = convincente, los=20 jueces de distrito y sus competencias son criaturas del legislador y los = =F3rganos=20 jurisdiccionales o sus competencias no son "naturales" por responder a = unos=20 decenios de tradici=F3n legal. La capacidad profesional o t=E9cnica no = es aqu=ED un=20 elemento relevante, ni es un argumento de constitucionalidad el = "contrasentido"=20 de la no protecci=F3n de autoridades superiores, pues la justificaci=F3n = de los=20 aforamientos no se basa en una raz=F3n de jerarqu=EDa sino en la = protecci=F3n o=20 garant=EDa de ciertas funciones.

Adem=E1s el contrasentido podr=EDa ser negativo, la falta de = concesi=F3n de fuero a=20 las autoridades que cita el juez proponente y no lo contrario.

El planteamiento correcto de la cuesti=F3n es que todo aforamiento, = como=20 reserva de competencia a determinados =F3rganos del orden jurisdiccional = penal=20 para ciertos asuntos en raz=F3n de una calidad singular de la persona o = personas=20 implicadas en ciertos hechos seria ilegitimo constitucionalmente si no=20 respondiera a una finalidad de protecci=F3n o garant=EDa compatible con = la=20 Constituci=F3n, y que goce de una justificaci=F3n objetiva que impida = considerarlo=20 un mero privilegio inconforme a la C.E. el art. 8. 1 de la ley = org=E1nica 2/1986=20 es una "disposici=F3n estatutaria com=FAn" dictada en aplicaci=F3n del = art. 104.2 C.E.=20 que mantiene el sistema penal y procesal que se venia aplicando.

La norma del segundo y tercer p=E1rrafo del art. 8. 1 se refiere a = delitos y=20 faltas cometidos "en el ejercicio de sus funciones", que son las que se=20 establecen en el art. 104.1 C.E. y en los arts. 11 y ss. De la ley = org=E1nica=20 2/1986, la protecci=F3n del libre ejercicio de derechos y libertades y = la garant=EDa=20 de la seguridad ciudadana. En muchos casos el ejercicio de aquellas = funciones o=20 el cumplimiento de esta misi=F3n, implica el uso de la fuerza o crea un = riesgo de=20 incidencia en bienes jur=EDdicos de otras personas, generalmente = delincuentes o=20 perturbadores del orden o de la seguridad ciudadana. Es notoria la = utilizaci=F3n=20 cada vez mas frecuente de v=EDas penales contra los agentes de seguridad = que=20 suponen delicadas ponderaciones (por ejemplo, la eximente und=E9cima del = art. 8.=20 del c=F3digo penal), para el examen de la razonabilidad de la norma = cuestionada=20 debe tenerse a la vista, primordialmente, el caso medio y supuesto = normal de=20 aplicaci=F3n del precepto, y no los supuestos excepcionales o = extremos.

La concesi=F3n de un =F3rgano jurisdiccional de primera instancia de = mayor=20 jerarqu=EDa, lo que es com=FAn en todo aforamiento, no significa un = desprecio o=20 desconfianza respecto a los titulares de los =F3rganos inferiores y = menos un=20 agravio al honor corporativo de un colectivo, ni tiene nada que ver con = la=20 capacidad profesional o individual de quienes sirven los distintos = =F3rganos=20 jurisdiccionales. Si los =F3rganos superiores corrigen la aplicaci=F3n e = interpretaci=F3n del derecho cumplida por los inferiores (cf. Art. 12.1 = LOPJ),=20 gozan por ello mismo, "institucionalmente", de superior idoneidad=20 t=E9cnico-jur=EDdica

La mayor protecci=F3n que dispensa la norma legal cuestionada es = justamente=20 esa: convertir en =F3rgano de primera instancia para el enjuiciamiento = de las=20 faltas cometidas por individuos de las fuerzas y cuerpos de seguridad al = que,=20 por lo general, es juez de apelaci=F3n en materia de faltas.

As=ED pues, en conclusi=F3n, la concesi=F3n de este fuero especial es = congruente=20 con la misi=F3n constitucional de las fuerzas y cuerpos de seguridad = (art. 104.1=20 C.E.), y con el reenv=EDo a su ley org=E1nica de lo relativo a = "estatuto" (art.=20 104.2 C.E.), todo lo cual viene a ser base constitucional para la=20 diferenciaci=F3n

Se trata de otorgar una mayor protecci=F3n o garant=EDa = jurisdiccional a los=20 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el enjuiciamiento de = las=20 faltas que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones mediante = una regla=20 de aforamiento basada en la superior capacidad institucional de los = jueces de=20 distrito teniendo en cuenta que estas faltas tienen la particularidad = relevante=20 de cometerse por depositarios de la fuerza publica, los agentes de la = autoridad.=20 La coacci=F3n legitima elegida por el poder publico, se utiliza para = proteger las=20 libertades y derechos de los ciudadanos o el orden necesario de toda = comunidad=20 civilizada.

Carece de fuerza persuasoria el t=E9rmino de comparaci=F3n ofrecido = por el auto=20 de planteamiento, la falta de fuero de otras personas, pues la norma = cuestionada=20 no pierde su justificaci=F3n solo por que no se haya concedido el mismo = fuero a=20 otras autoridades de seguridad, las cuales, adem=E1s, pueden ordenar el = uso de la=20 fuerza, pero no aplicarla materialmente.

El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley o al juez = legal esta=20 en evidente relaci=F3n con la prohibici=F3n constitucional de los = tribunales de=20 excepci=F3n y con la referencia a las normas de competencias contenidas = en el art.=20 117.3 C.E. y exige normas generales y anteriores al hecho. La regla = cuestionada=20 es irreprochable a la luz de la jurisprudencia constitucional, pues = predetermina=20 con car=E1cter general y abstracto el juez competente. Los jueces de = distrito o=20 los de instrucci=F3n no constituyen un "orden de la jurisdicci=F3n" ni = la norma=20 cuestionada convierte a estos =FAltimos en "an=F3mala jurisdicci=F3n = especial" y mucho=20 menos "ocasional", siendo ambos jueces penales ordinarios. Una = modificaci=F3n=20 especial lex specialis de la regla com=FAn de distribuci=F3n vertical de = la=20 competencia entre =F3rganos del orden jurisdiccional penal ordinario, no = da origen=20 a una jurisdicci=F3n especial, ni mucho menos a un juez ad hoc . Las = leyes=20 especiales, como la cuestionada, son de car=E1cter general y abstracto, = aunque el=20 circulo de sus destinatarios directos pueda ser mas reducido que el de = la ley=20 com=FAn El derecho a un juez legal no obsta a que existan normas = especiales de=20 competencia si aquellas son de car=E1cter general y abstracto. Toda la=20 argumentaci=F3n del proponente es de pol=EDtica legislativa en materia = de=20 distribuci=F3n vertical de la competencia en el orden jurisdiccional = penal,=20 preferencia pol=EDtica que es legitima pero que no cabe confundir con un = vicio de=20 inconstitucionalidad.

Por providencia de 11 de marzo de 1987, la secci=F3n acord=F3 o=EDr = al abogado del=20 estado para que alegue lo que estime procedente acerca de la = acumulaci=F3n. De=20 esta cuesti=F3n a la registrada bajo el num. 487/1986, pedida por el = ministerio=20 fiscal. El abogado del estado, sin dejar de reconocer la conexi=F3n = entre la=20 presente cuesti=F3n y la 487/1986, no estima aconsejable proceder a la=20 acumulaci=F3n, porque las razones de inadmisibilidad de una y otra son = distintas,=20 y porque en la cuesti=F3n 487/1986 se plantea una cuesti=F3n importante, = la de=20 contaminaci=F3n inquisitiva, que no existe en la 158/1987.

Por auto de 7 de marzo de 1987, el Pleno acuerda acumular la = cuesti=F3n=20 158/1987 a la registrada con el num. 487/1986, ambas planteadas por el = juzgado=20 de instrucci=F3n num.. 12 de Madrid.

10. El 14 de abril de 1987 tiene entrada en este tribunal auto = del=20 juez de instrucci=F3n de Alcal=E1 la real (Ja=E9n) del 4 de abril = anterior por el que=20 se plantea cuesti=F3n de inconstitucionalidad respecto al art. 8, = ep=EDgrafe 1,=20 p=E1rrafo tercero de la ley org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, por si = estuviera en=20 contradicci=F3n con el art. 14 C.E. Dicho asunto fue registrado con el = num.=20 495/87.

El juez proponente en su auto se refiere al precepto que motiva el=20 planteamiento de la cuesti=F3n, y a su relevancia para la resoluci=F3n = que habr=EDa de=20 dictar, remitir las actuaciones al juzgado de distrito, entendiendo que = ello es=20 un pronunciamiento decisivo o imperativo de car=E1cter procesal = incluible dentro=20 del t=E9rmino fallo del art. 163 C.E. A continuaci=F3n realiza un = an=E1lisis de los=20 antecedentes y de la justificaci=F3n del precepto, exponiendo las = razones que a su=20 juicio permiten afirmar que el precepto cuestionado es contrario al = principio de=20 igualdad, en el sentido de igualdad ante la jurisdicci=F3n. En los = miembros de las=20 fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no concurren circunstancias o=20 elementos diferenciales, por las caracter=EDsticas de su funci=F3n, = aptos para=20 determinar un r=E9gimen especial de procedimiento criminal en materia de = faltas ni=20 para sustraer esos hechos del conocimiento de los jueces de distrito, = existiendo=20 un evidente contrasentido puesto que sus superiores no gozan de este=20 aforamiento. De la misma forma terceras personas implicadas en la = realizaci=F3n de=20 posibles faltas en las que tambi=E9n intervengan aforados, como el caso = del fondo=20 del asunto en el que se plantea esta cuesti=F3n al existir denuncias = reciprocas=20 por parte de la polic=EDa municipal y del denunciado, pueden sufrir un = trato=20 discriminatorio dif=EDcilmente explicable para aquellos a quienes se = dirigen estas=20 normas, ya que asisten como testigos de sus denuncias al juzgado de = instrucci=F3n=20 donde los polic=EDas acuden como acusados, y sin embargo ven ventiladas = sus=20 posibles responsabilidades ante el juzgado de distrito, y en una = peque=F1a=20 localidad la perplejidad se acent=FAa y el sentimiento de trato = discriminatorio se=20 hace mas patente. La ley no da motivos ni razones para este vaciamiento = de=20 competencias y no debe pasar desapercibida la excepcionalidad del = precepto. Se=20 concluye afirmando que ni por las peculiaridades de las funciones que = desempe=F1an=20 ni por las condiciones de formaci=F3n t=E9cnica jur=EDdica de los jueces = de distrito=20 queda justificada racionalmente la creaci=F3n de un fuero especial en = materia de=20 faltas para el enjuiciamiento de los miembros y fuerzas de los cuerpos = de=20 seguridad del estado.

11. Por providencia de 22 de abril de 1987 la secci=F3n = acord=F3 admitir a=20 tr=E1mite la cuesti=F3n, publicar su incoaci=F3n en el "Bolet=EDn = Oficial del Estado" y=20 dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, = al=20 Gobierno y al Fiscal General del Estado.

El Congreso de los Diputados a trav=E9s de su presidente comunica que = aun=20 cuando no se persone ni formule alegaciones pone a disposici=F3n del = tribunal las=20 actuaciones de la c=E1mara que pueda precisar.

El Senado, a trav=E9s de su presidente en funciones, presenta escrito = personandose en el procedimiento y por ofrecida su colaboraci=F3n a los = efectos=20 del art. 88.1 LOTC.

12. El abogado del estado sostiene que el auto de = planteamiento del=20 juez de instrucci=F3n de Alcal=E1 la real sustancialmente es copia = exacta del auto=20 del juez de instrucci=F3n num. 12 de Madrid mediante el que fue = promovida la=20 cuesti=F3n 158/1987, aunque limite la fundamentaci=F3n de la duda de la=20 constitucionalidad al art. 14 C.E., excluyendo la referencia al juez = natural.=20 Adem=E1s se a=F1ade un p=E1rrafo especifico sobre "discriminaci=F3n por = perplejidad". La=20 aceptaci=F3n de los razonamientos del juez madrile=F1o mediante su fiel = reproducci=F3n=20 dispensa de llevar a cabo una alegaci=F3n detenida, aunque es buena = ocasi=F3n para=20 hacer alguna precisi=F3n adicional.

Se defiende la inadmisibilidad de la cuesti=F3n, dado el car=E1cter = prematuro y=20 abstracto del planteamiento y se sostiene que el precepto cuestionado no = viola=20 el art. 14 de la Constituci=F3n, al tratarse de una norma de garant=EDa=20 objetivamente justificada, que constituye una disposici=F3n estatutaria = com=FAn, un=20 elemento del estatuto de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se protege = aqu=ED el=20 ejercicio de sus funciones por los individuos de las fuerzas y cuerpos = de=20 seguridad. La especialidad del precepto cuestionado consiste en = convertir el=20 =F3rganos de primera instancia al que normalmente es =F3rgano de = apelaci=F3n, se=20 concede un =F3rgano de mayor jerarqu=EDa, y por ello de superior = idoneidad=20 t=E9cnico-jur=EDdica Hay que tener en cuenta que las infracciones = penales cometidas=20 por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen particularidad = relevante desde el punto de vista de su investigaci=F3n y = enjuiciamiento, la de=20 que las cometen los depositarios =FAltimos de la fuerza publica como = agentes de la=20 autoridad y para proteger las libertades y derechos de los ciudadanos = por el=20 orden necesario en toda comunidad civilizada. La medida legal trata de = proteger=20 el debido ejercicio de sus funciones, siendo la concesi=F3n de este = fuero=20 congruente con la misi=F3n constitucional de las fuerzas y cuerpos de = seguridad y=20 con el reenv=EDo a su ley org=E1nica de lo relativo al estatuto.

La no concesi=F3n del fuero policial a determinadas autoridades, = aparte de que=20 no justificar=EDa de por si la inconstitucionalidad de la medida, puede = explicarse=20 en que tales autoridades no ejercen directamente el uso de la = fuerza.

En cuanto al argumento de la "perplejidad", del sentimiento del trato = discriminatorio dif=EDcilmente explicable porque una denuncia se = tr=E1mite ante el=20 juzgado de instrucci=F3n y otra ante el juzgado de distrito, tal estado = de animo=20 no es fundamento jur=EDdico constitucional bastante para entender que el = precepto=20 cuestionado es incompatible con el art. 14 C.E. aunque es provechoso que = el juez=20 no se a=EDsle de la comunidad en que sirve su oficio, las apreciaciones = o=20 estimaciones que, sin contraste emp=EDrico alguno, hace un juez de los=20 sentimientos o perplejidades de sus convecinos no es un criterio de=20 constitucionalidad de las leyes.

Se solicita la inadmisi=F3n de la cuesti=F3n y subsidiariamente su=20 desestimaci=F3n.

13. El ministerio fiscal indica que la presente cuesti=F3n se = enmarca en=20 los t=E9rminos que en su d=EDa fueron planteadas con los nums. 487/86 y = 158/87,=20 acumulados por auto de 7 de abril de 1987, y que en escrito de = alegaciones de la=20 cuesti=F3n 158/1987 se deten=EDa de forma concreta en el estudio del = p=E1rrafo tercero=20 del art. 8.1 de la ley debatida. Dada la identidad del precepto = impugnado,=20 preceptos constitucionales presuntamente desconocidos y argumentos que = se=20 contienen en las resoluciones judiciales que promueven los procesos=20 constitucionales ya acumulados y el actual, cuanto se alego en los = precedentes=20 procesos es de plena aplicaci=F3n a este, por lo que se interesa se = tengan por=20 reproducidas las alegadas formuladas en la cuesti=F3n de = inconstitucionalidad=20 158/87 y se acuerde la acumulaci=F3n de la presente cuesti=F3n as=ED = como la num..=20 510/87, a las ya acumuladas 487/86 y 158/87 y se dicte sentencia = declarando no=20 ser inconstitucional el precepto cuestionado

14. El 15 de abril de 1987 tiene entrada en este tribunal auto = del=20 juzgado de instrucci=F3n num. 9 de los de Madrid, en el que plantea = cuesti=F3n de=20 inconstitucionalidad del art. 8, apartado primero, p=E1rrafo tercero de = la ley=20 org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, = por su=20 posible contradicci=F3n a los arts. 14 y 24 (apartado segundo, inciso = primero) de=20 la Constituci=F3n. Dicho asunto fue registrado con el num.. = 510/87.

En el auto del juez proponente se razona, en primer lugar, el = cumplimiento de=20 todos los presupuestos y requisitos procesales para plantear cuesti=F3n = de=20 inconstitucionalidad, porque la norma cuestionada tiene rango de ley = formal, ha=20 de aplicarla el juez que la cuestiona, su validez condiciona el = procedimiento a=20 seguir y el fallo a emitir, y se propone en un momento en que ha de = tomarse una=20 resoluci=F3n judicial en forma de auto, por no ser una mera providencia = de=20 ordenaci=F3n procesal, sino que decide de forma definitiva una fase del=20 procedimiento, selecciona el modelo procedimental a seguir y determinar = la=20 competencia para reconocer la nueva etapa procesal, adem=E1s la = naturaleza de la=20 decisi=F3n requiere su motivaci=F3n y es una decisi=F3n apelable. Se han = observado=20 adem=E1s las reglas de procedimiento al planteamiento de la cuesti=F3n = al haber sido=20 o=EDdo el ministerio fiscal. Finalmente dada la formulaci=F3n y = contenido del=20 precepto contenido no se halla v=EDa alguna que permita una = interpretaci=F3n=20 alternativa conforme a la Constituci=F3n.

El p=E1rrafo tercero del apartado primero del art. 8 de la ley = org=E1nica 2/1986=20 contradice el principio de igualdad consagrado por el art. 14 C.E., que = se ve=20 violado cuando una diferenciaci=F3n de trato carece de justificaci=F3n = objetiva, en=20 relaci=F3n con la finalidad de los efectos de la medida y la = proporcionalidad de=20 unos y otros. Tras un amplio an=E1lisis de la jurisprudencia = constitucional en=20 torno a la igualdad como limite del legislador para establecer = diferenciaciones=20 normativas carentes de todo basamento objetivo, se afirma que el = establecimiento=20 de un aforamiento relativo no fundamentado en razones objetivas = atendibles=20 contradice el principio constitucional de igualdad en relaci=F3n con el = concreto=20 derecho "al juez ordinario y predeterminado por la ley" del art. 24.2.=20 C.E.

Tanto los juzgados de distrito como los de instrucci=F3n re=FAnen, en = principio,=20 abstractamente considerados, las exigencias precisas para ser = calificados de=20 ordinarios predeterminados por la ley, pero el art. 8.1.3 de la ley = org=E1nica=20 2/1986 viene a introducir, en un marco de distribuci=F3n competencial = regido por=20 criterios objetivos, uno, subjetivo, en atenci=F3n a la pertenencia del = imputado a=20 una determinada clase profesional (por mas que luego se limite, al=20 circunscribirlo a los procesos por infracci=F3n cometida en el ejercicio = de sus=20 funciones).

Este apartamiento de las reglas ordinarias de competencia es lo que=20 constituye, pues, a primera vista, una discriminaci=F3n por raz=F3n de = una condici=F3n=20 o circunstancia personal o social la clase de juzgado ante el que se han = de=20 ventilar los juicios de faltas en que aparezcan imputados miembros de = fuerzas y=20 cuerpos de seguridad no es la establecida para la generalidad de los = ciudadanos,=20 ni siquiera para el com=FAn de los funcionarios p=FAblicos (juzgado de = distrito)=20 sino un escal=F3n superior dentro de la pir=E1mide judicial (juzgado de=20 instrucci=F3n).
los aforamientos relativos, por salto jurisdiccional, = constituyen un verdadero privilegio procesal, una excepci=F3n, que, de = no=20 responder a una finalidad objetiva reconocible para cuya consecuci=F3n = constituya=20 un medio proporcionado, entrara en colisi=F3n abierta con el art. 14 = C.E. ni el=20 an=E1lisis del precepto, ni su contexto normativo inmediato, = proporcionan elemento=20 alguno del que inferir una raz=F3n convincente en apoyo del tratamiento=20 excepcional que consagra y el estudio de los precedentes legislativos = solo=20 alimenta sospecha de inconstitucionalidad, al nacer de un entorno = pol=EDtico no=20 democr=E1tico. Tras analizar la ley 6/1974, de 13 de febrero, y la ley = 55/1978, de=20 4 de diciembre, pasa a examinar los debates parlamentarios de la ley = org=E1nica=20 2/1986, en los que el foco de atenci=F3n fue el desplazamiento = competencial para=20 el procesamiento.

Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad son funcionarios = p=FAblicos=20 como cualesquiera otros, pero es el =FAnico colectivo funcionarial = ordinario que=20 disfruta de este aforamiento relativo del que no gozan sus superiores, y = constituyen una excepci=F3n en el =E1rea de la cultura jur=EDdica de la = Europa=20 occidental, recordando la declaraci=F3n sobre polic=EDa de la asamblea = parlamentaria=20 del consejo de Europa (resoluci=F3n 690 (1979), de 8 de mayo) de que = ante los=20 tribunales un funcionario de polic=EDa debe gozar de los mismos derechos = que los=20 dem=E1s ciudadanos.

En el caso de la ley espa=F1ola, el motivo fundamental ha debido de = ser la=20 necesidad de establecer un filtro de protecci=F3n en favor de quienes = tienen=20 encomendada la prevenci=F3n y persecuci=F3n de hechos punibles, y = est=E1n, por ello,=20 mas expuestos al peligro de que se instrumente en su contra a trav=E9s = de=20 denuncias o querellas infundadas o abiertamente maliciosas el aparato de = la=20 justicia penal. Sin embargo, no es posible aplicar aqu=ED la doctrina = sentada en=20 la stc 61/1982, sobre el antejuicio de jueces y magistrados. Pues en el = precepto=20 debatido solo existe una garant=EDa org=E1nica residenciando el = conocimiento de los=20 juicios de faltas ante el juez de instrucci=F3n, tambi=E9n unipersonal, = y no es=20 valida la raz=F3n de diaria convivencia por el juzgador o la = dispersi=F3n de los=20 criterios jurisprudenciales, pues tal raz=F3n seria aplicable aun mas = intensamente=20 respecto al juez de instrucci=F3n. Tampoco puede partirse de la idea de = la mejor=20 preparaci=F3n y mayor experiencia del juez de instrucci=F3n. Por ello es = planteable=20 si el sacrificio, muy real, que comporta la norma cuestionada para el=20 fundamental principio de igualdad en relaci=F3n con la determinaci=F3n = del juez=20 competente es proporcionado a la ventaja, meramente conjetural, y desde = luego=20 bien exigua, que podr=EDa representar en casos singulares el aforamiento = relativo.

A lo expuesto se suma un factor de inseguridad jur=EDdica dada la = indefinici=F3n=20 que entra=F1a la referencia a los hechos cometidos en el desempe=F1o de = las=20 funciones propias de los cuerpos y fuerzas de seguridad, por lo que de = ser el=20 juicio favorable a la constitucionalidad del articulo cuestionado = resultar=EDa=20 extraordinariamente provechoso que se emitiera una de las doctrinalmente = denominadas sentencias interpretativas, en que se ilustrase el alcance = de la=20 excepci=F3n de competencia ordinaria.

15. Por providencia de 23 de abril de 1987, la secci=F3n = acord=F3 admitir=20 a tr=E1mite la cuesti=F3n, publicar su incoaci=F3n en el "bolet=EDn = oficial del estado"=20 y dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al = Senado, al=20 Gobierno y al Fiscal General del Estado.
El Congreso de los = Diputados, a=20 trav=E9s de su presidente, comunica que no se personara en el = procedimiento ni=20 formulara alegaciones y que pone a disposici=F3n del tribunal las = actuaciones de=20 la c=E1mara que pueda precisar.

El Senado, a trav=E9s de su presidente en funciones, presenta escrito = en el que=20 solicita se le tenga por personado y por ofrecida su colaboraci=F3n a = los efectos=20 del art. 88.1 de la ley org=E1nica del Tribunal Constitucional.

16. El abogado del estado se=F1ala que los argumentos=20 jur=EDdico-constitucionales por los que se cuestiona el tercer p=E1rrafo = del art.=20 8.1 de la ley org=E1nica 2/1986 son similares a los de las cuestiones = anteriores,=20 reiter=E1ndolas en parte ahora, y contestando a algunas afirmaciones = peculiares=20 del auto del juez proponente.

Se insiste en primer lugar en la inadmisibilidad de la cuesti=F3n. El = precepto=20 cuestionado es absolutamente irrelevante para dictar la resoluci=F3n a = la que se=20 refiere el art. 789 de la L.E.Crim.. y que pone fin a las diligencias = previas,=20 la competencia para dictar esa resoluci=F3n esta en funci=F3n de la = competencia para=20 practicar esa diligencia y no depende del contenido de la propia = resoluci=F3n Aun=20 suprimido hipot=E9ticamente el precepto cuestionado, no por ello dejara = de ser=20 competente el juez de las diligencias previas para adoptar la = resoluci=F3n que=20 regula el art. 789 de la L.E.Crim., Pues el articulo cuestionado como = norma de=20 competencia (aforamiento) nada tiene que ver con la competencia = resolutoria que=20 el art. 789 L.E.Crim.. atribuye al juez de las diligencias previas, = dictando una=20 resoluci=F3n en que no se ejercita una competencia para instruir y = fallar, que es=20 a la que se refiere el precepto cuestionado, sino la de archivar = actuaciones o=20 determinar el tipo de procedimiento. Ello indica que el juicio de = relevancia es=20 incorrecto y que la resoluci=F3n no depende de la validez del precepto=20 cuestionado

El que el propio auto de planteamiento se refiera al car=E1cter = indeterminado=20 del concepto del ejercicio de sus funciones o vinculo con el servicio = indica que=20 esto es algo que no se puede apreciar debidamente, sino despu=E9s de = cumplido todo=20 el debate procesal, y ello podr=EDa tambi=E9n decirse del caso planteado = en las=20 correspondientes actuaciones, de forma que la apreciaci=F3n de si la = actuaci=F3n del=20 agente estaba o no vinculada con el ejercicio de sus funciones solo pudo = cumplirse una vez concluso el juicio de faltas y en el plazo para dictar = sentencia, no bastando para aplicar el precepto cuestionado la calidad = personal=20 del agente de polic=EDa La valoraci=F3n definitiva de si el hecho ha = sido realizado=20 en el ejercicio de las funciones solo puede hacerse cuando se ha = concluido el=20 debate procesal, lo que no ha tenido lugar en el presente caso.

Subsidiariamente se examina el fondo del asunto para afirmarse que no = hay=20 lesi=F3n del art. 14 C.E. en relaci=F3n con el 24.2 (inciso primero) = C.E., aunque=20 este ultimo precepto constitucional carece de peso en la econom=EDa = argumental del=20 auto de planteamiento, cuyo razonamiento descansa en la violaci=F3n del = art. 14=20 C.E., por consagrarlo un verdadero privilegio procesal a favor del = colectivo=20 funcionarial ordinario que constituyen los miembros de los cuerpos y = fuerzas de=20 seguridad. El abogado del estado reitera la tesis mantenida en las = alegaciones=20 de los anteriores asuntos de que la norma de aforamiento solo seria=20 inconstitucional si se resolviera el mero privilegio de una persona o = categor=EDas=20 de personas, es decir, si no respondiera a una finalidad de garant=EDa y = protecci=F3n compatibles con la Constituci=F3n y objetivamente = justificada. Tal se=20 da en la disposici=F3n cuestionada, que constituye un elemento del = estatuto de las=20 fuerzas y cuerpos de seguridad para proteger el ejercicio eficaz de las=20 funciones policiales, y consistente en convertir en =F3rganos de primera = instancia=20 del enjuiciamiento y fallo de faltas al juez de instrucci=F3n, que,=20 institucionalmente, es de superior idoneidad t=E9cnica jur=EDdica que el = juez de=20 distrito. Se trata de una garant=EDa org=E1nica, sin que sea admisible = el argumento=20 impl=EDcito de la insuficiencia de la garant=EDa por no tratarse de un = =F3rgano=20 colegiado. La falta de fuero para otras personas podr=E1 ser objeto de = critica=20 pol=EDtica, pero no es obst=E1culo a la justificaci=F3n constitucional = de la=20 medida.

Por ultimo, se se=F1ala que no puede equipararse inseguridad = jur=EDdica y=20 necesidad de aplicar el concepto indeterminado "ejercicio de sus = funciones", el=20 propio art. 73.3, b), LOPJ utiliza un concepto muy similar "en el = ejercicio de=20 su cargo". Esta fuera de lugar que en este tipo de procedimiento se = solicite=20 dictarse una norma interpretativa.

En el suplico se solicita se declare la inadmisi=F3n de la cuesti=F3n = o,=20 subsidiariamente, su desestimaci=F3n.

17. El Fiscal General del Estado entiende que dada la = identidad del=20 precepto impugnado, los preceptos constitucionales presuntamente = desconocidos y=20 los argumentos que se contienen en la resoluci=F3n judicial y en las = anteriormente=20 planteadas, resulta pertinente solicitar tener por reproducidas las = alegaciones=20 formuladas en la cuesti=F3n de inconstitucionalidad 158/1987, y acordar = la=20 acumulaci=F3n de la presente cuesti=F3n, as=ED como la 510/1987 a las ya = acumuladas=20 487/1986 y 158/1987. Tambi=E9n se solicita se declare que el precepto = cuestionado=20 no es contrario a la Constituci=F3n

18. Por providencia de 13 de mayo de 1987 se concedi=F3 un = plazo de diez=20 d=EDas al abogado del estado para formular alegaciones sobre la = petici=F3n de=20 acumulaci=F3n pedida por el ministerio fiscal de esta cuesti=F3n y de la = num..=20 495/1987, a las ya acumuladas 487/1986 y 158/1987.
En su escrito de=20 alegaciones el ministerio fiscal afirma que a la vista del auto de 7 de = abril de=20 1987 no se muestra disconforme con que se acumulen las cuestiones 495 y = 510/1987=20 a las ya acumuladas 487/1986 y 158/1987.
Por auto de 28 de mayo de = 1987, el=20 Pleno acord=F3 acumular las cuestiones 495/1987 y 510/1987, planteadas,=20 respectivamente, por el juzgado de primera instancia e instrucci=F3n de = Alcal=E1 la=20 real y por el juzgado de instrucci=F3n num.. 9, a las ya acumuladas = registradas=20 con los num. 487/1986 y 158/1987.

Por providencia de 26 de marzo de 1990 se se=F1alo para = deliberaci=F3n y votaci=F3n=20 del presente recurso el d=EDa 28 de marzo de 1990.

II. Fundamentos jur=EDdicos

1. Se han de examinar con car=E1cter previo las excepciones de = car=E1cter=20 procesal formuladas tanto por el abogado del estado como por el el = ministerio=20 fiscal frente a las cuatro cuestiones acumuladas en el presente proceso = y=20 consistentes en que en las mismas no se dar=EDan las condiciones y = requisitos=20 establecidos en los arts. 163 C.E. y 35.1 y 2 LOTC, porque ni los jueces = proponentes estar=EDan legitimados para plantear las correspondientes = cuestiones,=20 por no tener que dictar ninguno de ellos un "fallo" judicial, ni = estar=EDan=20 conclusos los procedimientos penales de origen.

En las cuatro cuestiones objeto de este proceso, cada uno de los = jueces=20 proponentes ha de adoptar alg=FAn tipo de resoluci=F3n o conducta = procesal en=20 relaci=F3n a la continuaci=F3n del procedimiento penal del que viene = conociendo, y=20 en los cuatro casos la decisi=F3n a adoptar por el =F3rgano judicial y = el posterior=20 desarrollo del proceso est=E1n condicionados por la validez de las = normas=20 cuestionadas.

Tales normas suponen en uno de los casos (C.I. 487/1986) la falta de=20 competencia del =F3rgano judicial proponente, y en los otros tres la = asunci=F3n de=20 una competencia que de no existir la norma que se cuestiona habr=EDa = correspondido=20 a otro =F3rgano judicial. Los preceptos legales que se estiman = contrarios a la=20 Constituci=F3n resultan aplicables a las decisiones a adoptar, y su = validez=20 condiciona esas decisiones.

Es doctrina reiterada de este tribunal que la cuesti=F3n de=20 inconstitucionalidad promovida por jueces o tribunales cumple una = funci=F3n de=20 control concreto de la constitucionalidad de las leyes (stc 106/1986, = fundamento=20 jur=EDdico 1. ), y a trav=E9s de ella no es posible una impugnaci=F3n = abstracta o=20 indirecta de la ley (stc 94/1986, fundamento jur=EDdico 2. ). No = obstante el=20 t=E9rmino "fallo" del art. 163 C.E. ha sido interpretado flexiblemente y = de modo=20 extensivo no coincidente con el mas estricto de sentencia (sstc 76/1982, = fundamento jur=EDdico 1. ) 54/1983, fundamento jur=EDdico 2. ), = permitiendo=20 cuestionar la constitucionalidad de una norma legal cuya aplicaci=F3n = resulta=20 imprescindible para fundamentar la decisi=F3n judicial o adoptar, = impidiendo as=ED=20 la aplicaci=F3n directa de la norma legal cuya constitucionalidad se = cuestiona=20 (atc 684/1985). As=ED las cosas, ha de reconocerse que los jueces = proponentes=20 estaban legitimados para cuestionar la constitucionalidad de unos = preceptos=20 legales en los que hab=EDan de fundamentar la decisi=F3n judicial, y, = adem=E1s, que=20 para evitar aplicarlos habr=EDan de plantear la cuesti=F3n precisamente = en el=20 momento en que lo hicieron, en el que para cada uno de los jueces = proponentes=20 pod=EDa entenderse concluso el procedimiento. Ha de rechazarse, en = consecuencia,=20 este motivo de inadmisi=F3n de car=E1cter formal alegado por el Fiscal = General del=20 Estado y por el abogado del estado.

2. Las cuatro cuestiones acumuladas en este proceso se = refieren a un=20 tema com=FAn, las reglas competenciales contenidas en los p=E1rrafos = segundo y=20 tercero del art. 8.1 de la ley org=E1nica 2/1986, de fuerzas y cuerpos = de=20 seguridad (en adelante, LOFCS), para conocer de las eventuales = responsabilidades=20 penales en que puedan haber incurrido los agentes policiales en actos = realizados=20 en el ejercicio de sus funciones.

La cuesti=F3n 487/1986 plantea la duda de constitucionalidad del = p=E1rrafo=20 segundo de ese art. 8.1, mientras que las otras tres cuestiones plantean = la=20 posible inconstitucionalidad del p=E1rrafo tercero del mismo art. 8.1. = Antes de=20 entrar en el an=E1lisis de la constitucionalidad de estos preceptos es = necesario=20 hacer algunas precisiones sobre su alcance y significado.

El p=E1rrafo primero del art. 8.1 LOFCS, que no ha sido cuestionado, = declara la=20 competencia de la jurisdicci=F3n penal ordinaria para el conocimiento de = los=20 hechos punibles en que puedan verse involucrados, como sujetos activos, = los=20 miembros de las diversas fuerzas y cuerpos de seguridad. Los p=E1rrafos = segundo y=20 tercero precisan el significado de esa atribuci=F3n = competencial.

El p=E1rrafo segundo, referido a los delitos, establece que iniciadas = unas=20 actuaciones por un juez de instrucci=F3n, cuando el mismo entienda que = existen=20 indicios racionales de criminalidad en la conducta de un miembro de los = cuerpos=20 de seguridad, suspender=E1n las actuaciones y las remitir=E1n a la = audiencia=20 provincial correspondiente, que ser=E1 la competente para seguir la=20 instrucci=F3n,
ordenar, en su caso, el procesamiento y dictar el = fallo que=20 corresponda.

El p=E1rrafo tercero del citado precepto org=E1nico parte de la = hip=F3tesis de que=20 el hecho en que puedan verse involucrados los agentes de la polic=EDa = fuere=20 constitutivo de falta; en tal caso, los jueces de instrucci=F3n ser=E1n = competentes=20 para la instrucci=F3n y fallo, siguiendo lo dispuesto en las leyes = procesales para=20 las faltas.

Este dise=F1o legal en materia de competencia judicial fue = introducido por la=20 ley 6/1974 solo para los miembros del entonces cuerpo general de = polic=EDa; fue=20 eliminado desde la entrada en vigor de la L.O. 6/1985, del poder = judicial (en=20 adelante LOPJ), hasta la promulgaci=F3n de la vigente LOFCS, y ha sido = afectado a=20 su vez por la remodelaci=F3n del proceso penal introducida por la L.O. = 7/1988,=20 que, sin embargo, omite cualquier referencia a esta especialidad = competencial.=20 Aunque la adecuaci=F3n de los criterios del art. 8.1 LOFCS a la nueva = realidad=20 org=E1nico-procesal es una tarea que corresponde ya sea al legislador, = ya a los=20 respectivos =F3rganos judiciales, en el =E1mbito de sus respectivas = competencias,=20 este tribunal ha de tener en cuenta esa nueva realidad = org=E1nico-procesal al=20 examinar la constitucionalidad de los preceptos cuestionados.

Tras la reforma operada por la ley 38/1988, de demarcaci=F3n y planta = judicial=20 en congruencia con lo previsto en la LOPJ en sus arts. 87.1, b), y 100.2 = y en su=20 disposici=F3n transitoria tercera , se han suprimido los juzgados de = distrito,=20 asumiendo sus competencias en materia penal los de instrucci=F3n y los = de paz. A=20 su vez, el dise=F1o de los procesos declarativos penales ha quedado = configurado de=20 modo diverso a como lo estaba cuando se promulgo la LOFCS, sobre todo = para=20 separar la funci=F3n de instrucci=F3n y fallo en las causas = penales.

La aplicaci=F3n de los preceptos cuestionados al actual sistema = procesal supone=20 lo siguiente:

a) en los juicios de faltas la competencia esta atribuida en = principio a=20 los juzgados de instrucci=F3n, salvo lo que corresponde a los juzgados = de paz en=20 virtud del art. 4 de la ley 3/1967. Para las posibles faltas de los = miembros=20 de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad, el art. 8.1, tercero, = LOFCS=20 supone que la competencia la tendr=E1n asignada en este momento solo = los jueces=20 de instrucci=F3n, con exclusi=F3n de los juzgados de paz.

b) en los delitos menos graves (en s=EDntesis, hasta seis a=F1os de = pena=20 privativa de libertad), del correspondiente proceso penal abreviado = conoce de=20 la instrucci=F3n el juez de instrucci=F3n y le corresponde el = conocimiento y fallo=20 al juez de lo penal. Para tales delitos, si cometidos presuntamente = por=20 miembros de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad en el = ejercicio de sus=20 funciones, el art. 8.1, segundo, excluye la competencia del juez de=20 instrucci=F3n y la del juez de lo penal, y asigna la continuaci=F3n de = la=20 instrucci=F3n, el conocimiento y fallo a la audiencia = provincial.

c) para los delitos graves (en s=EDntesis, pena de hasta doce = a=F1os), en el=20 correspondiente procedimiento abreviado conoce de la instrucci=F3n el = juez de=20 instrucci=F3n, mientras que el conocimiento y fallo corresponde a la = audiencia=20 provincial o nacional. En el caso de delitos presuntamente imputables = a=20 miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad, corresponder=E1 a la = audiencia=20 respectiva seguir la instrucci=F3n, el conocimiento y el fallo, puesto = que el=20 art. 8.1, segundo, LOFCS excluye la continuaci=F3n de la instrucci=F3n = del asunto=20 de la competencia del juez de instrucci=F3n.

d) por delitos muy graves (en s=EDntesis, con penas superiores a = doce a=F1os de=20 privaci=F3n de libertad), corresponde la competencia instructora al = juez de=20 instrucci=F3n, as=ED como la de dictar el auto de procesamiento, que = desaparece en=20 los anteriores procedimientos, correspondiendo el conocimiento y fallo = a la=20 audiencia provincial o nacional. Sin embargo, en virtud del art. 8.1, = segundo,=20 LOFCS, para tales delitos si presuntamente imputados a miembros de los = cuerpos=20 y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, el juez de=20 instrucci=F3n no podr=E1 continuar la instrucci=F3n ni ordenar el = procesamiento,=20 competencia que el precepto legal atribuye a la audiencia = correspondiente, al=20 igual que para el conocimiento y fallo.

Los p=E1rrafos segundo y tercero del art. 8.1 LOFCS solo alteran = as=ED=20 parcialmente las reglas competenciales generales en materia penal y, = adem=E1s,=20 tienen un alcance distinto, seg=FAn cual sea el tipo de infracci=F3n = penal y de=20 proceso al que en cada caso se aplica.

Los preceptos cuestionados tienen un efecto bastante limitado en = relaci=F3n a=20 la determinaci=F3n del =F3rgano judicial que ha de conocer del juicio = oral,=20 momento central del proceso penal, y que ha de decidir en forma de = sentencia.=20 En materia de faltas, aunque el art. 8.1, tercero, LOFCS, supuso=20 originariamente la asignaci=F3n a los juzgados de instrucci=F3n de las = competencias propias de los juzgados de distrito, desaparecidos estos, = el=20 precepto supone en la actualidad tan solo que los juzgados de = instrucci=F3n=20 asuman las competencias, mas bien marginales, que en materia de faltas = est=E1n=20 asignadas a los jueces de paz.

En relaci=F3n con los delitos el art. 8.1, segundo, LOFCS, solo = supone el=20 cambio de competencia para conocer del juicio y dictar el fallo en el=20 procedimiento penal abreviado por delito menos grave, al asignarse a = la=20 audiencia correspondiente la competencia que en otro caso = corresponder=EDa a los=20 jueces de lo penal. Para los delitos graves y muy graves el =F3rgano = competente=20 para el juicio y fallo es el com=FAn para este tipo de delitos: la = audiencia=20 provincial o, en su caso, la nacional.

Los cambios mas importantes se producen en relaci=F3n al =F3rgano = competente=20 para realizar la instrucci=F3n en materia de delitos.

Mientras que el juez de instrucci=F3n tiene en general la = competencia=20 instructora (art. 14.2 L.E.Crim..), El art. 8.1, segundo, LOFCS, ha = sustra=EDdo=20 parcialmente esa competencia al juez de instrucci=F3n y la ha asignado = a la=20 audiencia correspondiente.

Finalmente, para los delitos muy graves en los que subsiste el=20 procesamiento, el art. 8.1, segundo, LOFCS, encomienda a la audiencia, = en vez=20 de al juez de instrucci=F3n, la competencia para dictar el auto de=20 procesamiento.

3. En las cuestiones 487/86, 158/87 y 510/87 se sostiene que = los=20 p=E1rrafos segundo y tercero del art. 8.1 LOFCS, en cuanto que modifican = el =F3rgano=20 normalmente competente para conocer de los delitos y faltas, violan el = derecho=20 al juez ordinario predeterminado por la ley del art. 24.2 C.E., = entendido este=20 derecho como referente al llamado juez natural. Seg=FAn reiterada = jurisprudencia=20 de este tribunal, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley = exige,=20 fundamentalmente, que el =F3rgano judicial haya sido creado por una = norma legal=20 invisti=E9ndolo de jurisdicci=F3n y competencia con anterioridad al = hecho motivador=20 de la actuaci=F3n o proceso judicial y que su r=E9gimen org=E1nico y = procesal no=20 permita calificarlo de =F3rgano especial o excepcional (stc 47/1983, = fundamento=20 jur=EDdico 2 ).

Esta garant=EDa no supone el derecho a un juez determinado en = concreto (stc=20 97/1987, fundamento jur=EDdico 4. ) y no excluye, en principio, la = posibilidad de=20 establecer reglas especiales de competencia en la distribuci=F3n de los = asuntos=20 entre los distintos =F3rganos judiciales. La noci=F3n constitucional de = juez=20 ordinario predeterminado por la ley no se concreta en el establecimiento = legislativo de unas competencias en general, sino que se integra = normalmente de=20 aquellas disposiciones legales que derogan o alteran esa competencia=20 general.

Los preceptos cuestionados respetan esa garant=EDa institucional y = ese derecho=20 fundamental, porque establecen, con car=E1cter previo y general, para = todos los=20 hechos de la misma o semejante =EDndole la competencia de determinados = =F3rganos=20 judiciales (stc 47/1982, fundamentos jur=EDdicos 2. Y 3. ). Los = =F3rganos a los que=20 aquellos asignan competencias, jueces de instrucci=F3n o audiencias, = son, org=E1nica=20 y funcionalmente, jueces ordinarios del orden penal, id=F3neos para = conocer de los=20 procedimientos "en materia criminal" (art. 120.2 C.E.) o de los = "procesos=20 penales" (art. 125 C.E.). Por consiguiente, ha de declararse que los = p=E1rrafos=20 segundo y tercero del art. 8.1 LOFCS no violan el derecho al juez = ordinario=20 predeterminado por la ley del art. 24.2 C.E.

4. En las cuatro cuestiones se propone como motivo com=FAn de=20 inconstitucionalidad de los dos p=E1rrafos cuestionados del art. 8.1 = LOFCS, la=20 violaci=F3n del principio de igualdad de trato del art. 14 C.E. = adem=E1s, en la=20 cuesti=F3n 487/1986 se alega una posible vulneraci=F3n del art. 24.1 = C.E. por=20 "contaminaci=F3n inquisitiva", en relaci=F3n al p=E1rrafo segundo del = art. 8.1=20 citado.

Los jueces proponentes admiten la constitucionalidad de "fueros=20 privilegiados" mas all=E1 de los supuestos previstos expresamente en el = texto=20 constitucional, y por ello que la ley pueda establecer en determinados y = excepcionales casos especialidades en el enjuiciamiento de los titulares = de=20 otros =F3rganos constitucionales o de poderes del estado para preservar = su=20 independencia y funciones, pero entienden que tal aforamiento especial = no=20 estar=EDa justificado constitucionalmente en relaci=F3n con los miembros = de la=20 polic=EDa Tienen raz=F3n los jueces proponentes al afirmar que los = aforamientos no=20 pueden establecerse por razones de oportunidad, siendo solo = constitucionalmente=20 admisibles cuando respondan a una efectiva necesidad de asegurar la=20 independencia y la libertad en el ejercicio de poderes y funciones de = relevancia=20 constitucional. Sin embargo, el art. 8.1 LOFCS, en sus p=E1rrafos = segundo y=20 tercero, no ha establecido un aforamiento en sentido t=E9cnico, que = tenga por=20 finalidad asegurar la independencia y libertad en el ejercicio de = funciones=20 constitucionalmente relevantes. A diferencia de los supuestos propios de = aforamiento previstos en nuestro ordenamiento, el citado articulo tan = solo=20 establece reglas especiales de competencia, o seg=FAn se miren, de = procedimiento,=20 que han podido ser calificadas de "parciales" en un doble sentido.

Primero, porque solo afectan a aquellas eventuales infracciones = penales=20 cometidas en el ejercicio de sus funciones por miembros de las fuerzas y = cuerpos=20 de seguridad, concepto que ha de ser interpretado restrictivamente sin = que ello=20 requiera, como se solicita en alguna de las cuestiones, una sentencia=20 interpretativa de este tribunal, puesto que ello deriva de reglas = elementales de=20 la hermen=E9utica jur=EDdica que exigen la interpretaci=F3n restrictiva = de las normas=20 excepcionales. En segundo lugar, porque, seg=FAn se ha visto, en buena = parte de=20 los casos la regla competencial, sobre todo en lo que se refiere al = conocimiento=20 y fallo, es la com=FAn, situ=E1ndose la especialidad sobre todo en lo = que se refiere=20 a la instrucci=F3n y al procesamiento.

Lo que se cuestiona es as=ED la existencia de reglas especiales de = competencia=20 que alteran parcialmente las generales establecidas en la L.E.Crim. y en = la=20 LOPJ, en los procedimientos penales en que figuren como imputados = miembros de=20 las fuerzas y cuerpos de seguridad por actos realizados en el ejercicio = de sus=20 funciones. Seg=FAn el abogado del estado, al ser la distribuci=F3n de = competencias=20 cometido propio de la ley, cada regla de competencia tendr=EDa un = sentido y=20 car=E1cter general respecto a los supuestos hacia los que estar=EDa = proyectada y no=20 podr=EDa considerarse, por ello, como excepci=F3n a determinadas reglas = generales.=20 Sin embargo, no puede degradarse a simple criterio de orden procesal el = car=E1cter=20 constitucional de la ordenaci=F3n de las competencias por lo que las = decisiones=20 legislativas en materia de distribuci=F3n de competencias, est=E1n = sometidas tambi=E9n=20 a control de constitucionalidad, ya que el legislador que establece las = normas=20 org=E1nicas del poder judicial o las procesales esta limitado por el = respeto a los=20 principios y normas constitucionales. El problema no es as=ED el de la = relaci=F3n de=20 ley general y ley especial, sino el que plantea una diferencia respecto = de un=20 derecho fundamental, en este caso, en relaci=F3n, sobre todo, con los = derechos=20 fundamentales a la tutela judicial efectiva y al juez ordinario = predeterminado=20 por la ley.

Los preceptos cuestionados sustraen competencias del juez = generalmente=20 competente para asignarlas a otro =F3rgano judicial, con derogaci=F3n, = alteraci=F3n o=20 excepci=F3n de los principios generales ordenadores de la competencia = judicial en=20 materia penal. Y ello por la pertenencia del presunto imputado a una = determinada=20 clase profesional cuando se trate de infracciones cometidas en el = ejercicio de=20 sus funciones. Establecen reglas especiales de competencia por raz=F3n = de la=20 funci=F3n que desempe=F1an determinadas personas y por ello suponen una = desigualdad=20 de trato en materia competencial. Como toda desigualdad de trato, esta = sometida=20 a las exigencias derivadas del principio de igualdad del art. 14 C.E. = que, en=20 este caso, y por tratarse de normas de competencia judicial, ha de = ponerse en=20 conexi=F3n con el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 = C.E., que=20 supone y exige una igualdad de acceso y de sometimiento de los = justiciables a=20 los =F3rganos judiciales.

5. La conjunci=F3n de los derechos reconocidos en los arts. 14 = y 24.1=20 C.E. supone que la derogaci=F3n de los principios generales de = competencia,=20 respecto a un mismo tipo de delito (y por ello respecto a presuntos = imputados o=20 v=EDctimas), seg=FAn el imputado y la ocasi=F3n en que la presunta = infracci=F3n penal se=20 cometi=F3, para ser constitucionalmente legitima debe estar justificada = en=20 t=E9rminos objetivos y razonables, de acuerdo con un fin = constitucionalmente=20 aceptable de la regla diferenciadora.

Tanto el ministerio fiscal como el abogado del estado defienden la=20 constitucionalidad de los preceptos cuestionados sosteniendo que los = mismos=20 tratan de garantizar la funci=F3n constitucional de protecci=F3n de los = derechos y=20 libertades publicas de los ciudadanos que corresponde a las fuerzas de = polic=EDa=20 (art. 104.1 C.E.).

De la Constituci=F3n se deduce que las fuerzas de polic=EDa est=E1n = al servicio de=20 la comunidad para garantizar al ciudadano el libre y pacifico ejercicio = de los=20 derechos que la Constituci=F3n y la ley les reconocen, y este es el = sentido del=20 art. 104.1 C.E. que puede considerarse directamente heredero del art. 12 = de la=20 declaraci=F3n de derechos del hombre y del ciudadano, configurando a la = polic=EDa=20 como un servicio publico para la comunidad, especializado en la = prevenci=F3n y=20 lucha contra la criminalidad, el mantenimiento del orden y la seguridad = publica=20 y la protecci=F3n del libre ejercicio de los derechos y libertades. El = art. 104.1=20 C.E. trata de asegurar la adaptaci=F3n del sistema policial, de sus = funciones y de=20 sus principios b=E1sicos al orden constitucional, subrayando, en un = plano=20 positivo, y en la misma linea que el art.
53 C.E., la funci=F3n de = garant=EDa de=20 libertades y derechos fundamentales que tambi=E9n corresponde a la = polic=EDa pero,=20 al mismo tiempo, negativamente destacando que la actuaci=F3n de la = fuerza de la=20 polic=EDa debe respetar tambi=E9n y garantizar las libertades y derechos = fundamentales del ciudadano.

El art. 104.1 C.E. refleja un necesario y no siempre f=E1cil = equilibrio en=20 relaci=F3n con la actuaci=F3n de las fuerzas de la polic=EDa, que son un = instrumento=20 necesario para asegurar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, = pero que,=20 al mismo tiempo, por la posibilidad de uso legitimo de la fuerza y de = medidas de=20 coacci=F3n supone, en el caso de extralimitaciones, una puesta en = peligro de la=20 libertad y seguridad de aquellos, as=ED como de otros derechos y bienes=20 constitucionales de la persona (vida, integridad f=EDsica, intimidad,=20 inviolabilidad del domicilio, etc.). Un orden constitucional = democr=E1tico. es=20 incompatible con el uso de m=E9todos represivos ileg=EDtimos y por ello = mismo exige=20 una protecci=F3n adecuada del ciudadano frente al peligro de eventuales=20 extralimitaciones, lo que incluye tambi=E9n la posibilidad de acudir a = la v=EDa=20 judicial para reaccionar frente a los excesos y abusos, con = trascendencia penal,=20 por parte de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el = uso, en=20 principio legitimo, de la fuerza y de los medios de coacci=F3n

El legislador ha de ponderar, por tanto, los valores constitucionales = en=20 juego, de modo que la protecci=F3n de los medios de actuaci=F3n de las = fuerzas de=20 polic=EDa no puede suponer un sacrificio de bienes y derechos = constitucionales y=20 del propio respeto del estado de derecho, ni una limitaci=F3n efectiva = de la=20 posibilidad de verificar judicialmente los abusos o extralimitaciones, = por=20 excepcionales que puedan ser, en que eventualmente incurran los miembros = de las=20 fuerzas de polic=EDa en el ejercicio de sus funciones.

Seg=FAn el abogado del estado las normas cuestionadas tratan de = otorgar una=20 mayor protecci=F3n en favor de quienes tienen encomendada la = prevenci=F3n y=20 persecuci=F3n de hechos punibles, y est=E1n legitimados a tal fin para = el ejercicio=20 de la fuerza o medios de acci=F3n directa.

Es cierto que las fuerzas de polic=EDa esta expuestas al peligro de = que traten=20 de instrumentarse en su contra denuncias o querellas infundadas o = abiertamente=20 maliciosas, que dificultar=EDan la propia acci=F3n policial, pero dicho = peligro no=20 puede repararse o reducirse mediante el sacrificio de bienes y derechos = que=20 pueden estar constitucionalmente afectados por una acci=F3n policial = penalmente=20 il=EDcita. Ello significa que las normas cuestionadas solo ser=E1n=20 constitucionalmente legitimas si no suponen obst=E1culo, dificultad o = limitaci=F3n=20 alguna para la averiguaci=F3n y, en su caso, sanci=F3n de infracciones = penales en=20 que puedan incurrir los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad = en el=20 ejercicio de sus funciones. Mas exactamente, dados los valores y bienes=20 constitucionales en juego, si aseguran efectivamente la protecci=F3n y = el respeto=20 por las fuerzas y cuerpos de seguridad el libre ejercicio de los = derechos y=20 libertades y la garant=EDa de la seguridad ciudadana (art. 104.1 = C.E.).

Ha de aceptarse, pues, la alegaci=F3n del abogado del estado de que = los=20 preceptos cuestionados han de ponerse en relaci=F3n con el art. 104.1 = C.E., aunque=20 esa puesta en relaci=F3n supone que la proporcionalidad y racionalidad = de la=20 diferencia de trato que disponen estas reglas especiales de competencia = solo es=20 aceptable en la medida en que no ponga en peligro, sino, al contrario, = aseguren=20 la necesaria conexi=F3n de la actuaci=F3n policial con los valores, = principios y=20 derechos constitucionales.

Resulta indispensable en estos casos poner los hechos en claro para = asegurar=20 el respeto de los derechos y valores constitucionales, su tutela = judicial y la=20 igualdad de los ciudadanos frente a la justicia. Ello significa que ese = llamado=20 "filtro de protecci=F3n" solo seria constitucionalmente legitimo si no = supone una=20 dificultad o traba para el justiciable, v=EDctima de la eventual = extralimitaci=F3n=20 policial, o para la acci=F3n publica, de manera que pueda entenderse, al = igual que=20 otras formulas acu=F1adas para la protecci=F3n de la funci=F3n policial = en otros=20 pa=EDses insertos en nuestra misma tradici=F3n juridico-constitucional, = como una=20 medida necesaria "en una sociedad democr=E1tica" fundada en una = necesidad social=20 imperiosa y proporcionada al fin legitimo perseguido, que ha de ser = considerado=20 tambi=E9n a la luz del art. 104.1 C.E.
para establecer la = correcci=F3n=20 constitucional de los preceptos cuestionados debe distinguirse una = dualidad de=20 supuestos. Por un lado, la regulaci=F3n contenida en el art. 8.1, = tercero, y, en=20 parte, en el art. 8.1, segundo, LOFCS, en cuanto le asigna la = competencia=20 objetiva para el conocimiento, juicio y fallo a un =F3rgano judicial = distinto, de=20 superior grado. En segundo lugar, y en relaci=F3n solo al art. 8.1, = segundo, ha de=20 enjuiciarse la constitucionalidad de la asignaci=F3n de competencias = funcionales=20 para la instrucci=F3n o, en su caso, el procesamiento a la = correspondiente=20 audiencia, cuesti=F3n que adem=E1s ha de ponerse en conexi=F3n con el = art. 24.2 C.E.,=20 por coincidir en el mismo =F3rgano judicial la instrucci=F3n, = procesamiento y=20 fallo.

6. El p=E1rrafo tercero del num. 1 del art. 8 LOFCS, = encomienda el=20 conocimiento de las conductas de los miembros de las fuerzas y cuerpos = de=20 seguridad en el ejercicio de sus funciones que pudieran ser = constitutivas de=20 faltas al juez de instrucci=F3n en vez de, como era la regla general, al = juez de=20 distrito. Seg=FAn se ha dicho, las recientes reformas en materia de = procedimiento=20 penal (art. 87.1 b) y 100.2 LOPJ) suponen que, en virtud del art. 42.2 = de la ley=20 38/1988, de demarcaci=F3n y planta judicial, desde el 28 de diciembre = pasado, la=20 norma cuestionada coincida con la regla general de que los jueces de = instrucci=F3n=20 conozcan de las faltas, y del art. 8.1, tercero, solo resulta una = exclusi=F3n de=20 la competencia residual en materia de faltas que corresponde a los = jueces de=20 paz.

Tambi=E9n ha de recordarse que, de acuerdo al p=E1rrafo segundo del = num.. 1 del=20 art. 8 LOFCS la competencia para el juicio oral y el fallo en relaci=F3n = con los=20 delitos menos graves cometidos por los miembros de los cuerpos y fuerzas = de=20 seguridad en el ejercicio de sus funciones corresponder=E1 no al juez de = lo penal,=20 sino a la audiencia correspondiente.

La nota diferenciadora entre la regulaci=F3n de los preceptos = cuestionados y la=20 realidad procesal actual se refiere solo al =F3rgano competente en = primera=20 instancia. Como en otras ocasiones ha afirmado este tribunal (por = ejemplo, sstc=20 51/1985, 30/1986 y 33/1989), la atribuci=F3n del entendimiento de un = grupo de=20 casos lo que supone ya la predeterminaci=F3n abstracta = constitucionalmente=20 requerida a un =F3rgano judicial de mayor rango funcional que el que la = tiene=20 ordinariamente atribuida, no constituye ninguna infracci=F3n = constitucional, dado=20 el incremento de garant=EDas que supone la asunci=F3n del caso por un = tribunal de=20 orden superior.

La regla especial de competencia no elimina ni restringe los derechos = de=20 defensa de las posibles v=EDctimas ni tampoco los de la acusaci=F3n = publica, puesto=20 que las normas de procedimiento son id=E9nticas en uno y otro caso, sin = sufrir=20 ninguna variaci=F3n, con independencia de que sea el juez de = instrucci=F3n en vez=20 del juez de distrito y hoy del juez de paz, o la audiencia en vez del = juez de lo=20 penal, el que enjuicie estos hechos. Tiene raz=F3n el abogado del estado = cuando=20 aduce la dificultad intr=EDnseca que tiene el enjuiciamiento de estas = cuestiones,=20 que requieren la ponderaci=F3n de diversos valores constitucionales en = juego, la=20 calificaci=F3n de eximentes, etc., Ponderaci=F3n que podr=EDa explicar y = justificar,=20 como medida razonable y no arbitraria, la elecci=F3n por la ley de un = =F3rgano=20 superior que, al tener como funci=F3n la correcci=F3n de la aplicaci=F3n = e=20 interpretaci=F3n del derecho cumplida por los inferiores, goza = institucionalmente=20 de una superior experiencia e idoneidad t=E9cnico-jur=EDdica

Ha de tenerse en cuenta que el conocimiento de los recursos con = efecto=20 devolutivo se atribuye por la ley a =F3rganos superiores del que ha = dictado el=20 acto impugnado, lo que supone que el legislador atribuye ese control a = un =F3rgano=20 no solo superior en la escala jer=E1rquica. Por ello puede hablarse de = una mayor=20 idoneidad t=E9cnica del =F3rgano decisor de superior grado, y la = asignaci=F3n de esta=20 competencia al =F3rgano de superior grado no puede ser considerada como = un=20 privilegio en favor de una de las partes, sino mas gen=E9ricamente una = garant=EDa de=20 una decisi=F3n judicial mas ajustada a derecho. El cambio de =F3rgano = judicial puede=20 ser considerado as=ED como una mayor garant=EDa de acierto, y como tal = es un=20 reforzamiento de garant=EDas de car=E1cter bilateral, pues puede y debe = beneficiar=20 tanto al imputado como al acusador.

La sustituci=F3n originaria de los juzgados de distrito y, hoy, de = los jueces=20 de paz (aun mas dado el car=E1cter de lego de estos =FAltimos) por los = jueces de=20 instrucci=F3n, asegura objetivamente por esa mayor idoneidad t=E9cnica, = decisiones=20 mas acertadas; el mismo efecto trata de producir la sustituci=F3n del = juez de lo=20 penal por la audiencia, en el que adem=E1s la competencia se atribuye a = un =F3rgano=20 colegiado, el competente ordinariamente para el enjuiciamiento y fallo = de los=20 delitos graves y muy graves. El que la audiencia sea competente en = primera y=20 =FAnica instancia en la materia tiene, adem=E1s, un valor a=F1adido, el = control=20 casacional que ejerce el tribunal supremo, control que no ejerce de = ordinario=20 sobre los delitos que sean competencia en primera instancia del juez de = lo=20 penal. La regla legal ha supuesto as=ED, en estos procedimientos, un = mayor nivel=20 de garant=EDas para los afectados tanto activos como pasivos, y no = constituye=20 obst=E1culo alguno para asegurar el correcto enjuiciamiento de las=20 extralimitaciones, con relevancia penal, en que puedan incurrir en su = actuaci=F3n=20 las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En contra de la opci=F3n del legislador los jueces invocan la mayor = inmediaci=F3n=20 del juez inferior que tendr=EDa as=ED mejor conocimiento de causa.

Sin embargo, este argumento puede ser utilizado tambi=E9n, y as=ED lo = hace el=20 abogado del estado, en el sentido contrario, de que la mayor proximidad = e=20 incluso el conocimiento personal puede derivar en prejuicio y falta de=20 objetividad en favor o en contra del presunto imputado y, = consecuentemente, en=20 contra o en favor de las presuntas v=EDctimas de su actuaci=F3n Una = medida=20 legislativa que eleve en un grado el =F3rgano decisor, puede tambi=E9n = justificarse=20 as=ED como favorecimiento de una mayor objetividad e independencia del = =F3rgano=20 judicial y, en consecuencia, como garant=EDa adicional de la efectividad = de la=20 justicia para el justiciable, tanto el imputado como la = acusaci=F3n

El juez de instrucci=F3n de Alcal=E1 la real se=F1ala que la regla = especial de=20 competencia en relaci=F3n con las faltas puede suponer, en los casos de = doble=20 denuncia cruzada, el riesgo del desdoblamiento del conocimiento de unos = mismos=20 hechos en relaci=F3n a la responsabilidad penal del polic=EDa denunciado = y de la=20 presunta v=EDctima, a su vez denunciada como infractora. Aparte de que = este=20 argumento ha perdido hoy actualidad, al convertirse el juez de = instrucci=F3n en el=20 =F3rgano judicial competente para el enjuiciamiento en principio de las = faltas,=20 existen medios en nuestra legislaci=F3n procesal, como la conexi=F3n o = la=20 continencia de la causa, para asegurar una unidad de enjuiciamiento de = estos=20 hechos.

De todo lo anterior cabe deducir que ni el art. 8.1, segundo, ni el = art. 8.1,=20 tercero, LOFCS, al establecer reglas de competencia especiales para el = juicio y=20 fallo, respectivamente, de los delitos menos graves y de las faltas, han = lesionado el derecho a la igualdad de trato del art. 14 C.E., en = conexi=F3n con el=20 art. 24.1 del mismo texto legal, e interpretado a la luz del art. 104.1 = C.E.,=20 por lo que deben desestimarse las cuestiones 158/87, 495/87 y 510/87, y=20 parcialmente la cuesti=F3n 487/86, en lo referente a la asignaci=F3n a = la audiencia=20 correspondiente del conocimiento de los delitos menos graves en que = pudieran=20 haber incurrido los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el = ejercicio de sus funciones.

7. Nos corresponde ahora examinar, en relaci=F3n con la = cuesti=F3n 487/86,=20 la constitucionalidad del art. 8.1, segundo, LOFCS, en cuanto que del = mismo=20 deriva que el juez de instrucci=F3n, cuando entienda que existen = indicios=20 racionales de criminalidad constitutiva de delito en la conducta de uno = de los=20 miembros de los cuerpos de seguridad, en el ejercicio de sus funciones, = ha de=20 suspender las actuaciones y ha de remitirlas a la audiencia provincial=20 correspondiente que ser=E1 la competente para seguir la instrucci=F3n y, = en su caso,=20 dictar el procesamiento. Es decir, el precepto encomienda la = averiguaci=F3n de los=20 hechos y la prosecuci=F3n de la instrucci=F3n en el caso de los delitos = a la=20 audiencia e impide que esa instrucci=F3n o, en su caso, el = procesamiento, se=20 realice por el =F3rgano normalmente competente para ello, el juez de=20 instrucci=F3n.

Frente a esta disposici=F3n, se alega en la cuesti=F3n 487/86, la = vulneraci=F3n del=20 art. 24.2 C.E. por "contaminaci=F3n inquisitiva", al establecerse que = sea un mismo=20 =F3rgano el que realice la instrucci=F3n y, en su caso, decida el = procesamiento, y=20 adem=E1s conozca del juicio oral y dicte la correspondiente sentencia. = Este=20 tribunal ha entendido que dentro del derecho a un proceso con todas las=20 garant=EDas se incluye el derecho a un juez imparcial, lo que excluye, = tambi=E9n=20 como exigencia del principio acusatorio, la posibilidad de acumulaci=F3n = en un=20 mismo =F3rgano judicial de funciones instructoras y decisoras (sstc = 145/1988 y=20 164/1988). Al ser garant=EDa necesaria del proceso penal, para asegurar = la=20 imparcialidad del juez, la reparaci=F3n de funciones de instrucci=F3n y=20 resolutorias, ha de reconocerse que prima facie el art. 8.1, segundo, = LOFCS, no=20 respeta esa garant=EDa al reconocer a la audiencia la competencia para = la=20 instrucci=F3n y para el conocimiento y fallo del asunto.

Ese mismo defecto ha de imputarse tambi=E9n al precepto en cuanto que = no=20 diferencia el =F3rgano que decide el procesamiento, con base en una = valoraci=F3n=20 indiciaria de culpabilidad, y el =F3rgano que conoce y falla la causa. = El=20 necesario contacto con los elementos del sumario y el juicio sobre el = acusado en=20 el momento de decidir el procesamiento no puede dejar de influir sobre = la manera=20 en que el =F3rgano judicial contemple, durante el curso ulterior del = proceso, los=20 medios de prueba y los puntos en litigio, lo que cuestiona la = imparcialidad para=20 enjuiciar del =F3rgano encargado de dictar el procesamiento. Para = aplicar el art.=20 384 L.E.Crim..., El =F3rgano judicial debe asegurarse de la existencia = de "alg=FAn=20 indicio racional de criminalidad", es decir, de sospechas racionales de = que el=20 imputado ha podido cometer el delito del que se le acusa; ello significa = una=20 inicial valoraci=F3n de culpabilidad, por lo que la diferencia entre la = cuesti=F3n a=20 decidir en el procesamiento y "el problema a resolver a la = finalizaci=F3n del=20 proceso deviene as=ED infima" (stedh, de 24 de mayo de 1989, asunto=20 hauschildt).
para salvar la constitucionalidad del precepto no cabria = alegar=20 que la audiencia podr=EDa delegar esa instrucci=F3n y procesamiento bien = en uno de=20 sus integrantes o bien en el propio juez de instrucci=F3n (con la = paradoja, en=20 este ultimo caso, de que la constitucionalidad se salvar=EDa simplemente = por la no=20 aplicaci=F3n practica de la regla), pues esta posibilidad de = delegaci=F3n no esta=20 prevista para este tipo de supuestos.

En efecto, tras la reforma operada por el art. 1, apartados dos, tres = y=20 cinco, de la L.O. 7/1988, que han dado nueva redacci=F3n a los arts. = 57.2, 61.2 y=20 73.4 LOPJ, se ha introducido tres delegaciones de instrucci=F3n con = reparaci=F3n=20 autom=E1tica de la sala del instructor miembro de la misma que la = hubiera=20 practicado cuando corresponda enjuiciar una causa a la sala segunda del = tribunal=20 supremo, a la sala especial de enjuiciamiento de presidentes de sala y=20 magistrados del tribunal supremo o a la sala de lo penal de los = tribunales=20 superiores de justicia.

Fuera de estas delegaciones, la LOPJ no conoce otras, y el que, tras = estas=20 recientes reformas no se ha regulado ninguna otra delegaci=F3n de = tribunales=20 colegiados, como la que hubiera sido necesaria para salvar la = constitucionalidad=20 del art. 8.1, segundo, LOFCS, aunque no pueda suponer una derogaci=F3n = impl=EDcita=20 de este precepto, si que permite confirmar la imposibilidad de solventar = el tema=20 de la reparaci=F3n de la funci=F3n de instrucci=F3n y de procesamiento y = la de=20 conocimiento y fallo.

En consecuencia, ha de declararse que el art. 8.1, segundo, LOFCS es=20 inconstitucional, por contrario al derecho a un juez imparcial, en = cuanto que=20 asigna a un mismo =F3rgano judicial la instrucci=F3n, el procesamiento y = el=20 conocimiento y fallo de este tipo de delitos.

La declaraci=F3n de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del = art. 8.1,=20 segundo, LOFCS hace innecesario entrar a examinar si el precepto, en = cuanto=20 excluye la competencia instructora y para el procesamiento del juez de=20 instrucci=F3n y la asigna a la audiencia ha vulnerado, adem=E1s, el = derecho a la=20 igualdad del art. 14 C.E., en relaci=F3n al derecho a la tutela judicial = efectiva=20 del art. 24.1 de la misma.

8. Resulta necesario precisar el alcance de la declaraci=F3n = de=20 inconstitucionalidad parcial y correspondiente nulidad del art. 8.1, = segundo,=20 teniendo en cuenta el car=E1cter procesal de la disposici=F3n que se = anula.

La declaraci=F3n de nulidad resultante de la presente sentencia no = permitir=E1=20 revisar procesos fenecidos, mediante sentencia con fuerza de cosa = juzgada, pues=20 no esta en juego una reducci=F3n de la pena o una reducci=F3n de = sanci=F3n=20 administrativa o una exclusi=F3n, exenci=F3n o limitaci=F3n de la = responsabilidad,=20 =FAnicos supuestos en que seg=FAn el articulo 40.1 LOTC, la sentencia = tendr=EDa=20 efectos sobre los procesos terminados por sentencia firme.

En orden a los procesos en curso, no surtir=E1 efecto la presente = declaraci=F3n=20 de nulidad respecto a las actuaciones procesales practicadas de acuerdo = a la=20 norma que ahora se declara inconstitucional, declaraci=F3n que, en = consecuencia,=20 solo surtir=E1 efectos a partir de la fecha de su notificaci=F3n en el = proceso de=20 origen, y de la fecha de su publicaci=F3n en el "bolet=EDn oficial del = estado" en=20 los dem=E1s casos.

Fallo:

En atenci=F3n a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la = autoridad=20 que le confiere la Constituci=F3n de la naci=F3n espa=F1ola,

Ha=20 decidido:

1. Estimar parcialmente la cuesti=F3n de inconstitucionalidad = 487/1986 y, en=20 consecuencia, declarar inconstitucional y, por tanto, nulo el art. = 8.1,=20 segundo, de la ley org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y = cuerpos de=20 seguridad, en cuanto que atribuye la competencia para seguir la = instrucci=F3n y=20 ordenar, en su caso, el procesamiento de los miembros de las fuerzas y = cuerpos=20 de seguridad por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones a = la=20 audiencia correspondiente.

2. Desestimar en lo dem=E1s la cuesti=F3n de inconstitucionalidad=20 487/1986.

3. Desestimar en su totalidad las cuestiones de = inconstitucionalidad=20 158/1987, 495/1987 y 510/1987.

Publ=EDquese esta sentencia en el "bolet=EDn oficial del = estado".

Dada en Madrid, a veintiocho de marzo de mil novecientos noventa.

Firmado: Francisco Tom=E1s y Valiente. Francisco Rubio Llorente = Antonio Truyol=20 Serra Fernando Garc=EDa- Mon y Gonz=E1lez- Regueral Carlos de la Vega = Benayas,=20 Eugenio D=EDaz Eimil Miguel Rodr=EDguez-Pi=F1ero y Bravo- Ferrer Jes=FAs = Leguina Villa,=20 Luis L=F3pez guerra. Jos=E9 Luis de los Mozos y de los Mozos. Alvaro = Rodr=EDguez=20 Bereijo Jos=E9 Vicente Gimeno Sendra Rubrica.

Sentencia de 19 de septiembre de = 2000, de la=20 Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina legal en = relaci=F3n=20 con los art=EDculos 28 de la Ley Org=E1nica 2/1986, de 13 de marzo, de = Fuerzas y=20 Cuerpos de Seguridad, y 12 del Reglamento del R=E9gimen Disciplinario = del Cuerpo=20 Nacional de Polic=EDa, aprobado por Real Decreto 884/1989, de 14 de = julio,=20 concretamente, respecto a la no percepci=F3n de retribuciones durante el = tiempo de=20 cumplimiento de la sanci=F3n disciplinaria de suspensi=F3n de funciones. =

(BOE 27/11/2002)

En el recurso de casaci=F3n en inter=E9s de la Ley n=FAmero = 7277/1999, interpuesto=20 por el Abogado del Estado, la Sala Tercera (Secci=F3n S=E9ptima) del = Tribunal=20 Supremo ha dictado sentencia, en fecha 19 de septiembre de 2000, que = contiene el=20 siguiente fallo

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de = casaci=F3n en=20 inter=E9s de la Ley interpuesto por el Abogado del Estado contra la = sentencia de=20 17 de abril de 1999 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo = del=20 Tribunal Superior de Justicia de Andaluc=EDa, con sede en Sevilla, en = recurso=20 1405/1996, fijando como doctrina legal que "la sanci=F3n de suspensi=F3n = de=20 funciones firme prevista en los art=EDculos 28 de la Ley Org=E1nica = 2/1986 y 12 del=20 Real Decreto 884/1989 lleva impl=EDcita como efecto inherente a la misma = que,=20 durante el tiempo de cumplimiento de la sanci=F3n, el miembro del Cuerpo = Nacional=20 de Polic=EDa sancionado estar=E1 privado de todos los derechos = inherentes a su=20 condici=F3n y, por tanto, no podr=E1 percibir las retribuciones anejas a = su=20 condici=F3n de funcionario", todo ello sin perjuicio de respetar la = situaci=F3n=20 jur=EDdica particular que la sentencia recurrida ha reconocido al Sr. = Brice=F1o Ruiz=20 y sin pronunciamiento sobre costas del recurso.

Publ=EDquese el fallo en el "Bolet=EDn Oficial del Estado".

As=ED por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo = pronunciamos,=20 mandamos y firmamos

Presidente Excmo. Sr. D. Enrique Cancer Lalanne. Magistrados Excmo. = Sr. D.=20 Manuel Goded Miranda Excmo. Sr. D. Juan Jos=E9 Gonz=E1lez Rivas, Excmo. = Sr. D=20 Fernando Mart=EDn Gonz=E1lez, Excmo. Sr. D. Nicol=E1s Maurandi = Guill=E9n.

[subir]=20 [ = Atr=E1s ]=20